Grupos locales

Locales | 05 Feb Luego de la firma del intendente Bertil Bentos del decreto de la Junta Departamental que declara a Paysandú Libre de Fracking, en diciembre de 2013, diversos grupos de la sociedad civil organizada --como Paysandú Nuestro y Paysandú Libre de Fracking-- exhortaron a su promulgación “para que adquiera fuerza de ley”.
En aquella oportunidad, “los asesores de la comuna entendieron que no era necesaria su promulgación, sin embargo, nuestros catedráticos Enrique Sayagués y Pablo Ligrone insisten en que tome fuerza de ley para poder enfrentar a otra ley nacional”.
Explicaron que “hemos estado en febriles intentos para contactarnos con el intendente por este tema y hasta ahora, no hemos logrado su promulgación. Bentos ha demostrado sensibilidad desde el momento en que firmó el decreto y entendemos que le restan pocos días de tarea en la Intendencia. Esto podría ser el broche de oro para cerrar el tema y que nos deje mejor preparados para otras instancias, ante la eventualidad de algún intento de realizar fracking. Si adquiere fuerza de ley, quedaríamos protegidos”, resaltaron.
Por otro lado, los grupos Tacuarembó por la Vida y el Agua, Paysandú Nuestro, Paysandú Libre de Fracking, Grupo de Jóvenes Piedra Sola, Grupo de Ciudadanos Salto y Uruguay Libre de Megaminería exigen definiciones oficiales, a raíz de los anuncios efectuados por Ancap y Petrel Energy, la empresa australiana accionista mayoritaria de Schuepbach Energy, con la que el ente estatal mantiene un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos en la cuenca norte del país.

RECURSOS HIDROCARBURÍFEROS
Ambas empresas anunciaron la obtención de “una Certificación Independiente de Recursos Prospectivos Hidrocarburíferos”, al tiempo que anunciaron una nueva etapa de los trabajos de búsqueda de petróleo y gas natural, que se encuentra contemplado en el contrato. La certificación fue realizada por la empresa Netherland, Sewell & Associates (NSAI), la firma de servicios de análisis e interpretación de información sísmica contratada por Schuepbach Energy Uruguay, que levantó muestras en 2014 en ambos bloques.
“El anuncio de ‘recursos prospectivos’ no significa que se haya descubierto petróleo y, mucho menos, que sea posible extraerlo. No obstante, ambas empresas se extendieron en afirmaciones basadas en la posibilidad de que realmente haya petróleo, con lo que generaron una gran confusión en la opinión pública, a la que se sumaron, consciente o inconscientemente, varios medios de la prensa nacional”, señalaron.
Petrel divulgó unas estimaciones sobre las reservas posibles “de hasta 1.769 millones de barriles recuperables, lo que implica 5.637 millones de barriles originalmente en el subsuelo, considerando un factor de recuperación estándar de aproximadamente un 30%”.
Por su parte, el presidente del directorio de Ancap, José Coya, dijo en una entrevista con El Espectador que “Uruguay utiliza 15 millones de barriles por año. Si esto lo trasladáramos al consumo de Ancap, estamos hablando de 120 años de consumo de barriles de petróleo en el Uruguay”. En tanto remarcó la trascendencia de “tener estos resultados, porque acelera el proceso de la pregunta clave de saber si tenemos o no petróleo en Uruguay”.
Consultado acerca del impacto a largo plazo de esta noticia en el precio de la nafta, Coya señaló que “primero, deberíamos saber si efectivamente tenemos esta riqueza y, en caso de tenerla, el objetivo final debería ser el empleo de esta riqueza en factores económicos y sociales del Uruguay mucho más importantes”.
Los integrantes de la sociedad civil remarcaron que “con estas afirmaciones de fuentes oficiales, en la prensa se dio ‘la buena noticia de encontrar petróleo’, una distorsión total del hecho anunciado. Haciéndose eco de lo anterior, y como si fuera una cuestión de fe, autoridades del gobierno que asumirá el 1° de marzo afirmaron que ‘tenemos hierro y seguramente petróleo para justificar la importancia de la planificación estratégica y una mirada de largo plazo’”.
El futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Álvaro García, destacó a El Observador que las nuevas atribuciones que tendrá el organismo serán “la planificación estratégica del Estado uruguayo, ahora que se habla de un país con muchísimas riquezas en la mirada de largo plazo. Tenemos hierro y seguramente petróleo. Hay herramientas para trabajar hacia 2030, como se hizo en su momento con la CIDE”.
En tal sentido, precisaron que “por una obligación de transparencia y respeto a nosotros mismos y a la opinión pública”, las organizaciones de la sociedad civil declararon que “todo país debe conocer lo más exhaustivamente posible sus riquezas naturales, las minerales e hidrocarburíferas”, a través de un estudio “emprendido por el Estado y las instituciones de investigación correspondientes, para garantizar su realización sobre bases científicas serias e independientes de intereses privados” para una correcta fiscalización.
Reclamaron la gestión estatal de los bienes naturales, “para impedir que un organismo sea juez y parte, por ejemplo, en los resultados de la investigación o en la relación con un socio extranjero”, y la competencia de Ancap para “la actividad minera” correspondiente a los yacimientos de combustibles fósiles y otros elementos aptos para generar energía. “Es decir, la ley encomienda al ente solo la tarea de explotación del recurso, pero Ancap asume por sí la investigación, se ocupa de los contratos con las empresas extranjeras para la producción y pretende también monitorear la calidad del acuífero Guaraní”, subrayaron.

