Opinion | 07 Mar En uno de sus primeros pasos como presidente, el Dr. Tabaré Vázquez anunció a los partidos de oposición que la próxima semana convocará a organizaciones sociales que han trabajado en el tema del consumo de alcohol a fin de acordar una ley de consenso para combatir esta adicción.
El jefe de Estado trajo a colación el tema cuando el diputado nacionalista Jorge Gandini le planteó que el Partido Nacional estaba a disposición para hacer algunos cambios en la ley de regulación del consumo de marihuana, oportunidad en la que el mandatario expresó que la ley de la marihuana no tendrá cambios, pero sí anunció su idea de combatir el alcoholismo.
Vázquez subrayó en este encuentro que “a propósito del tema de las drogas, vamos a trabajar mucho con el alcohol”, y acotó que “probablemente la semana que viene formaremos un grupo de trabajo con distintos actores de la sociedad civil, que han estado trabajando en el tema, para luego sacar una ley de consenso”.
En cuanto a las líneas de trabajo, adelantó que no va a perseguir el consumo: “No vamos a perseguir el consumo, no vamos a perseguir a la gente, no es eso, pero sí hay que tomar medidas y regularlo. Por eso el grupo de trabajo”, subrayó, y adelantó que va a convocar a la senadora nacionalista Verónica Alonso porque tiene “ideas al respecto”.
Tabaré Vázquez tiene como antecedente inmediato la aprobación durante su primera administración de la ley antitabaco, nada menos, la que resultó una norma exitosa y que ha contado con un alto respaldo social, lo que ha permitido que la sociedad se encuentre vigilante del cumplimiento de la norma y tenga un gran acatamiento de la población.
En este caso estamos también ante una droga social, y que a la vez de generar adicción tiene consecuencias inmediatas mucho más agudas y graves que el tabaco, al generar no solo la pérdida de calidad de vida del afectado, que suele derivar además en problemas laborales, sino también en la destrucción de la célula familiar, sin olvidar accidentes de tránsito y desavenencias que suelen terminar en actos de violencia, incluyendo serios problemas de salud y desenlaces fatales.
De ahí la importancia de combatir este flagelo, objetivo que incluiría restricciones en el acceso a la sustancia --ya rige para menores de edad pero se cumple muy parcialmente-- limitaciones publicitarias, nuevas exigencias para los vendedores que incluyen licencias especiales y pagadas, fuertes sanciones para quienes expendan a menores de edad y aumento de impuestos, aunque se reconoce que este último aspecto, si bien es ineludible, es el más delicado y difícil de aplicar.
Todo indica que ya hay una decisión tomada a nivel de gobierno, y es de esperar que se adopten acciones realmente eficaces y sobre todo que, una vez en marcha los instrumentos, se sea severo en los controles y las consecuentes sanciones, cuando correspondan, de modo de que no sea una norma más pour la galerie y que se tienda a reducir la incidencia negativa de esta droga en nuestra sociedad.