Opinion | 27 Ene Con la respuesta de la oposición, en estas horas, a la propuesta del presidente electo, Dr. Tabaré Vázquez, en el sentido de nominar representantes de los partidos en organismos estatales, se cierra parcialmente la ronda de contactos con vistas a que el futuro gobierno designe a centenares de personas para los cargos que se renuevan en cada administración, que naturalmente no hacen intrínsecamente a una mejor conducción de los organismos del Estado, sino que responden fundamentalmente a la confianza política del gobierno de turno y en el caso de la oposición, de los controles a ejercer en las respectivas dependencias estatales.
Lamentablemente, en buena parte de estos cargos estamos hablando de “curros”, como se los denomina popularmente, o burocracia de relleno, que permite el funcionamiento de una diversidad de organismos a efectos de ejecutar políticas que podrían instrumentarse perfectamente con la mitad o la tercera parte de quienes son convocados a desempeñar estas funciones, porque como todos sabemos, --y no es una práctica solo de este gobierno, sino que es histórica-- de lo que se trata es de contar con cabezas de ejecución y a la orden mandos medios y personal administrativo y de campo para la aplicación de las políticas.
El punto es que lo que está en tela de juicio es la gestión a nivel del Estado, más allá incluso de las políticas del gobierno de que se trate, porque sucesivamente se siguen manejando las cosas del Estado como si fueran bienes de difunto, esto es como si no pertenecieran a nadie y mucho menos se rinden cuentas ante un patrón más o menos severo –que en este caso deberíamos ser todos los ciudadanos-- de lo que se hace y como.
En una de sus reuniones con los futuros ministros, el presidente electo Tabaré Vázquez puso énfasis en que el suyo va a ser un gobierno austero, lo que significa controlando y exigiendo rendimiento de cada peso que gasta el Estado y que corresponde a lo que pone de su bolsillo cada ciudadano, pero la experiencia indica que todo gobierno sin excepción --incluso durante su anterior mandato-- ha anunciado austeridad en el momento de asumir y con el tiempo esta premisa se va perdiendo. Así, las exigencias se van aflojando y se termina gastando como siempre, es decir en exceso y mal (gastando) recursos que deben ser solventados con mayores ingresos por recaudación, endeudamiento o ingresando el déficit de las cuentas fiscales.
Y más allá de los lineamientos y las políticas, el gran debe del Estado lo encontramos en la gestión de las empresas públicas y de los respectivos organismos, la ausencia de controles desde el poder político y de los organismos previstos constitucionalmente a esos efectos y sobre todo, a las mil y una formas de eludirlos o soslayarlos para no tener que rendir cuentas sobre lo que se hace y lo que no.
Tiene que ver además con la concepción que históricamente hemos tenido los uruguayos del Estado, en gran medida por tradición pero también por factores culturales e idiosincrasia. Y no se trata solo de los uruguayos, sino que esta forma de autoengaño es uno de los males endémicos de América Latina, pero corresponde centrarnos en Uruguay en esta coyuntura de cambio de gobierno, que lamentablemente no augura nada nuevo en cuanto a la forma de gestión, sino que por el contrario, apunta a reafirmar los vicios que nos han caracterizado durante muchas décadas en esta materia.
En este sentido es pertinente traer a colación conceptos que vierte el columnista del diario El País Daniel Durán Hontou, quien plantea interrogantes, “como cuál será el rigor que el gobierno electo y las autoridades partidarias emplearán para designar un ciudadano para algún cargo: ¿evaluarán su profesionalismo e idoneidad para ejercerlo? ¿Contemplarán si han manejado empresas alguna vez?”
Enfatiza que “a las empresas del Estado, las ‘nuevas’ como gustan llamarlas, hay que liderarlas, gestionarlas, asumir responsabilidades. Es determinante aportar preparación, gestión, liderazgo, aspectos en los cuales nuestro país tiene carencias. Que el ciudadano sea honesto debería ir de suyo (aunque en estos días es cada vez más resaltable). Ojalá no se actúe como se ha hecho recurrentemente: se nombra a algún ciudadano en algún cargo, porque dicho ciudadano postulado a un escaño parlamentario, por ejemplo, no salió electo y entonces se le premia con algún ente al margen de sus condiciones. Dichas prácticas, además de mezquinas, lucen inmorales”.
Es así, efectivamente, pero se trata de una práctica extendida en nuestra política, y más que práctica, asoma como un común denominador, tanto de los dos gobiernos de izquierda que ha tenido el Uruguay como de los anteriores de los partidos tradicionales, y las empresas públicas han sido utilizadas como premios consuelo para los que no han resultado elegidos o reelectos, o han apoyado a tal o cual candidatura y han quedado “desempleados” en la política.
Estos premios también han comprendido embajadas y otros cargos de naturaleza política, donde la idoneidad y hasta la utilidad es un aspecto secundario, sino que es una forma de reconocimiento de “méritos” y combatir el desempleo de elite, lo que resulta muy gravoso e inconveniente para el país, aunque lejos de un proceso en reversión, se ha acentuado, como lo demuestra el hecho de que durante el gobierno de José Mujica se crearon más cargos de embajadores políticos, designados por favores a “compañeros”, que en los gobiernos anteriores.
Lamentablemente, tal como vienen las cosas y por lo que se ha conocido hasta ahora, nada indica que durante la próxima administración Vázquez se vaya a actuar de otra manera, y los uruguayos seguimos poniendo de nuestros bolsillos más y más dinero para seguir “premiando” a los que no han resultado ungidos parlamentarios por el voto ciudadano, o a quienes han mostrado una sistemática adhesión partidaria, que podrá ser importante para el gobernante de turno, pero que no tiene nada que ver con la forma de gestionar un país y mucho menos con los intereses del ciudadano común.