Opinion | 08 Mar La accesibilidad a los productos informáticos y sus herramientas, comprendidas bajo las tecnologías de la información, ubican a Uruguay en el ranking de países mejor posicionados a nivel continental. Sin embargo, persisten los vacíos legales que imposibilitan aplicar normativas contra el abuso y por esa razón, aumentan los casos de conductas inmorales que comparten pornografía barata en las redes sociales, sumado a la violencia verbal que ejercen los usuarios de todas las clases sociales.
Es así que los jueces deben aplicar las figuras existentes en el Código Penal que no fueron pensadas para estas situaciones, tales como “atentado violento al pudor” o “violencia privada”, a pesar de constatarse que las denuncias se han triplicado, de acuerdo a los datos del Ministerio del Interior.
Los últimos casos involucran a localidades pequeñas. En San Ramón, donde viven 7.000 personas, debieron acostumbrarse al vocablo “viral”, que lejos de referirse a una patología orgánica, demuestra otro tipo de enfermedad asociada a una conducta transformada en costumbre.
Las imágenes que muestran a una adolescente de 15 años manteniendo relaciones sexuales con un joven de 20, en un parque a orillas del río Santa Lucía y otra adolescente en poses eróticas, demuestran los escasos límites éticos que tiene una sociedad.
En momentos de altos contenidos discursivos acerca de la violencia de género ante las 13 mujeres muertas desde comienzos del año, se observa un oscuro mundo paralelo en Internet, donde las redes sociales no tienen un límite real al acoso y la exposición de niñas, jóvenes y personas vulnerables.
Por otra parte, alcanza con ingresar a las redes para conocer el grado de violencia verbal existente en personas que habitualmente se muestran mesuradas, principalmente cuando participan en discusiones políticas. La intransigencia y baja tolerancia a las frustraciones o al pensamiento diferente, devuelven comunidades con una diversidad de asuntos no resueltos hacia sus propias internas. Es como si la pantalla extrajese los peor de nosotros, de la sociedad, sin medir consecuencias ni daños.
Como un joven salteño, que compartió las fotos íntimas de su exnovia menor de edad, o la difusión a través de WhatsApp de un video de contenido sexual grabado en Punta del Diablo, por el que tres jóvenes fueron procesados; dos de ellos por “atentado violento al pudor” y el tercero por “exhibición pornográfica”. O el caso de una joven desnuda y filmada por varios hombres manteniendo sexo oral en el baño del camping de Santa Teresa; o la difusión de dos videos íntimos de la boxeadora Chris Namús. Y así, la lista se vuelve “asombrosamente” interminable.
Cualquiera puede ser víctima de un delito informático, no obstante, las edades más vulnerables van desde 7 a 17 años, según la Sección Delitos Tecnológicos de la Dirección de Lucha contra el Crimen Organizado. Cuando la ley no alcanza, nadie mejor que la propia sociedad para cuidar a sus niños y jóvenes y demostrar su camino a la superación. Y la forma de hacerlo es reprobando estas actitudes, denunciando a los que así actúan, cortando las cadenas en lugar de difundiendo, y dando el ejemplo cada vez que decidimos participar en redes sociales con un actitud tolerante, midiendo lo que se expresa, procurando no ofender y razonando antes de poner los dedos sobre el teclado.