Opinion | 05 Feb La problemática de la educación terciaria en nuestro país no puede solo circunscribirse a lo que ocurre en el período en el que el estudiante concurre a las aulas universitarias ni su desempeño profesional tras egresar, sino que tiene un contexto mucho más amplio, que trasciende incluso el ámbito educativo.
Así, es impensable analizar la situación en la rama terciaria de la educación si se toma a ésta aislada de un contexto general de la educación en el Uruguay, por cuanto no debe ser una sorpresa para nadie que la Universidad es receptora de situaciones que se vienen decantando en las otras ramas, sobre todo en secundaria, donde se ha radicado mayormente el eje del problema, aunque también en su caso arrastrando y agudizando serios problemas que ya se gestan en Primaria.
Y más allá de la autonomía universitaria, hay una serie de aspectos concatenados en la problemática educativa que no pueden disociarse de la realidad socioeconómica del país, y que sin dudas forma parte de los problemas de la educación terciaria, que no pueden resolverse ya en esta etapa de la educación, con los vicios ya instalados y por lo tanto con la imposibilidad de una puesta al día o eventual corrección en un plazo razonable, por la falta de base en formación.
Estos elementos deben tenerse en cuenta en las políticas educativas que incorpore el gobierno que asuma el próximo 1º de marzo, a la luz de la experiencia negativa que por ejemplo ha tenido la aplicación de la Ley de Educación que precisamente fuera aprobada durante la primera presidencia de Vázquez.
La experiencia indica que uno de los elementos negativos que se han priorizado en los dos sucesivos períodos de gobierno conducidos por la izquierda ha sido el priorizar la “inclusión” de los jóvenes más allá de la calidad o reorientación de los programas hacia la realidad de la demanda laboral o formación profesional, lo que por supuesto solo indica que se trata de ganar tiempo o disimular la gravedad de los problemas.
Según números del último censo en esta área, la cantidad de estudiantes de la UdelaR ha tenido un crecimiento sostenido desde la década de 1960 (15.320) hasta 2012 (109.563). La facultad con mayor cantidad de alumnos es la de Derecho, la sigue la de Ciencias Económicas y Administración con 13.842, en tanto en lo que tiene que ver con la descentralización de la UdelaR, se han logrado mejoras por cierto, aunque todavía muy parciales. Los datos del censo universitario indican que el 58,5% de los estudiantes de grado de la UdelaR provienen de Montevideo, mientras que el 38,6% es del Interior y un 2,9% son extranjeros. Sin embargo, todavía el 90% de los alumnos cursan sus carreras en la capital.
La UdelaR ha llevado a cabo una serie de acciones para llevar sus servicios al Interior, como la inauguración de dos edificios en Paysandú, lanzamiento tecnicaturas, inauguración en Aiguá del primer Observatorio Geofísico del país, dependiente de la Facultad de Ciencias, colocación de la piedra fundamental del campus de investigación en Tacuarembó junto con el INIA, obtención de la ANEP de un terreno para construir un campus en Rivera e inicio de las obras para construir un nuevo edificio para albergar la Facultad de Enfermería, entre otros aspectos positivos, que son por lo menos un paso en la buena dirección, pero sin que por ello pueda soslayarse que el 90 por ciento de los estudiantes sigue cursando sus estudios en Montevideo, sobre todo las carreras tradicionales, porque hacia el norte del Santa Lucía se cursan fundamentalmente carreras cortas, tecnológicas o licenciaturas.
Y de la decantación que se va dando en las sucesivas etapas de la educación, desde Primaria pasando por Secundaria --donde están los mayores problemas-- tenemos que la Universidad sigue teniendo un porcentaje mucho menor de estudiantes de fuera de la capital pese a que en el Interior reside la mayor parte de la población.
Por otro lado, ya en el aspecto de la formación en sí, no es un dato positivo que el crecimiento de la matrícula estudiantil siga dándose en el área del Derecho y de Ciencias Económicas, por cuanto un país para crecer y competir en el mundo necesita ingenieros, científicos, medicina de punta, etcétera; no abogados, escribanos o contadores, que ya hay de sobra en el Uruguay.
El punto radica además en que en la Universidad “gratuita”, que no brinda oportunidades para todos los uruguayos, --porque sigue concurriendo una minoría de estudiantes de menores ingresos y del Interior--, se gastan recursos de todos los ciudadanos en formar profesionales donde no los necesitamos, en desmedro del fortalecimiento de áreas donde realmente hay que poner el énfasis en la formación.
Por lo demás, esta gratuidad en los hechos no ha impedido que la educación terciaria en el Uruguay sea un área de élite y que a ella solo puedan acceder mayormente las clases más favorecidas económicamente, como surgen de los datos de la matrícula, más allá de que la intención sea muy distinta, y por lo tanto la falla está en los instrumentos que se utilizan, que no ha podido contrarrestar una realidad que es muy compleja, que como decíamos, no tiene que ver solo con la Universidad, que es tomadora de situaciones que vienen con arrastre desde la niñez y de factores socioeconómicos muy complejos.
Ello indica que las nuevas autoridades de gobierno, como así también las de la educación terciaria, deben hilar muy fino, y dentro de sus competencias actuar en coordinación para detectar el origen y posibles respuestas en esta problemática, sin preconceptos y sin vallas ideológicas.