Opinion | 11 Mar Al evaluar el marco de austeridad que dice pretender darle a su gestión al frente del Ministerio de Economía y Finanzas, el titular de esta cartera, contador Danilo Astori, no descartó que uno de los proyectos que se podría revisar para manejar criteriosamente recursos del Estado, es el emblemático y cuestionado Antel Arena, a construirse en el predio del ex Cilindro Municipal de Montevideo, a puro costo de Antel. Estas declaraciones están en consonancia con expresiones del propio ministro durante su visita a EL TELEGRAFO --en plena campaña electoral-- respecto a que las inversiones de las empresas públicas no deben contradecir al manejo de los recursos globales del Estado.
En efecto, al ser preguntado por nuestro director, Alberto Baccaro, sobre “si no es una contradicción que se haya tratado de crear un impuesto por 60 millones de dólares --el ICIR-- para invertir en caminos vecinales, que es donde sale la producción, pero al mismo tiempo se gastan 40 millones de dólares en el Antel Arena en Montevideo, y el Banco de la República piensa en otro tanto para hacer la sede nueva, consideró Astori que 'hay que tratar separadamente las inversiones de las empresas públicas'”, aunque coincidió en que “de todas maneras sí me parece que la puesta en práctica de estos proyectos tendría que ir acompasándose con el avance que el país pueda ir haciendo en el financiamiento global de las inversiones nacionales. Creo que asegurar la mayor coherencia posible en esos campos es por supuesto una propuesta razonablemente aceptable y yo estoy de acuerdo con ella”. (Nota publicada en la edición del 21 de mayo de 2014).
Ahora, es decir ya desde antes de asumir, ha insistido en la necesidad de revisar inversiones y ser austero en el Presupuesto.
En tanto, en declaraciones a un programa televisivo, Astori puso sobre el tapete la discusión sobre la necesidad de construir el megaestadio Antel Arena. “No descarto la posibilidad de que haya un nuevo análisis, no me puedo negar a eso”, dijo. Debe tenerse presente que el Antel Arena es un proyecto de la expresidenta del ente, Carolina Cosse, perteneciente al MPP y que hoy ocupa la titularidad del Ministerio de Industria, Energía y Minería, pero ya durante el anterior gobierno, Astori cuestionó el manejo discrecional del gasto en las empresas públicas, incluyendo a Antel, que el año pasado tuvo un déficit de U$S 276 millones.
La exorbitancia del gasto estatal parece una preocupación legítima de Astori, quien señaló hace pocas horas al diario El País que “una situación fiscal desequilibrada no solo puede neutralizar los objetivos que se plantearon para este período, sino que puede arruinar los avances realizados”. Y comentó que el gasto no podrá subir más de lo que lo haga el PBI, que este año subiría 3%.
El problema es que, como suele ocurrir, los proyectos responden a decisiones políticas y suelen trascender en su ejecución la gestión de una sola administración, por cuanto difícilmente pueda concretarse un megaemprendimiento en una solo período de gobierno, y sobre todo cuando su construcción no concita unanimidad, sino que es cuestionada, como en este caso.
Pero el problema es que a su vez todo emprendimiento debe desenvolverse con un mínimo de seguridad jurídica, y no es bueno que se diga una cosa, que se firmen contratos, que se gaste dinero y luego las cosas no se concreten. Además, se expone al Estado a juicios por indemnizaciones a empresas privadas que resultan perjudicadas por estas marchas y contramarchas, y es la población la que pone dinero para pagarlo.
En el caso del proyecto del Antel Arena, se trata de una iniciativa sin ninguna razón de ser desde el punto de vista lógico. Un gasto cuya única explicación razonable es dejarle algo a Montevideo tras una desastrosa gestión municipal. Mientras, por otra parte, el Estado busca desesperadamente recursos para hacer lo que tiene que hacer, y que no hizo por haberse distraído en proyectos que no son sustentables en el mediano y largo plazo.
El megaestadio montevideano entonces debería ser solventado por la Intendencia capitalina, solo que la comuna no cuenta con recursos para hacerlo y consiguió en la empresa estatal un aliado político que además pondrá la plata para sacarle las castañas del fuego. Lo que no es ninguna novedad en un país donde tampoco las intendencias se distinguen por una sana ni ponderada administración, solo que en este caso todos los uruguayos no tenemos por qué sacar dinero de nuestros bolsillos, de los sobrecostos que nos aplica Antel, para solventar la construcción de un estadio que en nada va a favorecer a Antel, sino que solo sirve a los intereses de la Intendencia de Montevideo.
Y mucho menos cuando no se apoya de la misma forma la preservación de edificios históricos en el Interior, como es el caso concreto del teatro Florencio Sánchez sanducero, cuya fundación de amigos ha planteado una y otra vez el requerimiento de apoyo desde organismos del Estado, al igual que otros emprendimientos en el Interior, y para los que no hay siquiera una suma cercana a las decenas de millones de dólares que costará el Antel Arena.
El punto es que en este caso se estaría a tiempo de rever el proyecto del Antel Arena, pues no es un hecho consumado, cuando el inicio de obras y la puesta en marcha de un emprendimiento ya condiciona decisiones en un país con determinada seguridad jurídica y el cumplimiento de normas. Igualmente se han dado algunos pasos, y según se denuncia desde la oposición, Antel ha suscripto un convenio de consultoría con la NBA Properties Inc. por un monto de U$S 570.000 más impuestos, el que ha sido observado por el Tribunal de Cuentas, con múltiples objeciones. A pedido de la Junta Departamental de Montevideo, el organismo de contralor elaboró un informe jurídico sumamente crítico sobre el acuerdo suscrito entre Antel y la comuna montevideana para la construcción.
El tribunal señaló que la construcción del polideportivo “no se encuentra dentro de los cometidos de Antel” y “viola lo preceptuado en el artículo 190 de la Constitución”, lo que no es poca cosa y se agrega a una decisión política netamente centralista, como fue en su momento también la Torre de las Telecomunicaciones de Antel durante una de las administraciones del expresidente Julio María Sanguinetti. Por lo que sobraría argumentación para darle un entierro de lujo a una obra faraónica e impresentable cuando se habla de racionalizar el gasto y tender a un país más igualitario.