MAGNIFICAR RESULTADOS
Los activistas reconocieron que el hecho de que Petrel “magnifique un resultado forma parte de la lógica de esas empresas atentas a la cotización de sus acciones en la bolsa de valores”; sin embargo “que también lo haga Ancap sólo se explica por ser el gestor de la asociación con Petrel y querer resaltar ante la opinión pública un éxito que los hechos aún no han confirmado”.
Destacaron que “el problema mayor surge” cuando sus intereses conducen al ente “a omitir informaciones, así como la naturaleza de los acuerdos firmados con las empresas contratistas” y aclararon que en su comunicado, Ancap “afirma que se trataría de hidrocarburos convencionales”, a la vez de descartar la fracturación hidráulica para extraer depósitos de petróleo o gas. En su comunicado, Petrel reconoció “un sistema de hidrocarburos previamente desconocido, con potencial de recurso convencional y no convencional” (“previously unknown hydrocarbon system with conventional and unconventional resource potential”), “mientras el contrato de exploración y explotación incluye explícitamente los hidrocarburos no convencionales, cuya extracción solo es posible por ‘fracking’”.
Consignaron que “parecería que Ancap descarta el fracking, pero si la declaración surge de una manipulación de las informaciones del anuncio de Petrel, en vez de dar tranquilidad, agrega un elemento de preocupación” y puntualizaron que los “técnicos del ente han destacado en sus presentaciones que Uruguay ofrece una oportunidad de negocios con hidrocarburos no convencionales y, como lógica consecuencia, las empresas extranjeras vienen aquí por los no convencionales”.
Subrayaron que ante el agotamiento de los yacimientos tradicionales, el fracking surgió para explotar la roca que genera hidrocarburos, “cuando el petróleo y el gas se encuentran aún en pequeñísimas burbujas aisladas”, provocando la “contaminación de los suelos, aguas subterráneas y superficiales e incluso sismos”.
Los grupos apuntaron a la existencia de “grandes intereses económicos y políticos” que impulsaron la técnica del fracking “sin evaluaciones técnicas mínimas”.
Ejemplificaron que los graves impactos sobre el ambiente y la salud de las personas, además de un rendimiento económico menor al prometido, “llevaron a Francia, Alemania y Bulgaria, así como a decenas de gobiernos locales en varios países, a prohibir o suspender el uso del fracking”.
Exigieron “definiciones claras” a las autoridades del organismo, “más allá de las declaraciones de funcionarios que carecen de responsabilidad política y que modifican sus afirmaciones según los auditorios”, para otorgar “garantías a la población de que una técnica peligrosa e incontrolable como el fracking no será permitida en Uruguay”.