Opinion | 08 Feb El escándalo de corrupción en la petrolera estatal Petrobras, la mayor empresa de Brasil ha alcanzado dimensiones nunca antes vistas en el vecino país, ni siquiera durante los gobiernos de facto de derecha que ejercieron el poder durante varios años, lo que ha generado una coyuntura traumática al gobierno de Dilma Rousseff prácticamente desde el inicio de su nueva gestión.
Debe tenerse presente que la confianza ciudadana en la nueva mandataria había quedado muy comprometida, al lograr la reelección por un ínfimo porcentaje de votos de ventaja sobre su oponente, lo que indica que deberá hilar muy fino para tratar de recomponer el respaldo popular que tuvo en su momento el partido que llevó al poder a Lula.
Con la designación este viernes del banquero Aldemir Bendine como nuevo presidente de la compañía estatal, el gobierno procura superar el trance y confiar en que de a poco todo será olvidado.
Aldemir Bendine es además el actual director del Banco do Brasil, también controlado por el Estado, y fue designado presidente en una reunión del Consejo de Administración de Petrobras celebrada en Sao Paulo. El nuevo presidente sucederá en el cargo a María das Graças Foster, quien renunció el pasado miércoles debido al agravamiento de la crisis de la petrolera. Bendine ocupaba la presidencia del Banco do Brasil desde 2009, cuando fue recomendado para el cargo por el entonces jefe de Estado brasileño Luiz Inácio Lula da Silva.
Pero ya la bolsa de Sao Paulo reaccionó de forma negativa a los nombramientos y las acciones de Petrobras se hundieron desde que la prensa comenzó a airear los nombres. Una hora antes del cierre de la sesión, las acciones preferenciales de Petrobras, las más negociadas, bajaban un 7,86 %, en tanto la renuncia de Foster, el pasado miércoles, se debió al agravamiento de la crisis de la empresa, que está en el eje de un gran escándalo de corrupción investigado por la Policía.
Las denuncias refieren fundamentalmente al pago de sobornos multimillonarios en dólares, durante la última década, a políticos y ejecutivos de Petrobras con fondos de la petrolera y de empresas que tenían contratos con la estatal, en tanto la pérdida de credibilidad por la corrupción le ha causado a la empresa, la mayor de Brasil, grandes problemas para captar fondos en los mercados internacionales, por lo que se ha visto obligada a reducir al mínimo sus inversiones para los próximos años. Por otra parte, la caída de los bonos de la empresa ha perjudicado a miles de tenedores de bonos, entre los que se encuentran gente común –no necesariamente ricos—y fondos de pensiones, por lo que también afectará indirectamente a jubilados brasileños.
Es así que entre otros proyectos, Petrobras abandonó las obras de dos grandes refinerías con las que Brasil pretendía convertirse en los próximos años en un importante exportador de combustibles, y a la vez los inversores también han castigado a la empresa en la bolsa y Petrobras, que hace pocos años era la mayor compañía de América Latina, con lo que perdió un 58% de su valor en cuatro meses.
No es poca cosa para el gigante petrolero que tenía intenciones de proyectarse como ejemplo para la región y convertirse en nave insignia de los gobiernos de izquierda como modelo de gestión y eventual camino de desarrollo al servicio de los pueblos. La realidad indica que lejos de servir a los ciudadanos, quien se servía de los ingresos de la petrolera era nada menos que la cúpula del partido de gobierno, es decir el PT (Partido de los Trabajadores) del expresidente Lula, al punto que su tesorero JoaoVaccari Neto fue señalado como operador del PT en el esquema de corrupción y responsable de desviar al PT parte de los millonarios sobornos que pagaban empresas constructoras a la estatal a cambio de contratos, en el marco de un escándalo que todavía se va conociendo a cuentagotas.
La realidad se ha encargado pinchar la burbuja gigante que representaba Petrobras, elemento de propaganda de la izquierda brasileña, con un gobierno de los más corruptos en la historia del vecino país, pero que desde estas latitudes aún se lo toma como modelo. Al punto que en nuestro país se ha tratado de emular en Ancap --a escala, por supuesto-- la “exitosa” gestión de la petrolera, y a pesar de que los controles del Estado no llegan a la megasubsidiaria ALUR, es de suponer que no existan los desvíos que se vieron en el país del norte.
Nada nuevo bajo el sol, entonces, porque la corrupción de los gobiernos de izquierda en la región, con las administraciones de los Kirchner a la cabeza, y siguiendo ahora con los manejos de Petrobras como canalizador de sobornos hacia las arcas del PT, son ya una cosa que está muy lejos de las manos inmaculadas y la transparencia que se pregonaba, como ocurrió incluso en el Uruguay cuando se iba a cortar la mano de quienes metieran la mano en la lata.
De lo que se trata pues es de que el poder corrompe también a quienes proclaman llegar y salir con las manos limpias, cual paladines de la justicia social y la igualdad, como es el caso de varios gobiernos “progresistas” de la región, haciendo gala de una pretendida superioridad moral que ha quedado desflecada por el camino, por lo que es imperioso efectuar todos los controles posibles, las investigaciones, los rendimientos de cuentas por los integrantes del gobierno del signo que sea y de quienes gestionan las instituciones. Porque el estado de derecho, la libre actuación de la Justicia, es lo único que puede hacer que el ciudadano deje de descreer en las instituciones cuando el poder tienta, la corrupción campea, y se pretende encubrir lo que ocurre para tratar de evitar los costos políticos.