Locales | 04 Feb En las últimas décadas se crearon en Uruguay diversos mecanismos de contratación de funcionarios dentro del Estado y entre privados, cuya regularización en los años 2007 y 2008 se afianzó con las leyes 18.099 y 18.251. Allí se define la figura de la tercerización, como la externalización de algunas de las etapas de gestión o producción, en tanto la empresa se reserva el control de ambas. La subcontratación se lleva adelante con el arrendamiento de servicios u obras y se establece mediante contrato.
Casi 300.000 personas tienen vínculos laborales con el Estado y esa cantidad no contempla a los trabajadores tercerizados. El gobierno ha sido fustigado ante los escasos controles existentes y desnuda una problemática dentro del aparato, antes que una solución. Esta herramienta creada por gobiernos anteriores, ha sido desarrollada en la actualidad y en reiteradas ocasiones, algunas formas de contratación han sido observadas reiteradamente por el Tribunal de Cuentas. El costo económico y político que el Estado pretende evitar, en oportunidades conspira y se transforma en un enemigo, en vez de un aliado.

UN TEMA DEL PIT CNT
En el último encuentro de la Federación Nacional de Municipales, se planteó la problemática de las tercerizaciones y a partir de su discusión, la necesidad que el Pit Cnt lo presente como un planteo propio ante el gobierno electo.
Gonzalo Brando y Lorena Cippollini, integrantes de la comisión de trabajo de tercerizados del Pit Cnt, explicaron que el equipo se integró a raíz de las consecuencias de la Ley de Tercerizaciones en diversos ámbitos laborales. “Desde hace dos años que venimos tapando pozos y tratando de solucionar ciertos asuntos que se plantean y hemos llegado a la conclusión que se ha mal utilizado. Es una herramienta creada por gobiernos de derecha, que los gobiernos de izquierda siguieron mal utilizando”, definió Brando.
Estimaron que los empresarios hacen uso de la iniciativa “como una herramienta antisindical. Se han generado rompehuelgas, discrepancias entre los trabajadores y se han creado categorías de trabajadores clase A y clase B” y reclamaron un mayor accionar del gobierno.
“El gobierno debe tomar cartas en el asunto, bajo el impulso de la central que este año deberá hacer público este tema de las tercerizaciones. Desde el Pit Cnt se lo ve como un cáncer para la clase obrera porque los únicos perjudicados son los trabajadores y eso se recoge después de escuchar a diversos sindicatos con distintas problemáticas”, dijo Brando.
Explicó que “la tercerización es un modo encubierto de privatizar” y consignó que el tema deberá conformar las propuestas del próximo congreso de julio, además de “denunciar a las empresas represoras que utilizan esta herramienta”. Brando subrayó que “el gobierno debe entender que no hay beneficios con las tercerizaciones ni le sale más barato, porque el Estado siempre termina pagando los juicios que pierde frente a empresarios inescrupulosos” y agregó que “tampoco existe una regulación para las licitaciones”.
Cippollini confirmó que “las tercerizaciones aparecen en distintas oportunidades y se transforma en un modo de comparación con el funcionario de la empresa estatal”, en tanto se extienden a obreros y administrativos.
La comisión mantuvo encuentros con técnicos del Instituto Cuesta Duarte, dependiente del Pit Cnt, para elaborar las cifras y arribar a estimaciones acerca del universo laboral que depende de las tercerizaciones en Uruguay. “Es un número muy suculento y el Estado es el que más terceriza. O sea que el mal ejemplo viene de allí”, remarcó Brando.
En tal sentido, reflexionó que “si es severo con el sector privado”, cabe preguntarse “cuál es su ejemplo, si el Estado es el que más terceriza”. Precisó que “la última ley indica que la empresa madre debe hacerse cargo económicamente de lo que no paguen las tercerizadas. Antes ocurría que el dueño desaparecía y los trabajadores quedaban sin cobrar nada”.

