Opinion | 14 Feb Lo ocurrido el pasado el jueves en la Junta Departamental no es nada nuevo sino, todo lo contrario, un mal conocido y reiterado. Es la sistemática desacreditación de los ediles que cada bancada designa para integrar las comisiones específicas que deben estudiar e informar sobre los temas mocionados por cada edil.
Cierto es que el caso de los nombres propuestos para el nomenclátor de la ciudad lleva esta situación a un límite difícil de creer. Ocurre luego de cuatro años de haberse establecido un acuerdo entre las tres bancadas políticas, respecto de cómo proceder en un tema que, invariablemente, requiere para su aprobación una mayoría especial de dos tercios de los 31 ediles totales y, por lo tanto, el consenso se torna inevitable. Pero más aún, los nombres de Melchora Cuenca, Dr. Enrique Tarigo y Salvador Allende estaban acordados en comisión, donde el Partido Nacional tiene tres integrantes por contar con la mayoría.
Pese a todo, hubo problemas planteados por el nacionalismo. No queda claro cuál es el nombre o los nombres que los ediles nacionalistas quieren que también se incluya, de ahí su insistencia en que votarían cuando estén ‘todos los nombres propuestos’. Siendo quizás el de Pascasio Baez --peón de estancia asesinado por un comando tupamaro-- el que sobrevuela, aunque no haya sido específicamente mencionado. Este nombre fue mocionado por un edil nacionalista y si bien en un momento llegó a sala, no fue considerado y volvió a comisión.
Renglón aparte, es censurable el retiro de los ediles nacionalistas, dejando nula una sesión que tenía una agenda cargada con temas pendientes desde diciembre pasado, incluso el del nomenclátor. Esto seguramente traerá complicaciones institucionales, pero sobre todo la recriminación de la ciudadanía que asiste impávida a estas idas y venidas políticas que posterga por semanas o meses --como ocurre ahora-- temas de interés público.
Si bien la tarea de los ediles es honoraria, cada sesión del plenario tiene un costo estimado en los 2.000 dólares, que proviene del erario departamental. Sería bueno que los ediles, sin distinción de partido o sector político, no generen protagonismos que, a la postre, distorsionan lo que debería ser un normal funcionamiento de un órgano de gobierno.