Opinion | 19 Feb Una de las características que presenta el nuevo Parlamento, que tomó posesión de sus cargos este 15 de febrero, refiere al hecho de que confirmando la tendencia de los últimos años, es cada vez menor el número de parlamentarios que tienen formación jurídica y que por lo tanto tienen conocimiento suficiente para redactar leyes que reflejen tanto el espíritu como la forma de una iniciativa.
Según da cuenta El Observador, de los 130 legisladores que asumieron esta semana, solo 19 son abogados, profesión que tiene su importancia a la hora de abordar la redacción de leyes, ya que esa es una de las funciones centrales de un diputado o de un senador.
Legítimamente, el articulista del matutino sostiene que habría que preguntarse si, “por ejemplo, las leyes que en el gobierno de Mujica fueron ‘rebotadas’ por la Suprema Corte de Justicia resultaron producto de una carencia de abogados entre los legisladores. En el Parlamento hay comisiones. Todos los proyectos de ley pasan por esas comisiones a las que se convoca a expertos en el tema a legislar. A veces van allí los ministros de la Suprema Corte de Justicia, y les dicen a los legisladores que tal ley es inconstitucional, pero los legisladores van e igual la votan ¿Qué piensan los legisladores que van a hacer esos mismos jueces cuando les llegue la ley que, obstinadamente, el Parlamento intentó impulsar?”
Este es un aspecto que no puede soslayarse en la actividad parlamentaria, y es un tema el que nos hemos referido en más de una oportunidad desde esta página, por cuanto lejos de revertirse, este panorama se va acentuando, y tenemos que contrariamente a lo que ocurría hace unas décadas, la formación jurídica es ampliamente minoritaria en el Parlamento.
Ello no quiere decir, naturalmente, que el Poder Legislativo haya perdido necesariamente calidad o representación, por cuanto como es sabido, su integración emana de la voluntad popular y responde a la propuesta que formula cada partido ante el acto eleccionario y pone a consideración de la ciudadanía. Ergo, quienes están en los sillones son aquellos a los que el soberano ha llevado a recinto de las leyes, para trabajar por lo que consideran es la propuesta que más le satisface.
De todas formas, una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa, como reza el dicho popular, porque la redacción de leyes no solo requiere una evaluación política, sino adecuarla a la normativa vigente y a la Constitución, y en es en este sentido que se ha “patinado” una y otra vez en la anterior legislatura, y no precisamente porque faltara formación jurídica o no se tuvo en cuenta determinadas consideraciones, sino que simplemente se les ignoró por la mayoría frenteamplista.
Porque cuando no hay expertos en la redacción de leyes entre los legisladores, y lo que prima es solamente la visión política y la intención por sobre el marco legal, se corre el serio riesgo de que se repita lo acontecido con una serie de leyes que los legisladores de la Administración Mujica igualmente llevaron adelante contra viento y marea, y lo que es mucho peor, llevándose por delante el ordenamiento jurídico y constitucional.
Se trata simplemente de la recreación de la visión expresada una y otra vez por Mujica, incluso en foros internacionales como el Mercosur, cuando violentando la normativa del acuerdo regional se suspendió a Paraguay para darle ingreso a Venezuela proclamó que lo político está por encima de lo jurídico, lo que quiere decir lisa y llanamente que en esta óptica, si alguien manifiesta buena intención por hacer cosas, lo que menos importa es si la ley lo habilita o no, porque después habrá alguna manera de acomodarse a lo formal, si cuadra, cuando llegue el momento.
Al fin de cuentas la cosa va mucho más allá de que haya muchos o pocos abogados, aunque la formación jurídica siempre es un aporte muy positivo, sino que está de por medio la visión democrática y el apego a la institucionalidad, porque en todo caso, con el cuerpo de asesores con que cuenta el Parlamento o los propios abogados en cada partido, simplemente ateniéndose a la consulta a tiempo y de mente abierta, no habría lugar para que se dieran las patinadas y horrores jurídicos en que cayó la mayoría del Frente Amplio durante la anterior legislatura.
Ergo, el contar con muchos abogados no es una garantía absoluta, aunque sí una buena base, si realmente no se quiere cerrar los ojos y hacer lo que le canta a quien tiene la mayoría, y encima se da el lujo de cuestionar al Poder Judicial por cumplir con su cometido de indicar errores en las leyes e inconstitucionalidades que determinan su derogación, como ha ocurrido en más de una oportunidad.
Y no puede dejarse de lado, por las dudas, que además las leyes tienen un proceso legislativo expresamente indicado en la Constitución, y una “construcción” o redacción técnica que debe tener en cuenta, referencias, precedentes, citas y un andamiaje jurídico, además de no chocar y ser compatible con leyes ya vigentes, por lo que no se trata de solo voluntad política sino de saber hacer las cosas, con un cuerpo de asesores en materia jurídica pero también con la visión republicana de tener en cuenta su opinión y no descartarla simplemente porque no concuerda con lo que se quiere desde el punto de vista político.
Ello quiere decir que con más o con menos abogados, de lo que se trata es de tener una mejor formación democrática, apego a la legalidad y a prácticas tolerantes en el ámbito parlamentario, aunque ello signifique a veces tragos amargos, como en todos los órdenes de la vida.