Opinion | 09 Feb En una verdadera República todos sus habitantes son sujetos de derecho, es decir que pueden imputárseles derechos y obligaciones a través de la ley y esta cualidad alcanza –también-- a sus gobernantes. La jueza penal Dolores Sánchez citó a declarar al prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, al director Nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda y al jefe de la Policía Comunitaria, Sergio Guarteche, a solicitud de la fiscal María Camiño, para que se investigue de oficio los supuestos casos de violencia doméstica en las familias sirias que llegaron al país en octubre pasado. Posteriormente, un sorprendido Cánepa declaró: “No entiendo por qué. Lo único que hice fue leer un informe de Cancillería, no tengo nada que ver con el tema”. Y aquí resalta otro aspecto evidente y es que no se escuchan cuando hablan.
Las versiones contradictorias que por un lado negaban los hechos y por otro aseguraban que no les constaba una denuncia --como si las mujeres sirias tuvieran incorporados en sus hábitos culturales la denuncia hacia un golpeador-- llevaron a la justicia a actuar de oficio.
Poco tiempo transcurrió hasta que el presidente José Mujica opinó: “Es como si exorcizáramos nuestra violencia en la de otros. ¿Quién no sabe que esto sucede?” y exhortó a que “seamos justos. El problema de los árabes es parte del que tenemos nosotros, sino parece que ellos son condenables y nosotros no”.
O cuando la senadora Lucía Topolansky contestó con una frase de antología: “sabía que había algunos problemas. Las familias tienen un potencial masculino muy fuerte y la mujer se siente muy desamparada”.
Por esa razón la fiscal actúa de oficio y es para demostrar que cualquier hecho de violencia doméstica, contenido en el Derecho Penal, es condenable al igual que la violencia hacia sus niños, uno de los cuales resultó lesionado y atendido en el Hospital Pereira Rossell.
La justicia quiere saber lo que ocurre más allá de las declaraciones folclóricas y no es un dato menor que con anterioridad a la conferencia donde leyó el comunicado de Cancillería, Cánepa había declarado que “cuando hubo presunción por las características personales de algún jefe de hogar, se procedió a alertar a la Policía Comunitaria y a las ONG especializadas que están ubicadas en los medios inmediatos a donde residen las familias y que están trabajando en este plan de inserción”.
Estas palabras que refieren a “presunción” marcan un camino que jueza y fiscal quieren transitar a través de las declaraciones de los referentes del gobierno, porque el contingente depende de Presidencia y cuenta con el apoyo de psicólogos, asistentes sociales y Policía Comunitaria, entre otros técnicos, que recibieron ese “alerta”. Por tanto, es lógico investigar lo que ocurrió tras ser “alertados”.
Con la comparecencia ante la jueza Sánchez se cumplirá la segunda parte del exhorto de Mujica, tras solicitar que “los medios de prensa se hagan eco, y ayuden a comprender los claroscuros”. Sin embargo, poco se puede hacer si los que hablan no ponen atención en lo que dicen.