TERCERIZACIONES
EN LOS ENTES
El sindicato de trabajadores de UTE, AUTE, rechazó el aumento de las tercerizaciones en el ente y a través de la Mesa Coordinadora, reclama un mayor compromiso y control estatal.
“Uno de los procesos de recomposición de las empresas públicas dentro del Estado es el ingreso de personal y mediante esa ley, se cubren algunas aspectos, pero no se cumple cabalmente. Ya hemos tenido que parar algunas obras porque la empresa no se hace cargo de sus responsabilidades, por eso sostenemos que hay precarización laboral y degradación de los salarios que lleva al desarme del aparato del Estado”, remarcó el dirigente de AUTE, Gastón Giles.
Según la Mesa Coordinadora de Entes, “para una correcta regulación, el Estado debe tomar el personal porque en su conjunto es el dueño de las empresas, por lo tanto, no podemos permitir que otras empresas manejen este instrumento en provecho propio”, señaló.
En referencia a la precarización laboral, explicó que “hay al menos un muerto por mes en la industria de la construcción y en su mayoría son empresas que trabajan para el Estado. En Maldonado murió un obrero del Sunca trabajando para UTE, otro falleció en Cardona y su compañero quedó con graves secuelas”.
“En Río Branco, dos trabajadores murieron mientras cumplían funciones debajo de una línea de alta tensión. No cuidan la seguridad de los trabajadores y anteponen la rentabilidad de las empresas, tal como ocurría en la década de 1990”, destacó Giles.
Según Giles, la mayoría de las tercerizadas “pagan a destajo, es decir, al rinde. Por eso vemos en Paysandú a las empresas que hacen mejoras para UTE, trabajando sábado, domingo y feriados. Comienzan a las 7 y siguen hasta las 19 o 20 horas. Lo hacen a riesgo continuo, porque trabajan con electricidad y eso hace que después de 12 o 14 horas de trabajo --para llevar un salario digno-- ocurran los accidentes”, añadió.
Giles negó que las tercerizadas bajen el costo del Estado. “No es cierto que sale más barato un trabajador privado que un público. El privado gana menos que el público y el empresario se lleva el resto. Un trabajador de UTE gana $ 30.000, al igual que otro de una tercerizada, pero el plus se lo lleva el empresario a modo de ‘pasa mano’. En UTE, varios dueños o responsables de esas empresas han integrado los cuerpos gerenciales del ente”, sentenció.
Giles señaló que el Estado debe tomar trabajadores permanentes para labores permanentes hasta completar la plantilla. “En la década de 1990, en UTE éramos unos 12.000 funcionarios y hoy somos 12.000, pero hay 7.000 de UTE y 5.000 contratados. Antes de 2005, cuando no se permitía el ingreso a la función pública, se contabilizaban entre 5.000 a 7.000, por eso la empresa era manejada en su mayoría por las empresas tercerizadas”.
En los últimos años se registraron retiros incentivados y jubilaciones sin nuevos ingresos. “Paysandú es una de las pocas localidades del país que cuenta con una plantilla acorde a sus necesidades”, al tiempo que se dificulta conseguir para las localidades pequeñas como Quebracho. Sin embargo, reconoció que esto “responde a un problema mayor”.
“En Quebracho no hay UTU, al igual que en otros departamentos. Allí han ingresado nuevos funcionarios provenientes de Paysandú y Salto, donde se hacen cursos de electricidad, pero a los dos años retornan a su ciudad y es por eso que se cuenta con una plantilla adecuada”, indicó.
Giles anunció que “recién este año estamos en condiciones de concretar un llamado en Quebracho. Es decir, la problemática mayor no hace a UTE, sino a la enseñanza de Uruguay”, concluyó.

EN LA CONSTRUCCIÓN
La industria de la construcción es un segmento que registra una mayor cantidad de empresas tercerizadas y subcontratistas. El dirigente del Sunca Alcides Vega, recordó que “la empresa Teyma ganó la licitación para la construcción de la planta de bioetanol, propiedad de ALUR y ambas decidieron subcontratar otros servicios. Dentro de ALUR trabajaron 70 empresas directas e indirectas”, precisó.
En el caso de la construcción, “preocupa que las empresas tercerizadas vengan a Paysandú con un 80 o 90% del personal proveniente de otros departamentos, cuando nuestro reclamo es la necesidad de generar mano de obra local”. Ejemplificó que “la obra de la doble vía de Doctor Roldán se hará con una empresa que no es del departamento. Ya fueron trabajadores a pedir empleo y de arranque dijeron que no van a tomar a nadie sino que traen todo desde su lugar de origen. No sé el problema que se puede armar con estas decisiones, porque además, esta empresa acostumbra a subcontratar, como ya ocurrió en Montes del Plata”, aseguró.
Vega informó que “en la última semana de enero, más de 300 trabajadores de la construcción quedaron desocupados ante la finalización de obras y lo mismo ocurrirá al cierre de febrero”, al tiempo que calculó entre marzo y abril la terminación de las obras de ALUR.