Opinion | 23 Ene La caída de los precios del petróleo en el contexto internacional tendrá una repercusión inmediata en el Uruguay, y positiva, por cierto: permitirá que la factura petrolera se reduzca significativamente, lo que es de capital importancia en un país que importa el cien por ciento del petróleo que consume, y de la misma forma se vivirá este cambio en numerosos países compradores del crudo, que no cuentan por ende con extracción propia de este recurso energético fósil. En Uruguay, empero, se da la particularidad de que el gran beneficiado por esta situación no ha sido precisamente el consumidor, quien recibe solo una rebaja de poco más de un peso por litro de nafta con un petróleo a la mitad del precio de hace unos meses, sino el Estado, por cuanto la decisión de Ancap de trasladar apenas una ínfima parte de esta rebaja a los clientes responde al ajuste fiscal que ha dispuesto la administración de José Mujica, adelantándose al gobierno electo.
Por supuesto, las autoridades económicas que resolvieron la medida son las mismas que asumirán el 1º de marzo de este año, y lo que ha hecho la Administración Mujica es adelantar el ajuste fiscal a través de Ancap para recomponer la caja de Rentas Generales, como asimismo se dispuso en el caso de UTE, que aumentó las tarifas un 7 por ciento cuando sus autoridades habían manifestado previamente a las elecciones que habría una rebaja del orden del cinco por ciento, debido a una mayor disponibilidad hidráulica y a contarse con un parque de energías renovables que había abatido sustancialmente los costos.
Lisa y llanamente, estamos ante un ajuste fiscal adelantado, lo que naturalmente no hubiera sucedido todavía si hubiese ganado la oposición, que ante este déficit en las cuentas públicas se hubiera visto obligada a realizar todas las correcciones juntas --y quizás hasta más profundas, por la demora en aplicarlas-- desde el 1º de marzo, como una forma de enderezar el rumbo. Simplemente ahora, tras el acto eleccionario y pasado los tiempos electorales, aparece la realidad indisimulable, que es que no es posible seguir gastando más a cuenta de una recaudación que se ha estabilizado debido a un entorno internacional que ya no es tan favorable, como lo ha reconocido el propio presidente José Mujica, y la cultura de gobierno indica que para ir llevando las cosas hay que tratar de nivelar las cuentas del Estado, esto es gastar menos o recaudar más; o mucho mejor, tratar de hacer las dos cosas, además de racionalizar el gasto.
En este contexto, no puede extrañar que ya el presidente electo Tabaré Vázquez ha pedido austeridad a sus futuros ministros, aparentemente con una decisión firme que no representa novedad a esta altura, porque cada uno de los cuatro gobiernos anteriores formuló este pedido al asumir, y como regla general, las cosas no salieron como se había pedido.
En el caso de Vázquez, ya hubo el anuncio de una medida concreta: prohibir la publicidad de las empresas públicas monopólicas y la “regulación severa” del resto de la propaganda. “Las empresas públicas que son monopólicas, o las áreas de negocios de las empresas públicas que son monopólicas, no deben hacer gastos de publicidad”, anunció también el vicepresidente electo Raúl Sendic.
Pero el propio Sendic fue muy cuestionado por la oposición durante su gestión en Ancap por la persistente publicidad del ente y el espacio central que ocupaba en los medios masivos de comunicación, así como en los gastos exorbitados del ente que llevaron a un déficit de más de 160 millones de dólares en 2013 y que ahora se intenta cubrir mediante la absorción del excedente en caja por la baja del precio del crudo.
A su vez, a los recortes de publicidad se sumarán otras medidas orientadas al cuidado del gasto público. Por ejemplo, el presidente electo solicitó “orden” a la hora de realizar viajes al exterior para que los pasajes se compren con suficiente anticipación y eso permita bajar el gasto de las misiones oficiales, según informó el semanario Búsqueda, y para el próximo período, pretende que se haga un manejo austero de todos los gastos de los funcionarios de gobierno. “Permanentemente Vázquez hace referencia a la austeridad, empezando por su propia actitud, su propia conducta. La austeridad es la obligación que tienen los funcionarios públicos a nivel del Consejo de Ministros”, dijo a El País el futuro ministro de Transporte y Obras Públicas, Víctor Rossi.
En la misma línea, sostuvo que la obligación es ser “cuidadosos” con bienes que son propiedad del Estado “y están para trabajar. La idea es que hagamos uso de esos bienes para trabajar y lograr resultados; y no meramente pensando en comodidad”, indicó.
“Por ejemplo eso de que los autos vayan a buscar a jerarcas a sus casas no está bien. Los autos oficiales no son para eso. Cualquier trabajador de este país, cuando tiene que ir a trabajar, se toma el ómnibus, va en bicicleta o va caminando; pero no tiene un auto oficial que lo vaya a buscar. Yo hace mucho que no hablo esto con Vázquez, pero no tengo dudas que es su sentir y es lo que vamos a tratar de aplicar en el Ministerio de Transporte”, remarcó Rossi.
El problema es que Vázquez ya fue presidente y Astori su ministro de Economía, y todo esto que sentencia ahora ya lo había prometido antes de asumir su primer mandato --a excepción quizás de lo de la publicidad oficial--. Pero la “barra” tiene muchos recursos para escapar a los controles, que se van aflojando con el paso del tiempo, y ya en su gobierno anterior se terminó gastando muy por encima de lo que se recaudaba, incluso cuando los ingresos se multiplicaron varias veces por la excelente coyuntura internacional.
Y en todos los casos, cuando no hay austeridad arriba y el dinero no se utiliza con buen criterio, quien siempre paga los platos rotos es la población, como ha quedado demostrado inequívocamente con el ajuste de fin de año con las tarifas de las empresas públicas, solo para confirmar que como bien dice el refrán, todos los tientos salen del mismo cuero.