Nacionales | 20 Feb El gobierno envió al Parlamento un proyecto de ley para perdonar la deuda que Cuba mantiene con Uruguay, “en mérito a las numerosas instancias de cooperación que nuestro país recibió de parte de la República de Cuba en distintos ámbitos”, señaló la iniciativa a la que accedió El Observador.
Entre los apoyos recibidos de Cuba, el Poder Ejecutivo destaca que “un convenio por el cual se formalizó la denominada ‘Operación Milagro’ a través de la creación del Centro Oftalmológico ‘José Martí’, ubicado en el Centro Hospitalario del Norte ‘Gustavo Saint Bois’, en Montevideo”.
“El objetivo de dicho acuerdo es restaurar o mejorar la visión en forma gratuita, a los ciudadanos de este país o de cualquier otro origen residentes del mismo, que no posean los recursos económicos necesarios. El gobierno de Cuba solventó durante muchos años enteramente los salarios de los médicos y profesionales cubanos y a partir de diciembre de 2011 nuestra República pasó a hacerse cargo de los gastos de funcionamiento básico”, subrayó el texto.
Desde la inauguración del Hospital de Ojos, el 29 de noviembre de 2007, se han practicado más de 50.000 operaciones de ojos y más de 130.000 consultas gratuitas. “Tomando en cuenta el costo promedio de mercado por la realización de dichas operaciones, las cuales rondan aproximadamente los U$S 1.500 o más, se puede apreciar fácilmente y sin dudas que se supera ampliamente el monto de la deuda a condonar”, remarcó el texto del proyecto, que menciona que la deuda de Cuba con Uruguay, al 31 de diciembre de 2013, alcanza los U$S 31,5 millones. La deuda fue originada el 3 de abril de 1986, en el ámbito de la Asociación Latinoamericana de Integración (Aladi) por cinco millones de dólares.

MÁS TURISTAS EXTRANJEROS RESPECTO A 2014
El subsecretario de Turismo y Deporte, Antonio Carámbula, informó que en enero arribaron unos 390.800 extranjeros, lo cual implica un 5,8% de aumento con respecto al año 2014, informó Presidencia.
Respecto a los datos sobre la Semana de Carnaval, hasta el momento se conoce que el movimiento de pasajeros en la terminal de buses interdepartamentales de Tres Cruces incrementó la cantidad de servicios de transporte un 4%, es decir unos 260 servicios, sobre todo hacia la costa atlántica uruguaya (Canelones, Maldonado y Rocha). “Hay mucha conformidad con los resultados turísticos de La Paloma y La Pedrera”, remarcó y destacó el incremento de argentinos en relación con enero del año anterior, unos 274.500 visitantes, lo que representa un 4,5% más. En cuanto a brasileños, Uruguay recibió un 20% más, unos 60.000 visitantes.
Por otra parte, Carámbula sostuvo que el ministerio de Turismo y Deporte espera la decisión de la Comisión de Seguridad y de la Comisión de Penas, ambas de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), sobre los hechos de violencia acontecidos durante el partido entre el Club Atlético Cerro y el Club Atlético Peñarol. Recordó que en 2014 la AUF aprobó y se comprometió con el nuevo Código de Penas recomendado por la Federación Internacional de Fútbol Asociado (FIFA), que determina sanciones económicas y deportivas, en el marco de un compromiso asumido incluso ante el Poder Ejecutivo. “El derecho de admisión es un acuerdo ya hecho con la AUF, debe hacerlo el organizador del espectáculo”, finalizó.

