Opinion | 07 Feb La vigencia del derecho de huelga, incluido en la Constitución, tiene como contrapartida, por así, decirlo, que la Carta Magna también protege el derecho al trabajo, lo que significa que no hay huelguista que pueda obligar a un trabajador a suspender actividades, reivindicando reclamos gremiales, si el trabajador de referencia resuelve no adherir por la circunstancia que sea y opta por cumplir con su tarea.
Lamentablemente, en nuestro país, se tiende a querer pasar por arriba los derechos establecidos en la Constitución por grupos radicalizados que acusan de “carneros”, a quienes no acaten una resolución sindical, por la razón que sea, incluso por no estar de acuerdo con llevar al extremo el uso de la coacción, y hasta se considera como “natural” que se obligue a quienes no están de acuerdo con la medida a que igualmente se plieguen al paro.
Han sido frecuentes los casos de agresiones e incluso de golpizas a quienes se “atreven” a ejercer su derecho al trabajo, porque en la particular óptica de los grupos radicales el fin justifica los medios, y a los “rompehuelgas” hay que “darles con todo” para que aprendan.
Algo así ha ocurrido recientemente durante un conflicto del sindicato del taxi en la capital, donde un trabajador resultó salvajemente agredido por una barra que le reprochaba a gritos de “carnero” que estuviera trabajando durante un paro, aunque incluso el trabajador argumentó que ni siquiera se había enterado de la medida.
Como resultado, la Justicia procesó a un miembro del sindicato Suatt por haber amenazado por teléfono al trabajador del sector Alberto Rosa, quien precisamente fuera agredido días atrás por haber estado trabajando durante la medida de fuerza. El mensaje telefónico afirmaba que eso le había pasado por ser un “carnero” y que le iba a pasar lo mismo “a todos los que carnereaban”, además de exigir que retirara la denuncia penal.
Por su parte el sindicato redobló la apuesta y denuncia que es víctima de “persecución” por la Policía y el Poder Judicial, que tienen una “actitud mandadera y reaccionaria” por el objetivo de “garantizar el poder patronal”.
Sin dudas se trata de una expresión de absoluta soberbia e intolerancia, agravada por el intento de distorsionar los hechos para sacarse de encima los justificados dedos acusadores de la población.
Estas actitudes no son nuevas, pero sí llama la atención la ausencia de protagonismo de los supuestos grupos defensores de derechos humanos, que salen a vociferar por las cosas más insólitas, por supuesta discriminación y violaciones a los derechos humanos, y en estos casos en que está de por medio nada menos que la integridad física de quien ejerce la libertad de trabajo, guardan el silencio absoluto de los que callando, otorgan, haciendo que sus enunciados y supuestos principios queden desmentidos por los hechos.