Paysandú, Domingo 22 de Febrero de 2015
Opinion | 20 Feb Según datos oficiales del Banco de Previsión Social (BPS), la evasión al organismo se sitúa actualmente en el 18,37% del total de trabajadores registrables, lo que significa que sigue en descenso el porcentaje de empresas y trabajadores al margen de la legalidad, pese a lo cual se desprende de esta evaluación que aún hay unos 300.000 uruguayos que no cumplen con sus respectivos aportes al organismo previsional.
El mismo informe da cuenta de que el aumento de los puestos cotizantes a la seguridad social fue acompañado con una caída de la evasión laboral, pero a la vez a partir de este dato positivo hay sectores donde todavía el informalismo es fuerte, de acuerdo a lo que da cuenta El País en base a esta fuente.
Precisamente el caso más claro en cuanto a sector donde hay fuerte evasión es el servicio doméstico, donde una de cada dos trabajadoras no recibe los beneficios de la seguridad social al no estar registrada.
El estudio elaborado por la Asesoría General de la Seguridad Social del BPS comprende 10 años (entre 2004 y 2013) y en ese período se observa una caída continua en el porcentaje de evasión, lo que es un dato alentador, por cuanto más allá de la coyuntura favorable o desfavorable que pueda darse en el contexto socioeconómico, el dato que prima es el de la tendencia en el mediano y largo plazo, y esta es a todas luces alentadora.
Es así que en 2004 ese porcentaje llegaba a 37,49 %, para bajar a 18,67% en 2013, lo que implica un descenso de 50%, en un cálculo que se basa en una cantidad de puestos potenciales de trabajo y luego desagrega los puestos cotizantes y los no cotizantes.
En la última comparación interanual, el informe señaló que la evasión disminuyó casi 4 puntos porcentuales entre 2013 y 2012, como resultado del aumento diferencial entre los puestos potenciales y los puestos cotizantes.
En esa comparación, fueron los puestos cotizantes los que presentaron un incremento superior (2,07%), mientras que en los potenciales fue inferior y alcanzó 1,1%. El total de casos de informalidad, según los cálculos del BPS, alcanzó a 297.967 personas en 2013, lo que si bien conlleva una baja en términos porcentuales y absolutos, igual puede considerarse como muy significativo, si se tiene en cuenta que 300.000 personas son nada menos que el diez por ciento del total de habitantes del país, al fin de cuentas.
El estudio del BPS indicó que la afiliación a la seguridad social con mayor nivel de evasión fue el servicio doméstico, donde llegó a 48,32%, seguida por la construcción, que presentó un 25,92%, e industria y comercio con 18,37%, mientras que para el sector público la evasión fue –obviamente-- nula. Igualmente, el informe expresó que la evasión disminuyó en todos los sectores en la comparación entre 2012 y 2013. Fue en el servicio doméstico donde se verificó la mayor caída, con 3,43 puntos porcentuales, mientras que en la construcción y en industria y comercio se produjo un decrecimiento leve de la informalidad, con 0,74 y 0,34 puntos porcentuales respectivamente.
A la vez, de los 297.967 puestos no declarados, el 33,67% podría ser considerado de difícil captación, según el informe, por cuanto estos puestos se relacionan con actividades de un alto grado de informalidad, ya que corresponde, entre otros, a venta ambulante, mano de obra familiar y servicio doméstico.
El resto (calculado en 197.654 puestos) serían de captación más probable, al corresponder a trabajadores dependientes no declarados en el sector de industria y comercio, construcción y trabajadores patronos también de industria y comercio. Respecto a los evasores de difícil captación, el BPS concluyó que en 2012 representaban el 36,13% del total de los puestos no cotizantes, mientras que al año siguiente se redujeron aproximadamente en 2,5 puntos porcentuales y alcanzó el 33,67% del total de evasores. La dependencia del BPS observó que en todo el período analizado la mayoría de las aportaciones a la seguridad social mostraron un comportamiento creciente.
Las únicas excepciones a esa tendencia se verificaron en la afiliación de la construcción en 2009 y 2013, donde se produjeron disminuciones del orden de 2,45% y 0,41% respectivamente, en comparación con los años anteriores. El informe mencionó que en 2013 el mayor crecimiento de cotizantes se notó en la aportación civil con 3,28% y en los patrones de industria y comercio con 3,2%.
En cuanto al sexo de los aportes, se indica que los hombres tuvieron mayor tasa de actividad, por cuanto en el sexo masculino la tasa de actividad en 2013 fue muy superior al de las mujeres y alcanzó una diferencia de aproximadamente 20 puntos porcentuales en el total del país y en zonas urbanas de más de 5.000 habitantes.
Asimismo, en las localidades de menos de 5.000 habitantes y zonas rurales la diferencia fue superior a los 25 puntos porcentuales, en tanto la tasa de desempleo en 2013 fue de 5,01% en los hombres en todo el país, mientras que en las mujeres llegó a 8,21%.
Por otro lado, hay diferencias por región, desde que mientras los hombres se ofrecieron más en el mercado de trabajo en las localidades de menor tamaño y zona rural, las mujeres lo hicieron más en las localidades mayores a los 5.000 habitantes, como regla general.
Hay una serie de aspectos a tener en cuenta en esta problemática, por cuanto como principio general sin dudas que la idea es lograr un cien por ciento de formalización, para beneficio de los aportantes que de esta forma se incorporan al sistema y por lo tanto reciben beneficios de seguridad social y se amparan en sus propios aportes a la hora de acogerse a la pasividad, sin olvidar la posibilidad de recibir asistencia médica en cualquier percance de salud.
Pero evidentemente hay un núcleo duro, que tiene que ver además con el sesgo de actividad, que no encuentra interés en regularizar su situación, por cuanto es evidente que las cargas sociales son altas y para quien vive al día, de lo que se trata, a su juicio, es que se reducirían sustancialmente sus ingresos actuales, con un hipotético beneficio que lo ve como abstracto y costoso.
Hay mucho por hacer todavía, por lo tanto, en materia de educación y controles, pero con la premisa de que si todos aportamos, todos vamos a tener que aportar menos, y este es un principio solidario y de sentido común a tener en cuenta a la hora de las decisiones y la voluntad de cumplir con los compromisos inherentes a deberes y derechos en nuestra sociedad.
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