REFORZARÁN CONTROLES EN LAS CÁRCELES
A través de un comunicado, difundido por el Ministerio del Interior, las autoridades del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) expresaron “honda preocupación ante la ocurrencia de fugas de privados de libertad que se producen particularmente en establecimientos de confianza o mínima seguridad”.
El licenciado Jaime Saavedra, subdirector administrativo del INR, explicó que “la lógica de los centros de confianza o mínima seguridad seguirá su curso” aunque aclaró que “se han dispuesto las medidas necesarias para extremar los controles correspondientes a la normativa vigente” en centros de baja seguridad.
En esos centros de detención las medidas de seguridad “ceden espacio a las oportunidades de inclusión y reinserción como elementos principales de la progresividad y la rehabilitación hacia lo que será la vida de los mismos después de la prisión”, agregó el texto.
“Resulta incomprensible que individuos que recorren la última etapa de su rehabilitación abandonen ese camino y violen la confianza otorgada, circunstancia que les significará un agravamiento de su situación procesal”, señaló y advirtió que la confianza y la preparación para que los reclusos sean nuevamente incluidos en la sociedad “se ven vulnerados con la actitud de algunos que violan ese compromiso y pretenden debilitar la fortaleza de un sistema que se nutre con un alto porcentaje de cumplimiento de esas reglas de convivencia”. Los directores de las unidades están buscando “estrategias en conjunto con el personal para fortalecer el compromiso y la responsabilidad” de los presos alojados en Unidades de Confianza, añadió el jerarca.
Según informó El País, los establecimientos de baja seguridad o de confianza son aquellos que tienen como principal objetivo la preparación de los internos que recorren el final de su condena en un tránsito intermedio hacia el afuera. Unas 350 personas están recluidas en estos centros, del total de “algo menos de 10.000 que constituye el total de la población penitenciaria”, según el comunicado.
En tanto, las fugas representan un 0,125% del total de presos en nuestro país y un 2,5% del que corresponde a quienes están en estos centros de confianza. Del total de las fugas protagonizadas, casi la mitad han sido recapturados.

RESPALDÓ A LOS TRABAJADORES
El gobierno respaldó a los trabajadores de Ecolat y acordó con el Pit Cnt la apertura de un ámbito de diálogo para analizar la situación de toda la industria láctea. Los trabajadores y el Poder Ejecutivo pretenden que situaciones como las que se generó con el grupo empresarial peruano Gloria no se repitan en el futuro.
La Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) recibió a representantes de los ministerios de Industria; Ganadería, Agricultura y Pesca, y Economía para analizar la situación de la industria láctea en general y el caso de los 350 trabajadores despedidos tras el cierre de Ecolat. También participaron delegados del Instituto Nacional de la Leche, de la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL), el coordinador del Pit Cnt, Marcelo Abdala y el director del Instituto Cuesta Duarte, Milton Castellano.
El dirigente de la FTIL Carlos Cachón dijo a Montevideo Portal que los ministerios acordaron en que la situación de los 350 trabajadores es “prioritaria” y decidieron crear junto a la central sindical un grupo de trabajo que volverá a reunirse el próximo lunes, con el objetivo de generar una propuesta que los trabajadores de Ecolat puedan considerar en asamblea.
El cobro de seguro de paro y la capacitación por el Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) son algunas de las salidas buscadas por el sindicato. La absorción de los 350 trabajadores por otras empresas podría ser una posibilidad, aunque dependerá de “como se vayan dando las negociaciones”. La comisión no se ocupará solamente del caso de Ecolat, sino también de la industria láctea en general, pues según Cachón “hay consenso generalizado en que se necesita apoyo a la industria”. Añadió que la situación generada en Nueva Helvecia “dejó al desnudo lo que pasa cuando hay inversiones de este tipo”, en referencia a que “hay empresas a las que se le dan exoneraciones impositivas y después cuando se van no dejan nada”.
En tal sentido, los trabajadores consideran la posibilidad de que se instrumente un “fondo compensatorio” para “disminuir el impacto” del cierre de las empresas. En tanto, la FTIL mantendrá el paro nacional convocado para hoy acompañado de una concentración en la ciudad de Nueva Helvecia.

ARCHIVAN CAUSA POR VIOLENCIA DOMÉSTICA EN LAS FAMILIAS SIRIAS
La jueza Dolores Sánchez archivó la causa que investigaba a las familias de los refugiados sirios por presunta violencia doméstica, ante pedido de la Fiscalía. La doctora María de los Ángeles Camiño, que abrió de oficio la causa, decidió solicitar su archivo al no encontrar indicios de delito. El hecho surgió a partir de declaraciones del presidente José Mujica y una información publicada por El Observador que habría problemas de violencia doméstica en alguna de las familias que habían llegado a Uruguay. Por el caso fueron citados a declarar el secretario de Derechos Humanos Javier Miranda y el prosecretario de la Presidencia Diego Cánepa. La magistrada dijo al matutino que declaró el equipo de seguimiento que trabaja con las familias sirias y “no surgió nada que hiciera pensar en la existencia de algún ilícito”. Añadió que ”sin perjuicio de eso, estaremos atentemos a cualquier novedad que pueda surgir”.