Opinion | 16 Feb No puede ser desconocido para nadie a esta altura que el Uruguay presenta una pirámide acentuada de envejecimiento poblacional que es la mayor de América Latina en cuanto a porcentaje de adultos mayores en el total de la población, y ello plantea desafíos impostergables en el mediano y largo plazo, que deben evaluarse desde ahora y en lo posible encarar acciones.
Esta realidad está reflejada en datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), que indican que en 2036 la cantidad de adultos mayores en Uruguay superará a la de niños de 0 a 15 años, acentuando la tendencia que se ha venido dando ya en los últimos años de un crecimiento porcentual cada vez mayor de los adultos mayores respecto a la población en general.
En Uruguay hay unos 700.000 pasivos, de los cuales el 38% son hombres y 62% mujeres. De esos pasivos, más de la mitad son jubilados, entre los cuales solo un porcentaje muy menor pertenecen al régimen mixto (BPS y AFAP). La mayoría de los jubilados son mujeres, 55 por ciento, frente a un 45 por ciento de hombres.
No debe perderse de vista que el envejecimiento poblacional responde por un lado a bajos valores de natalidad y por otro a una mejora en la atención de salud de los adultos mayores, además de haberse ido erradicando enfermedades graves que en otros tiempos azotaron a la humanidad e iban diezmando a las franjas de mayor edad, lo que se ha ido modificando sustancialmente con el paso de las décadas.
Ello indica que la población seguirá envejeciendo y que esto tendrá consecuencias en una diversidad de áreas, como por ejemplo el sistema de seguridad social, aunque puede evaluarse que esto ya está impactando fuertemente en el sistema jubilatorio y en el sistema nacional de salud, en la medida en que el costo de la asistencia de los adultos mayores es el más caro.
Notoriamente, el envejecimiento de la población tiene mayor impacto en el sistema jubilatorio cuanto más dependa de las finanzas públicas, y menor cuanto más dependa del ahorro previo, por lo que una alternativa posible, según técnicos en la materia, sería incrementar los espacios para el ahorro durante la vida activa potenciando los esquemas de ahorro individual.
En el mismo sentido, la directora en representación del sector empresarial en el BPS, Elvira Domínguez, advirtió hace ya un tiempo que los primeros problemas van a empezar a manifestarse en el año 2030, por lo que considera que “se deben tomar medidas ya”.
En el último diálogo nacional de seguridad social “planteamos la necesidad de aumentar la edad jubilatoria en forma paulatina, de 3 a 4 meses por año”, dijo Domínguez, habida cuenta de que el BPS depende de los aportes de las personas activas pero también de lo que le remite Rentas Generales para compensar las dificultades financieras por la carga de pagos en el sistema.
Las opciones con que se cuenta para hacer frente a esta situación no son muchas: o se logran más recursos de algún lado, o se trata de ir estirando la edad de jubilación para que el condicionamiento sea menor en el tiempo. Porque además seguirá en aumento la expectativa de vida de la población, con sus aspectos favorables y negativos, según el ángulo desde el que se mire. Esto indica que hay caminos que se cruzarán inevitablemente llegado el momento y las opciones posibles no serán simpáticas.
Domínguez consideró que acumular 35 años de trabajo o jubilarse a los 65 años de edad son algunas alternativas que propone para una situación “muy compleja que debe ser estudiada por expertos”, ya que los activos tendrán que cargar con un “peso muy fuerte” de las pasividades. Las medidas que se tomen deben evitar que las cargas “tan altas” lleven a la informalidad, con lo que se estaría ingresando ya en otro problema.
Desde las instituciones que nuclean a pasivos también se han formulado evaluaciones en torno a esta problemática, las que no son alentadoras, precisamente, por cuanto sostienen que “el actual sistema corre peligro de colapsar en muy pocos años, por cuanto el envejecimiento se ha “estirado” y puede decirse que la sociedad recorre una época de envejecimiento del envejecimiento. Esto, naturalmente, es uno de los elementos que está indicando que en el próximo diálogo de seguridad social, el tema demográfico es insoslayable porque afecta no solamente a la financiación del BPS sino el esquema socioeconómico del país y las estructuras del actual sistema mixto de seguridad social no están adecuadas para dar respuestas.
Por supuesto, pese a que es una medida extrema y resistida por los próximos beneficiarios del sistema, aumentar la edad de jubilación es una alternativa pero no la única, por cuanto hay sectores de opinión en el sindicalismo y grupos de izquierda que entienden que si no se desviaran los fondos del sistema, por ejemplo con transferencias a las AFAPs, éste tendría menos problemas.
Asimismo, otras posibilidades refieren a combinar vida activa y jubilaciones, y eventualmente por otro lado podría otorgarse una prestación básica a todos los adultos mayores y ajustar las tasas de reemplazo, apuntando por ejemplo a la utilización de la población trabajadora como factor activo, que incluye la incorporación de la mujer al mercado laboral, mientras en forma paralela se deberían canalizar inversiones en infancia, adolescencia y juventud, con vistas a que sean más productivos.
El punto es que el tema debe dejar de ser esquivado y postergado, para ser considerado como un problema que deberán afrontar las próximas generaciones, por cuanto refiere ya a dificultades del presente que irán incrementándose, y de poco y nada servirá que se siga mirando para otro lado y dejando que traten de resolverlo los que vengan.
Naturalmente, cualquiera sea la naturaleza de la salida o combinaciones de alternativas, quien vaya introduciendo estas reformas debe adoptar medidas que implicarán costos políticos, por lo que es impensable transferir esta responsabilidad a un solo partido o gobierno, y por lo tanto los representantes de todo el sistema político, representantes de organizaciones sociales, expertos en seguridad social, jubilados y trabajadores, deberán buscar desde ya la generación de un gran diálogo para evaluar el escenario y las opciones que se presentan, para adoptar en este sentido políticas que trasciendan una sola administración de gobierno.