Opinion | 14 Feb En las últimas horas el presidente José Mujica, en un programa radial, reflexionó que “el Poder Judicial se ha llevado puesto (sic) tres veces al Poder Legislativo” durante su administración. “Durante tres veces le declaró, por razones de forma, que no era constitucional ciertas medidas que tomaba el Parlamento. El que tiene capacidad de legislar, la intención de hacerlo, es el Legislativo, no el Judicial. El Judicial puede interpretarlo y sabe perfectamente el Poder Judicial cuál era la intención del Legislativo. Acá somos pocos y nos conocemos. Eso lo tenían perfectamente claro”, dijo.
En el programa “Quién es quién”, de Diamante FM, que se emitió en la noche del jueves, a 15 días de dejar el cargo, el mandatario tuvo una especie de catarsis en la que seguramente sacó a relucir con retroactividad la “bronca” que le causó que el Poder Judicial le enmendara la plana a los parlamentarios de la mayoría oficialista al aprobar proyectos de ley que el tercer poder del Estado, cumpliendo sus competencias, declaró inconstitucionales porque no se ajustaban a lo que establece nada menos que la Carta Magna, y por lo tanto hubo que barajar y dar de nuevo, para encuadrarse en la normativa, como debe ser.
Igualmente, según el presidente, debe reformarse la Constitución, pero “no para ponerle bozal al Poder Judicial”, una forma elíptica, aunque pasando por la legitimidad de la expresión popular, de hacer que las cosas sean según su criterio y no como se han dado hasta ahora, porque a su juicio la Carta Magna sería “permisiva” en extremo respecto a las prerrogativas del Poder Judicial.
Precisamente durante el mandato de Mujica, la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucionales leyes –fundamentales, según la óptica del Poder Ejecutivo-- como la interpretativa de la ley de Caducidad, de liquidación de Pluna y la que creó el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR). A ello debe agregarse que desde el año pasado los funcionarios judiciales están en conflicto por el reclamo del aumento de 26% de su salario, que había sido establecido como una consecuencia de medidas de aumento salarial del Poder Ejecutivo a ministros y jueces.
A fines de diciembre de 2014, el Senado votó una ley que pretendía resolver el conflicto y establecía un aumento del 8% para quienes reclamaban que les pagara el 26% que surgía de la interpretación de la ley vigente. El conflicto se originó en 2010, cuando el gobierno aumentó los sueldos a los ministros de Estado, y de forma indirecta generó incrementos en los sueldos de los ministros de la Suprema Corte que están equiparados por otra ley. “Lo que hago es votar por la defensa del Poder Legislativo. La propia Constitución, eventualmente, si hay que juzgar al presidente, ministro, o a los jueces, el que lo hace es el Parlamento”, expresó Mujica.
El jefe de Estado consideró que, a pesar de que creía que el Poder Judicial no había respetado al Parlamento, no era necesario hacer un juicio político porque “no se puede llevar a ese nivel de tensión algo que se quiere superar con una negociación racional”.
Sin duda, los conceptos del mandatario no dejan de llamar la atención por provenir precisamente de quien ha estado al frente del país en el último quinquenio y debería estar como nadie al tanto del significado del libre juego de las instituciones democráticas, del respeto a la ley y sobre todo tener en cuenta --y así practicarlo-- que nos guste o no, debe cumplirse y estar por encima de otra consideración en el gobierno de un país, para no ser poco menos que una república bananera en la que el mandamás de turno hace y deshace a voluntad, porque interpreta que él es la ley.
Hubo durante el período de Mujica decisiones de la Suprema Corte de Justicia que, en el marco de sus potestades, declaró inconstitucionales leyes de su gobierno porque violaban claros preceptos constitucionales. La mayoría oficialista del Parlamento trató de hacer primar decisiones políticas por sobre lo que establece la letra y el espíritu de la Constitución y lamentablemente ello fue reafirmado por el propio Mujica cuando sostuvo que lo “político está por encima de lo jurídico”, como hicieron precisamente por razones ideológicas los presidentes de Argentina, Uruguay y Brasil en el Mercosur, al suspender a Paraguay para dejar entrar por la ventana a Venezuela.
Lo que cuestiona el mandatario tampoco obedeció a que un día los jueces de la Suprema Corte se levantaron con ganas de armar lío y decidieron que tales leyes no respetan lo establecido en la Constitución. En el proceso de análisis parlamentario de estas leyes, tanto representantes de la oposición como juristas advirtieron que determinados elementos incorporados eran flagrantemente violatorios de la Carta Magna, y que solo cabía esperar que la corporación las declarara inconstitucionales.
Pero, haciendo honor al concepto de que lo político está por encima de lo jurídico, por razones ideológicas y determinados compromisos, los legisladores frenteamplistas aprobaron con sus votos las normas, apuntando tal vez a que la Suprema Corte no se animaría a cumplir con su deber, y que la mayoría parlamentaria es una licencia que permite hacer lo que se quiera.
Mal puede aducir el presidente, por lo tanto, que la culpa es de la Suprema Corte de Justicia, cuando igual se siguió adelante como si el otro poder del Estado no importara y era posible pasarle por arriba, porque la mayoría oficialista del Parlamento todo lo puede. En realidad, todo indica que la idea era que precisamente el Poder Legislativo se llevara “puesto” al Judicial, en lugar de ser a la inversa, como insólitamente sostiene el presidente.