Locales | 16 Mar SAO PAULO, 15 (AFP)
Cerca de un millón y medio de brasileños protestaron pacíficamente en todo el país contra la presidenta Dilma Rousseff, que enfrenta un complejo cóctel de tensión social, política y económica derivada en parte del gran escándalo de corrupción en Petrobras. La mayor protesta tuvo lugar en Sao Paulo, donde manifestaron un millón de personas, según la policía, en su mayoría vestidas con la camiseta amarilla y verde de la selección brasileña como en el resto del país.
Medio millón más de personas se manifestaron en otras 83 ciudades de Brasil, en protestas que igualaron las espontáneas marchas callejeras de junio de 2013. Parte de los manifestantes reclamaron el "impeachment" (destitución) de la presidenta, que comenzó su segundo mandato de cuatro años hace menos de tres meses, tras ser reelecta por un margen de apenas 3%.
Y muchos pidieron incluso una intervención militar que ponga fin a más de 12 años de gobierno del izquierdista Partido de los Trabajadores (PT), una paradoja en este día en que se cumplen justamente 30 años del retorno de la democracia a Brasil luego de una larga dictadura militar (1964-1985). Unas 50.000 personas marcharon hacia el Congreso en Brasilia, según cálculos de la policía. El hartazgo de la corrupción parecía ser la amalgama de muchos manifestantes que reclamaban desde un golpe militar hasta la protección del Acuífero Guaraní.
La popularidad de Rousseff cayó 19 puntos en febrero, a 23%, y la presidenta enfrenta una situación complicada en varios frentes, con la economía estancada, la inflación elevada y decenas de legisladores investigados por su supuesta participación en el 'Petrolao'.
Otras marchas realizadas el viernes pasado en apoyo de Rousseff y Petrobras por sindicatos afines al PT reunieron a 175.000 personas según organizadores, y 33.000 según la policía.
Al final de la jornada, dos ministros de Rousseff dieron una conferencia de prensa y dijeron que el gobierno anunciará en los próximos días "un conjunto de medidas para combatir la corrupción y la impunidad" y las enviará al Congreso para su aprobación. El ministro de Justicia, José Eduardo Cardozo, sostuvo que el actual "sistema electoral anacrónico es la principal puerta de entrada de la corrupción al país" y que por eso es urgente una reforma política que ponga fin a la financiación empresarial de las campañas electorales. El escándalo del 'Petrolao' develó que las principales empresas constructoras brasileñas destinaron millones a las campañas electorales del PT y otros partidos de la coalición, a cambio de contratos con la petrolera estatal.