Nacionales | 19 Feb En Uruguay, al menos 27 conglomerados empresariales son propietarios de 1.641.000 hectáreas de tierra, equivalentes a un 10% de la superficie productiva del país.
Estos datos surgen del trabajo “¿Acaparamiento de tierras en Uruguay?” elaborado por los docentes de la Facultad de Agronomía de la UdelaR, Gabriel Oyhantcabal y Pablo Areosa y por el docente del Servicio Central de Extensión y Actividades en el Medio de la UdelaR, Ignacio Narbondo.
El informe al que accedió El País, explica que acaparamiento de tierras (que viene del inglés land grabbing) es “la expresión con la que se ha conceptualizado el proceso de apropiación de tierras por parte de Estados y/o grandes trasnacionales a nivel mundial”.
Algunos autores “restringen el acaparamiento al control de tierras por parte de Estados extranjeros, mientras otros lo amplían a procesos de concentración de la tierra en manos de empresas privadas. Bajo esta última definición Uruguay estaría atravesando un fuerte proceso de acaparamiento” de la tierra en los últimos años, expresa. Esto se ha hecho visible a partir del intenso dinamismo del mercado de tierras desde el año 2002, “que ha agudizado los procesos de concentración y extranjerización”, dice el estudio.
En este sentido, señala que 27 conglomerados empresariales acaparan en Uruguay 1.641.000 hectáreas, un 10% de la superficie productiva. De esta forma este grupo de empresas transnacionales “controlan prácticamente la misma superficie que los 21.645 establecimientos que había registrados como agricultores familiares y que en 2013 acumulaban 1.690.000 hectáreas”, señala.
Entre las empresas se destacan Montes del Plata y UPM junto a otras dedicadas a la forestación como Global Forest Partners y Weyerhaeuser (Estados Unidos), además de Unión Agricultore Group (UAG), empresa diversificada fundada en Uruguay que canaliza fondos de pensión e inversión con sede en Estados Unidos, Canadá y Francia; la empresa agrícola Agronegocios del Plata, capitalizada por el grupo Los Grobo de Argentina; y Ana Paula, empresa del magnate brasileño nacionalizado uruguayo Ernesto Correa.
El acaparamiento transnacional tiene otra variante que se vincula a la participación de estados extranjeros en el paquete accionario de empresas privadas y que los autores del trabajo definen como “acaparamiento indirecto”. Según la investigación, esta forma se da a partir de la presencia de Montes del Plata, que posee alrededor de 220.000 hectáreas y una planta de celulosa; y UPM que posee 230.000 hectáreas y una planta de celulosa.
Por otra parte, el estudio señala que junto con el acaparamiento transnacional coexiste otra forma de centralización de la tierra que denomina acaparamiento “tradicional” o “criollo” y que está ligado al proceso histórico de concentración de la tierra en Uruguay en manos de un reducido número de terratenientes. Según el informe, las dimensiones de esta forma de acaparamiento “son difíciles de cuantificar por falta de información que permita delimitar con precisión quiénes son los terratenientes locales”.
No obstante, considerando que de acuerdo al Censo General Agropecuario 2011 habían 1.168 establecimientos con más de 2.500 hectáreas que concentran 5.450.000 hectáreas, como al menos 1.640.000 están en propiedad de transnacionales, el acaparamiento tradicional acumula en el entorno de 3.810.000 hectáreas.

EVASIÓN AL BPS ALCANZA AL 18,37%
El aumento de los puestos cotizantes a la seguridad social fue acompañado por una caída de la evasión laboral, según un estudio elaborado por el Banco de Previsión Social (BPS) que reveló un descenso de la informalidad, que no obstante aún afecta a casi 300.000 uruguayos.
El estudio elaborado por la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS comprende 10 años (entre 2004 y 2013) y en ese período se observa una caída continua en el porcentaje de evasión.
En 2004 ese porcentaje llegaba a 37,49% para bajar a 18,67% en 2013, lo que verificó un descenso de 50%. Para el cálculo, el informe toma una cantidad de puestos potenciales de trabajo y luego desagrega los puestos cotizantes y los no cotizantes. En la última comparación interanual, el informe señaló que la evasión disminuyó casi 4% entre 2013 y 2012, como resultado del aumento diferencial entre los puestos potenciales y los puestos cotizantes. El estudio indicó que la afiliación a la seguridad social con mayor nivel de evasión fue el servicio doméstico, donde llegó a 48,32%, seguida por la construcción que presentó un 25,92%, industria y comercio con 18,37%, mientras que para el sector público la evasión fue nula.
Por otra parte, de los 297.967 puestos no declarados, el 33,67% podrían ser considerados de difícil captación, según el informe. Esos puestos se relacionan con actividades de un alto grado de informalidad, ya que corresponde, entre otros, a venta ambulante, mano de obra familiar y servicio doméstico.

UTAA ACAMPA ALREDEDOR DEL PARLAMENTO
La Unión de Trabajadores Azucareros de Artigas (UTAA) instaló un campamento en los alrededores del Palacio Legislativo para “hacer visible la realidad de desempleo, magros salarios, pésimas condiciones laborales, violación de la legislación laboral, que siguen sufriendo los asalariados rurales, así como las dificultades que sufren los colonos de la colonia ‘Raúl Sendic’”.
El dirigente Jorge Rodas dijo a El País que acampan 95 personas, entre ellos los trabajadores de la exCalvinor y Green Frozen (exCalagua). Rodas dijo que “prácticamente se cerró Green, hay 150 personas en la calle sin una respuesta de nadie, los compañeros de los vinos hace rato que la vienen remando solos, se les terminó el tiempo, se les terminó el seguro. Estamos en esta movida para que nos escuchen los legisladores y de la central de trabajadores”.
“Algunos senadores y diputados del partido de gobierno ya se acercaron y nos gustaría tener contacto con legisladores de Artigas y con los demás senadores. Queremos que el nuevo Parlamento sepa lo que estamos pasando”, aseguró. Esta noche a las 20 realizarán un acto y mañana levantarán el campamento.

EMISIÓN DE DEUDA PARA OBRAS DE INFRAESTRUCTURA
Con el déficit en infraestructura que recibirá el próximo gobierno que asumirá el 1º de marzo, el nuevo Ejecutivo impulsará la emisión en el mercado de valores de títulos de deuda –probablemente Obligaciones Negociables y fideicomisos– de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND) que será el organismo encargado de programa y controlar la ejecución de las obras que propongan cada ministerio u organismos públicos con recursos presupuestales o en régimen de Participación Público Privado (PPP).
Como la CND no cuenta con capital propio, la intención es que los títulos sean garantizados por el Ministerio de Economía o por organismos multilaterales de crédito para que otorguen un respaldo “muy fuerte” para que puedan ser adquiridos por las Administradoras de Fondos de Ahorros Previsionales (AFAP), precisaron fuentes del gobierno electo a El Observador.
El designado presidente de la CND, Fernando Calloia, reconoció que aguarda la venia del Senado a su cargo para ponerse a trabajar en coordinación con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y los diferentes ministerios y organismos públicos para delinear el plan de obras quinquenal y su forma de financiación y ejecución. Admitió que la emisión de títulos en bolsa tendría el doble efecto de cofinanciar obras y “dinamizar” el mercado de valores.
Un informe elaborado por CPA Ferrere concluyó que el país tiene un rezago en infraestructura vial de US$ 2.500 millones acumulado entre 2000 y 2013, y que será necesario invertir anualmente en torno a 1% del PBI solo para mantener el estado actual de las carreteras –U$S 550 millones–, el doble de lo que se destina al día de hoy.