Opinion | 17 Mar Carecer de documentación o circular en contravención con las normas de tránsito son las infracciones más habituales. Esto se agrava particularmente en el caso de las motos, puesto que no son pocas las que circulan al margen de las ordenanzas municipales o la Ley Nacional de Tránsito.
En este sentido, la falta de permiso de conducir es una falta más frecuente de lo que puede suponerse a priori y, de acuerdo a datos relevados por la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev) en base a lo manifestado por conductores de diferentes lugares del país, el 19% de ellos reconoció haber recibido multas de tránsito en el último año por no poseer el mismo o tenerlo vencido.
Por otra parte, circular al margen de las ordenanzas municipales representa un peligro, en la medida que no se cumplan con previsiones de seguridad y aspectos técnicos, pero también una injusticia con los propietarios de motos que pagan los impuestos correspondientes.
Para ilustrar lo primero alcanza con decir que en un chequeo gratuito realizado por Unasev en 2014 en diferentes ciudades del país se pudo comprobar que la amplia mayoría de las motos no cumplen con los requerimientos mínimos. Por el contrario, solamente 1 de cada 3 pasó la inspección sin constatarle ningún defecto.
En tanto, al 40% de las motos inspeccionadas presentó algún defecto valorado como muy grave. Los neumáticos son el segundo grupo con mayor cantidad de motos con defectos, seguidos por el sistema de suspensión y el de transmisión, con algo más del 20% de las motos.
Ahora, siguiendo órdenes del Ministerio del Interior, las jefaturas de Policía de todo el país y la Guardia Republicana están haciendo controles con resultados contundentes, habiéndose incautado en el pasado fin de semana --y en sólo tres departamentos del país-- casi 300 motos que circulaban al margen de las ordenanzas municipales o estaban requeridos por la Justicia.
El tema no es menor y ataca un asunto al que hasta el momento no se le ha podido hincar el diente fuertemente: problema de armado de motos con partes, muchas veces de origen ilegal o al menos dudoso.
Asimismo, al menos en las ciudades del Interior, entre ellas Paysandú, la delincuencia motorizada es cosa frecuente, utilizándose estos vehículos (generalmente sin patente u otros elementos que permitan su identificación), en muchos casos robados, para realizar arrebatos o hurtos. En definitiva, la libertad y los derechos de unos deben terminar necesariamente donde comienzan los de los demás. La delincuencia vinculada al uso de motos debe ser combatida. No sólo a la responsabilidad individual debe quedar atada la seguridad en el tránsito, sino que el Estado tiene también una responsabilidad que cumplir.