Opinion | 04 Feb Las evaluaciones controvertidas en el seno del gobierno que dejará el poder el 1º de marzo y los integrantes del que le sucederá --muchos de los cuales son las mismas personas, integradas al partido que ha gobernado el país en la última década-- en torno al déficit fiscal y sobre todo las acciones para enjugarlo, dan la pauta de que en política se pueden dar miles de sesudos argumentos para justificar lo que salta a la vista, pero los números en cambio no dejan mentir, cuando se pretende disfrazar la realidad.
No puede decirse que el déficit fiscal es solo un defecto de la Administración Mujica ni del Frente Amplio, ni que tampoco sea el único gobierno que con tal de no pagar costos políticos da rienda suelta al gasto en año electoral --denominado vulgarmente “carnaval electoral”--, porque este escenario se ha dado en administraciones de todos los partidos sin excepción, salvo en el último período de la Administración Batlle, cuando la crisis llevó a romper con todos los moldes y se llevó adelante un período de austeridad en el gasto que permitió, dentro de la relatividad de la situación, que el nuevo gobierno de izquierda asumiera con las cuentas más o menos en orden. En esta década en que los precios de las materias primas que exporta Uruguay favorecieron el escenario de nuestra economía, potenciando la producción de granos, maderas, carnes y otros productos primarios, así como tasas de interés inusitadamente bajas, --generando corrientes de inversión que se volcaron decididamente hacia América Latina-- se presentó una inmejorable oportunidad para recomponer aspectos estructurales de nuestro país, que han sido deficitarios desde tiempos inmemoriales, y que por imprevisión y la escasez de recursos no habían sido abordados en tiempo y forma.
Lamentablemente, esta oportunidad no fue aprovechada debidamente, porque las prioridades estuvieron centradas en otras áreas, en gran medida en políticas sociales que se focalizaron más bien en sesgos asistencialistas que en crear infraestructura para hacer sustentable la revitalización de la economía con crecimiento, por ejemplo, lo que indica que el escenario inevitablemente queda expuesto a ser modificado y sujeto a los avatares de la economía internacional.
En el período de José Mujica, que finaliza el 28 de febrero, las cuentas del gobierno concluyen con un déficit del 3,5 por ciento del Producto Bruto Interno (PBI), sobre lo que el presidente José Mujica reconoció que “no es ninguna sorpresa”, y que en gran medida obedece a “cuantiosas” inversiones, aludiendo a la vez que los aumentos en las empresas públicas y la baja ridícula del precio de los combustibles que expende Ancap, son un ajuste fiscal, como medida preventiva.
En las últimas horas el mandatario y el ministro de Economía y Finanzas, Mario Bergara --quien volverá a la jefatura del Banco Central con la Administración Vázquez--, coincidieron en señalar que la situación fiscal es controlable y que no debe despertar alarma, a pocas horas de que el Senado analice el proyecto de ley que envió el gobierno pidiendo autorización para aumentar el tope de deuda.
Bergara sostuvo que “el déficit fiscal actual es absolutamente sostenible y fruto de decisiones razonables”, pero se trata del mayor registrado para un año calendario desde 2002, cuando estalló en Uruguay la mayor crisis financiera del último medio siglo, lo que habla a las claras de que tal como sostiene el dicho popular algo “se fue de mambo” en las cuentas públicas, que superó las previsiones o las expectativas del oficialismo.
El titular de Economía evaluó en este sentido que “la gestión fiscal ha determinado un déficit más elevado” que cuando se votó la ley de tope de deuda en el año 2011, y expuso que “desde entonces muchas cosas operaron diferente a lo previsto. Vivimos en un mundo más incierto. El panorama internacional sigue mostrando la incertidumbre y riesgos que todos conocemos”.
Lo que es cierto, porque era bien sabido que la bonanza tal como se venía presentando no iba a durar para siempre, y nos contamos entre las voces que alertaron que la mejor defensa para estos potenciales avatares era generar un colchón de recursos adicionales, mediante una política de austeridad y racionalización del gasto, de forma de no quedar expuestos cuando cambiara la dirección del viento.
Pero las cuentas públicas se desmadraron y aunque en la campaña electoral el oficialismo reafirmó una y mil veces que no habría ajuste fiscal, y que hasta habría rebajas de UTE, la necesidad de dinero del gobierno hizo que no solo no hubiera rebajas, sino que las tarifas de electricidad aumentaron, de la misma forma que lo hizo OSE por encima de la inflación, mientras que Ancap se despachó con una ridícula rebaja de poco más de un peso por litro de nafta, cuando el precio del petróleo cayó a menos de la mitad en pocos meses.
Estamos es por lo tanto ante un ajuste fiscal, como lo reconoció el presidente Mujica con sus meditaciones sobre medidas de “prevención” --que llegan tarde, naturalmente, porque estaban de por medio las elecciones-- y dijo que el déficit “no creo que sea una cosa tan insalvable”, justificado así la mentira de la campaña electoral. Sin dudas que había que hacer un ajuste fiscal, porque el 3,5 por ciento de déficit no es nada despreciable, pero en lugar de haberse buscado la austeridad, la reducción y racionalización del gasto estatal, se apela nuevamente a que sean los consumidores de los servicios monopólicos del Estado los que paguen las cuentas que hicieron quienes siguieron haciendo las cosas como si el dinero fuera a durar eternamente, porque la otra verdad presidencial que resultó no serlo es que el país tiene “espacio fiscal” para seguir derrochando plata.