Opinion | 24 Ene A través de la Dirección Nacional de Energía (DNE) se está redactando un decreto que según se ha indicado tiene como principal objetivo reducir el costo de la energía a los empresarios industriales, condicionando ello a que introduzcan mejoras en su matriz energética que les permita reducir su consumo de electricidad.
El titular de esta dependencia ministerial, Ramón Méndez, explicó a El Observador que el Poder Ejecutivo tiene previsto reactivar un programa que instrumentó en 2014 para el cual destinó U$S 1,7 millones y que benefició a 31 grandes industriales que realizaron inversiones en materia de eficiencia energética, y según el jerarca, “por cada dólar que esas industrias ahorraban, el gobierno lo premiaba con otro dólar”, en el marco de un subsidio que tuvo una vigencia de seis meses.
Méndez apuntó que la experiencia de este primer programa demostró que las empresas lograron reducir hasta 15% su tarifa de electricidad y mediante el nuevo decreto el gobierno tiene previsto elevar a U$S 7,5 millones el subsidio para que más industrias puedan ampararse bajo ese plan, por un plazo aún no determinado.
Para el director nacional de Energía aún no está definido si se mantendrá el plazo de seis meses o será mayor, por cuanto “creemos que existe aún un potencial grande de industrias que pueden introducir mejoras en materia de eficiencia energética”.
Asimismo, la DNE tiene previsto ayudar a los medianos consumidores a cofinanciar el proyecto de mejora de eficiencia energética que tengan previsto instrumentar para identificar la inversión que requieren.
Las reflexiones y anuncios del titular de la DNE llegan a pocos días de que el gobierno decidiera desestimar el pedido de UTE de aumentar un 3,9 por ciento las tarifas de electricidad y aplicar en cambio un 7 por ciento de reajuste, cuando además poco antes de las elecciones integrantes del Poder Ejecutivo habían admitido que podría decidirse una rebaja del 5 por ciento, debido a que UTE tenía mucha agua en las represas --tal como sucedió durante todo el año--, y la disponibilidad de energías renovables había reducido los costos.
Lejos de ello, el gobierno aplicó por lo tanto una suba y sobrecostos al sector industrial, como así también al resto de las actividades y a la población, porque simplemente el Estado necesita recaudar.
En este contexto se ofrece el subsidio al que hace referencia Méndez, instrumentando un mecanismo por el cual en primer lugar la DNE recibe el proyecto de eficiencia energética y comprueba el volumen de energía que espera ahorrar. Luego le reintegrará como “compensación” ese menor consumo. Por ejemplo, si un industrial paga $ 100.000 mensuales por electricidad a UTE, y con el plan de mejora logra reducir su factura a $ 90.000, el gobierno le reintegrará $ 10.000, por un plazo que aún no está definido. “Hay decisiones que puede tomar el gobierno, como la incorporación de energía eólica, montar una regasificadora o la búsqueda de petróleo, pero hay decisiones que la toman los consumidores. Desde el Ejecutivo lo que podemos hacer es dar incentivos para que se tomen las decisiones que nos parecen adecuadas”, argumentó el jerarca.
Es decir primero se aumenta la tarifa en un siete por ciento real y después se subsidia, por lo que en el mejor de los casos se estaría empatando los costos anteriores, cuando ya los valores de la energía eran exorbitantes en comparación con la región, potenciando los ya elevados costos internos de toda empresa. El presidente de la Cámara de Industrias (CIU), Washington Corallo, se mostró cauto sobre el impacto de esta medida porque aún no maneja los detalles del decreto que está procesando la DNE. “Todo lo que sea para abaratar los costos de la energía es bienvenido. Pero le dijimos a (Roberto) Kreimerman (ministro de Industria) que lo que queríamos era una aplicación simple que sea medible y de rápido impacto. No queremos nada burocrático”.
El empresario precisó que la CIU no le está “pidiendo un subsidio” al gobierno sino que se aplique la “tarifa real” de la energía eléctrica en función de la caída de los costos de generación y el descenso que mostró el petróleo en los mercados internacionales. Corallo recordó que en 2014 el gobierno había prometido una baja de 5% en las tarifas y que en 2015 podían bajar otro 20%. “Queremos que esa eficiencia (por una caída en los costos de generación) se vea reflejada en una caída real de los precios de la energía”, subrayó.
Debe tenerse presente que de acuerdo al informe a diciembre (que no contempla los ajustes de enero de UTE) de la consultora SEG Ingeniería, Uruguay es el país de la región que tiene el mayor costo de la energía eléctrica industrial de media tensión, con un precio de U$S 127 por megawatts/hora (MWh), por delante de Brasil con U$S 115, Chile U$S 99 y Argentina U$S 30. Y la energía sin dudas es un componente de capital importancia en el esquema de costos de los industriales uruguayos, por cuanto de acuerdo a la empresa de que se trate hay casos donde esta fuente representa al 15% o 20% de su paramétrica de erogaciones mensuales, según la CIU.
Con la electricidad y el combustible más caro de la región, y entre los más caros del mundo, sin dudas que todo emprendimiento que se lleve a cabo en nuestro país es castigado de entrada por una pirámide de costos realmente desalentador, que no puede ser compensado incluso cuando hay ventajas comparativas para producir, --ni que decir cuando requiere valor agregado-- y ello en gran medida obedece a que nuestro ineficiente, fofo y paquidérmico Estado requiere más y más recursos para funcionar.