Opinion | 03 Mar Nuestro país “ostenta” el para nada gratificante galardón de tener los combustibles más caros de la región y uno de los más onerosos del mundo. Este escenario no es nuevo pero, lejos de revertirse, se ha ido acentuando con el paso de los años y los gobiernos de todos los partidos.
Ni el actual como tampoco el anterior han sido la excepción. Hoy el Uruguay encabeza la estadística regional en los precios en dólares --con y sin remodelación de la refinería de La Teja-- y peor aún: tal como lo demuestra un informe de EL TELEGRAFO que dimos a conocer el último domingo de febrero, si nos regalaran el petróleo que actualmente importamos, igualmente no escaparíamos de tener los combustibles más caros de la región. Esto se debe al esquema de costos y presión tributaria que se aplica en Uruguay a los combustibles.
Los datos del informe de referencia no pueden dar lugar a equívocos: por ejemplo, para Ancap, el costo de producción de un litro de nafta Premium 97 octanos, incluido un margen de ganancia del 15 por ciento para la empresa, sería del orden de los 14,86 pesos. Imaginemos que algún país o petrolera que quiere ganarse el corazón de los uruguayos, decide regalarle a Ancap la nafta ya refinada, y por lo tanto, el costo de producción pasa a ser cero. Como el precio de venta al público es de $40,10 el litro, al realizar la resta (42,10-14,86) el resultado es el valor del litro de nafta Premium sin gastos de “fabricación”, a $27,24. Casi lo mismo que cuesta con todos los costos incluidos un producto argentino superior ($28) o la equivalente de Brasil, que está a 29 pesos el litro.
Es que en Uruguay a los costos ya exagerados de Ancap se le suma el costo del flete --unos 12 centésimos por litro (0,85 por ciento)--, y los gastos de distribución --margen de ganancia de los distribuidores mayoristas y los minoristas-- que son 3,42 pesos (15,6 por ciento), más la tasa de inflamables que se paga a la Intendencia de Montevideo (¿?), más el fideicomiso energético y la tasa de control de Ursea (aunque el total no supera el 1,5 por ciento). Solo con estos agregados, la nafta Premium llega a la estación a 21,98 pesos por litro.
Sin embargo, para la venta al público debe agregarse el Impuesto Específico Interno (Imesi) que suma 20,12 pesos, que es un valor fijo determinado por el Ejecutivo y no un porcentaje.
Aunque el informe carece de mucho detalle técnico sobre costos de otros derivados del petróleo que hacen a la ecuación y variables que puedan incidir, sirve para ilustrar en qué medida el Estado uruguayo paquidérmico e ineficiente contribuye tan solo a través de la venta de combustibles --los sobrecostos a la electricidad, el IVA, el IRPF y un sinfín de otros impuestos también recaudan con igual voracidad-- a diezmar la rentabilidad de la empresas uruguayas, y a limitar a los ciudadanos el acceso a un bien “suntuario” como es considerado el automóvil o hasta una moto, que también gasta combustible.
Es por eso en realidad que la baja internacional del precio del crudo, en los hechos, pasa a ser un aspecto secundario en Uruguay, aunque se haya llegado a la impactante caída del 60 por ciento, determinante para que los combustibles bajaran sensiblemente en todo el mundo.
Los datos del informe que damos cuenta son contundentes, y el costo-país montado sobre el surtidor de combustibles tiene una tremenda incidencia en la economía del país. Esa incidencia se da sobre todo en el transporte, parte fundamental de la cadena logística, y en la producción primaria, donde se utiliza extensamente el gasoil como insumo para levantar las cosechas, y los trabajos de campo, por mencionar solo aspectos inherentes a un país de base esencialmente agropecuaria. Al ser este un tema ya estructural --porque se mantiene desde hace varios años--, lejos de desmantelarse, el esquema sigue funcionando aceitadamente para seguir alimentado el aparato estatal, que lejos de reducirse aumenta período tras período, al extremos que todo lo que se recauda no alcanza para solventar los gastos y hasta hay un déficit fiscal de 1.900 millones de dólares que habrá que seguir pagando.
Es así que el gobierno dejó pasar una gran oportunidad, a principios de año, para ajustar precios y tarifas a muy bajo costo, porque el contexto internacional lo permitía, y por el contrario, optó por un ajuste fiscal silencioso y encubierto, porque la rebaja en los combustibles de dos pesos por litro --condicionada sí por los elementos recogidos en el informe-- es absolutamente irrelevante y, pese a caer los costos de generación, subió la factura de la electricidad, como también la de OSE.
Ello se traduce lisa y llanamente en pérdida de competitividad de la producción uruguaya, más allá del valor del dólar, y este es un lujo que no nos podemos dar como país.