Locales | 16 Feb En la última sesión de la legislatura anterior, la Cámara de Senadores aprobó el proyecto de ley por el cual se establece la Ley Orgánica Policial por 15 votos en 25 legisladores presentes.
En la exposición de motivos presentada por el senador Rafael Michelini, se concibe a la Policía como “garante y defensora de los derechos de las personas” e indica que “el proyecto de ley implica un cambio radical en ese sentido, ya que pasamos de una concepción policial fundamentada en la ‘Doctrina de la Seguridad Nacional’ con una impronta militarista, a una Policía al servicio de las personas que en su propio texto reconoce su naturaleza civil”. La iniciativa, votada a solicitud del ministro del Interior, Eduardo Bonomi, pretende lograr un instituto policial “al servicio del Estado de derecho, sus instituciones democráticas, garantizando el libre ejercicio de los derechos y libertades de todas las personas habitantes del territorio y la Constitución”.
Los senadores de la oposición rechazaron aspectos contenidos por la ley que consideraron “inconstitucional”. Los colorados Ope Pasquet y Pedro Bordaberry reclamaron que el proyecto aprobado en la Cámara Alta “no coincide con el votado por Diputados”, al tiempo que crea “9 cargos de particular confianza en la Policía” y “politiza” a la institución, mientras “la inseguridad crece”. El Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU) anunció que presentará un recurso de inconstitucionalidad porque “no contempla a sus funcionarios” ni contiene aspectos urgentes, en tanto entrará en vigencia en 2016. Los dirigentes puntualizaron que la normativa limita el derecho a huelga y libre expresión y deja acéfalos a los trabajadores penitenciarios porque la ley no menciona su unidad de dependencia, al igual que el subescalafón de los administrativos.

INCOSTITUCIONALIDADES
El vicepresidente del SUPU a nivel nacional, Alejandro Álvarez, dijo a EL TELEGRAFO que los funcionarios reclamaban modificaciones a la normativa vigente desde la década del 70, por “vetusta y ante la necesidad de adaptarla a la realidad actual” de la institución.
El Ministerio del Interior presentó su proyecto en 2012, al igual que el gremio con un detalle de las críticas a la propuesta ministerial. “Veíamos que algunos aspectos no se asemejaban a la realidad de los funcionarios y violaban sus derechos. Ese proyecto durmió dos años en el ministerio, lo sacaron en diciembre pasado y votaron a tapas cerradas en Diputados. Posteriormente, en diálogo con los senadores, los convencimos de la necesidad de un estudio más amplio y el 29 de diciembre pasó a la Comisión de Legislación”, recordó el dirigente.
El SUPU concurrió a comienzos de febrero a la comisión, donde presentó sus observaciones. No obstante, la ley resultó votada. “Reclamamos por cinco inconstitucionalidades. La ley debería especificar las obligaciones, derechos y garantías que se otorga al policía en su trabajo. Incluso no menciona al policía administrativo, sino que refiere a la sindicalización –sabiendo que existe la ley 17.940-- pero no le da derecho con los fueros sindicales. Eso es violación a una ley”, remarcó.
La iniciativa votada en el Parlamento refiere a las negociaciones con los trabajadores, “y eso no es cierto porque en la Ley de Negociación Colectiva para el sector público, a la Policía no la excluye, pero tampoco la incluye. Según el Ministerio de Trabajo, debe mencionar los convenios internacionales de la OIT 87 y 151 sobre las negociaciones colectivas del sector público de cada país y señala que deberán legislar para las fuerzas pública y militar”, precisó Álvarez.
El dirigente resumió que con esta ley “no hay ámbitos para negociar ni tampoco Consejos de Salarios, por lo que hay derechos excluidos”, al tiempo que no están contemplados en la última ley de nocturnidad votada para los trabajadores que cumplen funciones de 22 a 6.
Según Álvarez, “el funcionario policial no tiene salario vacacional ni seguro contra enfermedades o accidentes laborales, no cuenta con acceso a un sistema de vivienda digna y los hijos de los policías no reciben una asignación familiar decorosa ($150 o $200 por hijo)”. Para Álvarez, “hay diferencias en las condiciones laborales según las jefaturas. Por eso, apostamos a que el ministerio entienda que la carrera policial tiene que ser única, porque la ley permite la eliminación de algunos grados, sin embargo, tampoco especifica de qué forma se hará y eso traerá un reajuste presupuestal y modificaciones en los escalafones que no se aclaran en la normativa”.

MOVILIZACIONES
El SUPU organiza una movilización nacional el miércoles 18 de febrero, “en apoyo a la Internacional de Servidores Públicos (ISP), un organismo dentro de la OIT al que se afilió el SUPU. Este organismo reclama el derecho a huelga global y si bien es un derecho que se puede restringir, no se debe eliminar porque es el derecho de un trabajador a arribar a una huelga en reclamo de condiciones laborales y salariales”. En Paysandú se llevará adelante en plaza Constitución en horas de la mañana y la tarde, “para informar a la población acerca de los reclamos del sindicato policial”, subrayó.