Opinion | 24 Feb Hace pocas horas una multitud estimada en unas diez mil personas se volcó a las calles de Artigas, en protesta y a la vez reclamo ante las autoridades nacionales por la muerte de dos mujeres y un niño tras como consecuencia de una explosión de gas. Los heridos fueron trasladados tardíamente y por tierra hacia Montevideo, en un viaje de más de 10 horas a través de rutas en mal estado y pasando por territorio brasileño para evitar los peores tramos, porque el hospital de la capital artiguense carece de Centro de Cuidados Intensivos. Estos factores habrían sido determinantes para el trágico desenlace.
Pero en realidad tales problemas se dan en prácticamente todo el Interior, con especial énfasis en los departamentos ubicados al norte del río Negro, como hemos señalado en repetidas oportunidades.
No puede obviarse igualmente que la reforma de la salud, revindicada como una gran conquista por los dos sucesivos gobiernos de izquierda y uno de los temas emblemáticos de la gestión, presenta serias deficiencias, pese a sus grandes costos, que paga el ciudadano a través del impuesto Fonasa, porque en el Interior, más allá de algunos logros, se mantienen las deficiencias históricas y el centralismo exacerbado del sistema de salud. Además de la falta de medios locales, por la gravedad las heridas, se sumó al insuceso mencionado el mal estado de las rutas en Artigas y en buena parte del norte del territorio nacional, en este caso concretamente de las rutas 30 y 4, pero influyó asimismo la falta de coordinación y protocolos automáticos que se pusieran en marcha cuando se desaten emergencias de estas características. Los tres ministerios involucrados en el episodio de referencia, (Salud Pública, Transporte y Obras Públicas y Defensa Nacional, que tiene a su cargo un helicóptero equipado para traslados de emergencias médicas), procuraron deslindar responsabilidades, y en este sentido la ministra de Salud Pública, Susana Muniz sostuvo que no hay reproches hacia ASSE por haber decidido trasladar por tierra a las dos mujeres y al niño, cuando estaba a disposición el helicóptero de la Fuerza Aérea que podía hacer el recorrido en unas dos horas.
En el informe que se elevó a la ministra, se indica que ASSE se asesoró con el Centro Nacional del Quemado (Cenaque) el que recomendó el traslado en ambulancia cuando los pacientes estuvieran estabilizados, por lo que esto fue lo que se hizo.
Mientras se atendía a una paciente en el Hospital de Artigas, la FAU informó que tenía el helicóptero disponible, con un equipo conformado por piloto, copiloto, rescatistas, un médico y un enfermero.
Es cierto, el desenlace pudo haber sido igualmente fatal más allá de la demora del traslado, porque ello va en función de la gravedad de las heridas y las posibilidades ciertas de atención que puedan darse o no en determinado tiempo, pero en este caso también se sumó el déficit vial, por el mal estado de la ruta 30, al punto que parte del trayecto debió hacerse por territorio brasileño.
Estamos ante meras hipótesis, naturalmente, pero ello nos da un estado de situación y de las penurias que se sufren en el Interior y sobre todo en el interior profundo cuando se trata de atención médica. Incluso en ciudades importantes, como en este caso la capital departamental más norteña del país.
La descentralización, al fin de cuentas, ha sido muy acotada, en el mejor de los casos, siendo un elemento más propagandístico que real, más allá de medidas de contención en la primera trinchera de atención, porque en lo que refiere a la medicina altamente especializada, los avances que se pueden haber registrado han sido con cuentagotas. Tanto es así que todavía está sin concretarse, más allá de haberse aprobado en los papeles --salvo alguna modificación de último momento-- la instalación de un Instituto de Medicina Altamente Especializada (IMAE) cardiovascular en Salto y Tacuarembó, una prueba más de que el paciente del Interior está en una situación de clara desventaja respecto al de Montevideo cuando aparecen problemas cardiológicos o de determinada gravedad.
En el caso de las carreteras, asociado en este caso a los problemas de respuesta en tiempo y forma ente la emergencia, no es un secreto para nadie que la infraestructura vial sufre de problemas tanto agudos como crónicos por falta de inversión, por los elevados costos de reparación y de obra nueva, agravados por el tránsito de pesados camiones en el circuito maderero y de producción agrícola. Pero en un país donde el Producto Bruto Interno se cuadriplicó en poco más de una década, es claro que la verdadera causa del pésimo estado de la red vial es que el gobierno gastó la plata --la que tenía y la que algún día recibirá-- en otras cosas, dejando para atrás muchas inversiones que son fundamentales para mantener el país en crecimiento.
El punto es que no estamos ante problemas nuevos, sino una manifestación episódica de las mismas deficiencias históricas que se dan en nuestro país en estas como en tantas áreas, en las que el Interior sigue postergado desde el gobierno central, en una actitud que no es patrimonio de ningún partido sino de todo el sistema político, que más allá de lo enunciados de buenas intenciones reincide en las postergaciones hacia el país del norte del Santa Lucía, porque las prioridades siempre apuntan a la capital, y solo se desgarran las vestiduras cuando ocurren tragedias como la que mencionamos, que se olvidan al poco tiempo, para quedar todo como estaba hasta el próximo drama, y así sucesivamente.