Opinion | 05 Mar Hace pocas horas, al asumir su cargo como ministro de Relaciones Exteriores, Rodolfo Nin Novoa, esbozó los alcances del eje conductor de la política exterior que habrá de desarrollar como canciller de la administración del Dr. Tabaré Vázquez, instancia en la que expuso conceptos valederos que en buena medida apuntarían a retomar principios rectores de nuestra política exterior de los que se había apartado la cancillería anterior, priorizando determinadas visiones ideológicas afines al sesentismo de sectores de izquierda.
En este contexto, felizmente, se vuelve al principio de apelar siempre a la vigencia del derecho internacional por encima de las simpatías y el parecer del o los presidentes de turno, como lamentablemente ha ocurrido en el Mercosur y se recrea también en organismos recientemente creados, como la Unasur.
Debe tenerse presente que en julio de 2012 José Mujica era presidente pro tempore del Mercosur, y fue en esa oportunidad que sacó de la galera la frase-concepto de “lo político por encima de lo jurídico”, durante una cumbre en Mendoza, Argentina, para justificar las decisiones del bloque mercosuriano e intentar dar un marco “legaloide” al ingreso de la Venezuela de Hugo Chávez al bloque regional.
En esa oportunidad, la destitución del expresidente Fernando Lugo en aplicación de lo establecido en la Constitución paraguaya, con los votos requeridos en el Parlamento, fue el detonante de la decisión por presunta violación de la cláusula democrática del Mercosur. Paraguay igualmente no tuvo ni voz ni voto en el asunto y fue suspendido por sus socios debido a la destitución del presidente Lugo por el Senado guaraní.
En realidad ese argumento de anteponer lo político a lo jurídico --que equivale a decir que se puede torcer a voluntad lo que establecen las normas legales si hay de por medio intereses políticos-- ha sido una impronta que marcó la política internacional de Uruguay pero que también se ha manifestado en lo interno cuando se aprobaron varias leyes inconstitucionales, simplemente porque la visión política del gobierno de Mujica entendió que esas eran las prioridades.
Pero el lunes, el gobierno que encabeza desde el domingo el presidente Tabaré Vázquez envió señales que indican que habría un cambio alentador en el rumbo de la política internacional del país, y en este contexto, en su discurso de asunción, ante representantes de todos los partidos políticos, el nuevo canciller Rodolfo Nin Novoa anunció que no se “caerá en la tentación” de “privilegiar la política al derecho”.
Claro, no era necesario explicar a qué se refería Nin Novoa, que todo indica tiene un concepto más ajustado de lo que es el derecho internacional por encima de simpatías políticas e ideológicas, concepto este que ha acuñado desde siempre el Uruguay, porque si el derecho es fundamental en las relaciones internacionales, mucho más lo es para países pequeños como el Uruguay, que tiene en su vigencia un principio irrenunciable, sobre todo cuando se está ante gigantes que suelen apelar a la fuerza y a los hechos consumados para obtener sus objetivos.
Naturalmente, para quienes nos afiliamos a la tesis de que el derecho está por encima de toda otra consideración en el relacionamiento entre las naciones y en el libre juego de las instituciones democráticas, en los valores humanos, en deberes y derechos regulados por las leyes y por la Constitución y no por el talante del gobernante de turno, esta rectificación de rumbos no puede menos que causarnos profunda satisfacción y expectativas de que las cosas van a ir por otros carriles, en lugar de la “genialidad” y la especulación política.
Los partidos de la oposición coincidieron asimismo con el cambio que implementará el gobierno de Vázquez y con la valoración del nuevo canciller, que en su discurso se apoyó dos veces en la gestión internacional de Luis Alberto de Herrera, que definió como parte de “la mejor historia” del Uruguay.
Nin Novoa “enterró la doctrina de que lo político puede estar sobre lo jurídico”, dijo a El País el diputado y exvicecanciller colorado Ope Pasquet, quien destacó la “señal de que este gobierno se ajustará siempre al derecho internacional”.
El senador blanco Jorge Larrañaga compartió el discurso de Nin Novoa: “Cuando el canciller dice que lo jurídico está por encima de lo político, está dentro del concepto de república que nosotros hemos postulado”, comentó.
Nin Novoa se preocupó por contar con la asistencia de los exministros y subsecretarios de su cartera, al punto de que llamó por teléfono uno a uno invitándolos personalmente a la ceremonia, lo que es también una buena señal tanto al país como al sistema político, visiblemente descontento con la tesis de abandono de la legalidad por conveniencias políticas, hecho que sólo significa ausencia de garantías.
Y precisamente respecto a los nuevos rumbos el canciller subrayó que se descartarán “las visiones ideológicas” a la hora de comerciar, en lo que se vio también como una referencia directa a Venezuela, de estrecha relación política con el gobierno de Mujica.
Nin Novoa dijo que se debe actuar “con respeto a la libre determinación de los pueblos, por la solución pacífica de controversias, con integración comercial pero también productiva fundada en las necesidades de nuestros pueblos hermanos y no en visiones presuntamente ideológicas. Todo con la región, nada contra la región, pero con la exigencia del sinceramiento que obliga el actual contexto regional e internacional”, afirmó, al evaluar luego que “a nuestro juicio, los procesos de integración en América Latina no han alcanzado el desarrollo esperado y exigen sinceramientos impostergables”.
Es plenamente compartible además la idea de que el Mercosur se sincere y que se deje atrás la retórica vacía, que apueste a las concreciones y no a los discursos que luego no se cumplen, como insistió el flamante ministro, al tocar un punto álgido de nuestra política exterior siempre complaciente con los desplantes de los vecinos, sobre todo de Argentina. Bienvenidos entonces los cambios, aunque habrá que esperar a ver los pingos en la pista, porque ciertamente no todo comenzó con el gobierno de Mujica, y fue precisamente durante la presidencia de Vázquez que Venezuela desembarcó en Uruguay, con el Bandes, la participación en ALUR, el petróleo “regalado” a Ancap y los grandes negocios por casas de madera, etcétera; o cuando comenzó la Operación Milagro, que terminó costando 31,5 millones de dólares algo que sería gratis para nuestro país, por ejemplo.