COLEGIOS SOSTIENEN QUE MEDIDAS AFECTAN
EL ACCESO AL SERVICIO DE JUSTICIA

Locales | 23 Feb En una reunión que se celebrará esta semana en Montevideo, el Colegio de Abogados del Uruguay (CADU) junto a representantes de los colegios de los diferentes departamentos plantearán a la Suprema Corte de Justicia su inquietud por que se encuentre una rápida solución al conflicto que ha ocasionado distorsiones en los últimos meses en los juzgados.
El presidente del Colegio de Abogados de Paysandú, doctor Pedro Dávila Collazo, señaló a EL TELEGRAFO que existe “honda preocupación por la situación del actual funcionamiento del Poder Judicial en todo el país.
El Colegio de Abogados de Paysandú y el Colegio de Abogados del Uruguay no cuestionan la legitimidad de las medidas que se han adoptado. Sí se reconoce que se ha provocado una severa distorsión en el funcionamiento de las oficinas del Poder Judicial, agravado por alguna disparidad de criterio en lo que tiene que ver con el funcionamiento de algunas sedes judiciales”.
Las instituciones que reúnen a los profesionales de esta rama del derecho consideran que hay un perjuicio hacia la ciudadanía, “sobre todo, los ciudadanos que requieren el acceso a la justicia, y en definitiva todos los involucrados estamos siendo perjudicados”, agregó Dávila.
La intención, señaló el presidente del colegio sanducero, es “minimizar las situaciones que se han ocasionado; exhortamos a una solución rápida y definitiva de la situación, a quien competa. El Colegio de Abogados de Paysandú y CADU están atentos a la evolución del conflicto y se reservan la facultad de reclamar a los responsables de esta situación que adopten las rápidas medidas que garanticen el acceso a la justicia”.
Dávila agregó que “al ciudadano común muchas veces no es fácil que nosotros le podamos transmitir y que pueda entender por qué la demora de los trámites. Al finalizar el año 2014, los últimos dos meses y fracción, se vio seriamente afectado el servicio de justicia, en definitiva, se vio seriamente afectado el derecho del ciudadano en cuanto a obtener un resultado satisfactorio. Vamos a reclamar las máximas garantías para el acceso a la justicia en la forma como lo mandatan las leyes”.

EL CAMINO DEL DIÁLOGO
El profesional manifestó que, por el momento, no están planteados otros caminos, más que profundizar el diálogo con las partes.
“Los reclamos son conjuntamente con las agremiaciones y asociaciones de colegios de abogados, de la mano de las resoluciones del CADU, en contacto con la Suprema Corte de Justicia y con las autoridades, por supuesto, para aliviar la situación. Nosotros creemos que la vía del diálogo, de la comunicación fluida, es la que tiene que resolvernos esta situación. No estamos pensando por ahora más que en estar atentos a la evolución del conflicto y que se normalice la situación que, sobre todo, afecta el servicio al ciudadano”, agregó.
Dávila señaló algunas de las situaciones que diariamente tramitan los distintos profesionales y que están pendientes de resolución, con plazos que se han visto estirados por el conflicto: “el ciudadano común nos reclama la resolución de una pensión alimenticia, una ciudadana que ha quedado con sus hijos en desamparo, de un conciudadano que reclama su situación de un juicio laboral que aún no ha cobrado sus haberes porque ha egresado, de una empresa porque tiene pendiente una resolución de un concordato, de una situación empresarial pendiente del Poder Judicial o del levantamiento de un embargo; un sin número de situaciones de actos procesales que para el ciudadano común son muy caros. Es muy necesario”.
La reunión entre los colegios y las autoridades de la Suprema Corte de Justicia está prevista para el próximo 26 de febrero, indicó Dávila, quien remarcó que “no es la legitimidad del reclamo lo que se cuestiona, es la preocupación que las instituciones tenemos para que el ciudadano tenga el acceso a la justicia de forma eficiente y con prontitud”.