Opinion | 20 Ene La reunión de la jornada anterior del presidente electo Tabaré Vázquez con los representantes de los partidos de oposición ocurrió a seis días de que el futuro mandatario resolviera, junto al actual presidente José Mujica, dejar fuera del Consejo Directivo Central (Codicen) de la educación y de los directorios de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) y del Banco de Previsión Social (BPS) a los otros partidos políticos.
Por lo tanto, los contactos de las últimas horas del futuro presidente con líderes de la oposición comprendieron la transmisión de los criterios sobre de la integración del resto de los organismos del Estado, incluyendo unos 24 cargos. En el hotel Four Points Vázquez, junto al próximo vicepresidente, Raúl Sendic, tomó contacto en respectivos encuentros con el Partido Nacional (PN), que fue representado por el presidente del Directorio, Luis Alberto Heber, y los secretarios del partido, Gustavo Penadés, Francisco Gallinal y Eber Da Rosa; el secretario general del Partido Colorado (PC), Germán Cardozo, y el presidente de turno, Tabaré Viera. Una hora después fue el turno del presidente del Partido Independiente (PI), Pablo Mieres, y por último fue citado Eduardo Rubio, de Unidad Popular (UP).
Por supuesto, si bien el punto principal de las reuniones ha sido la eventual participación de los partidos de la oposición en los entes de los que no quedaron fuera, hubo otros temas abiertos a discusión que refieren a la agenda del gobierno, entre ellos el control de las empresas públicas, habida cuenta de que en este caso Vázquez no pedirá representantes de los partidos de oposición, como ha hecho en esta administración en cambio José Mujica.
Desde el punto de vista constitucional, la decisión de Vázquez de regir las empresas públicas solo con representantes de su partido no puede cuestionarse, aunque sí si se lo evalúa desde el punto de vista de lo que sería mejor para el país, con una amplia representación de las opiniones de todos los ciudadanos, porque en la gestión hay una serie de aspectos que deben tenerse en cuenta y uno de ellos es la transparencia, en lo posible siguiendo políticas de Estado en el marco de la búsqueda de la eficiencia.
En su defensa, ante la exclusión de sectores de la oposición, el mandatario electo subrayó que el control de la gestión en los ámbitos en que no se cuente con representantes de otros partidos políticos, la tarea la realizan los delegados de las organizaciones sociales y ONG relacionadas con la problemática, en lo que a primera vista aparece como una confusión respecto a los roles, por cuanto en estos casos se trata de organizaciones que defienden intereses corporativos, que son legítimos naturalmente, pero que no siempre responden al interés general, como sí es el caso de los partidos políticos. Vázquez ha respondido por lo tanto en su apreciación sobre la forma de gestión reafirmando lo que ha sido el estilo que impuso en su primer mandato, esto es gobernando con personas de su confianza política, priorizando su visión partidaria o ideológica por sobre la idoneidad o dotes para la gestión.
Nada que ver por lo tanto con la premisa de los mejores hombres para cada cargo, sino que en el mejor de los casos, y respetando las cuotas entre cada sector político en lo interno, se trata de los mejores de que dispone dentro de su colectividad cívica, lo que no es ilegal ni inconstitucional, por cierto. El punto, además, radica en que el Frente Amplio contará con mayorías en ambas cámaras, lo que indica que tampoco a través del Parlamento se podrá hacer un control adecuado de la gestión en las empresas públicas y otros organismos de gobierno, ante la ausencia de representantes de otros partidos en la conducción, por cuanto tanto durante la Administración Vázquez como durante la de Mujica han funcionado las mayorías de “manos de yeso” aprobando cada una de las decisiones en estos organismos, sin visión crítica, y por lo tanto cerrándose a toda investigación parlamentaria, al punto de que en ambos períodos no se aprobó ni una sola comisión parlamentaria dirigida a investigar determinados hechos denunciados.
Esta negativa sistemática cerró por lo tanto toda posibilidad de que el ciudadano pudiera tener información fehaciente sobre lo que estaba sucediendo en el caso Pluna, que derivó en pérdidas de cientos de millones de dólares para el país, en un capítulo que todavía no está cerrado, y en las maniobras que la justicia pudo determinar en ASSE, que derivó también en procesamientos de exjerarcas de confianza del gobierno. Y todo ello luego de que en el Poder Ejecutivo y en el Parlamento se desestimaran las denuncias que se habían formulado en su momento.
Los controles, por supuesto, no son un seguro contra nada, ni mucho menos de que no vaya a haber corrupción, en el lugar que sea, ni que no se adopten decisiones a contramano de los intereses del país, cualquiera sea la intención, pero sí permiten seguimiento y acceso a información de primera mano respecto a la conducción de los destinos del país y que el ciudadano pueda formarse opinión al respecto, así como evaluar si se siente perjudicado.
Al mismo tiempo, sería positivo que con o sin controles, puedan elaborarse grandes lineamientos en base a acuerdos políticos que lleven a políticas de Estado, y por ende que trasciendan la gestión de un solo período de gobierno, en áreas estratégicas en las que es preciso determinar objetivos a mediano y largo plazo, y que de esta forma se asegure que podrán cumplirse cualquiera sea el partido que esté en el poder, más allá de su impronta.