Nacionales | 13 Mar Vehículos de alta gama, inmuebles, joyas, muebles y artículos varios han sido rematados desde 2010 hasta la fecha, a partir de las incautaciones realizadas en el marco de la represión de las actividades ilícitas. En ese contexto, el pesquero Perbes incautado en 2013 y varado en el Puerto de Montevideo será subastado el próximo 25 de marzo. Previamente, se realizará una exposición del buque en el puerto de Montevideo, para lo cual es necesario coordinar visita. Si bien las condiciones establecen que será rematado al mejor postor, la responsable del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, Elena Lagomarsino, estimó en unos 280 mil dólares el valor base de la subasta. El buque fue construido en 1973, tiene 38 metros de eslora, 7,60 metros de manga y 3,4 metros de calado. “Lo importante de este remate, es que lo realizamos con anticipación para evitar que se deteriore”, sostuvo Lagomarsino.
Vehículos de alta gama, inmuebles, joyas, muebles y artículos varios han sido rematados desde 2010 hasta la fecha, a partir de las incautaciones realizadas en el marco de la represión de las actividades ilícitas. En ese contexto, el pesquero Perbes incautado en 2013 y varado en el Puerto de Montevideo será subastado el próximo 25 de marzo. Previamente, se realizará una exposición del buque en el puerto de Montevideo, para lo cual es necesario coordinar visita. Si bien las condiciones establecen que será rematado al mejor postor, la responsable del Fondo de Bienes Decomisados de la Junta Nacional de Drogas, Elena Lagomarsino, estimó en unos 280 mil dólares el valor base de la subasta. El buque fue construido en 1973, tiene 38 metros de eslora, 7,60 metros de manga y 3,4 metros de calado. “Lo importante de este remate, es que lo realizamos con anticipación para evitar que se deteriore”, sostuvo Lagomarsino.
Según la normativa legal vigente, todos los bienes de estas causas pasan a la Junta Nacional de Drogas a fin de utilizar su producido en las políticas de prevención, tratamiento e inserción social tanto en los proyectos que se llevan a cabo desde la JND como a través de instituciones que trabajan en este tema desde la sociedad civil o directamente en la represión de tráfico de drogas y lavados de activos. Por eso, si bien la causa todavía sigue su curso, la Justicia autorizó su remate anticipado, lo que Lagomarsino catalogó como una política de buena gestión. Explicó que la Ley N°19.246 establece que para los remates judiciales de buque de bandera extranjera que sean adquiridos en estas ventas judiciales no es necesario presentar el cese de bandera ni su titulación anterior, por lo que puede solicitarse inmediatamente la bandera uruguaya, una vez adquirido el bien.
En principio, el producido de este remate quedará en la cuenta judicial hasta que se dicte sentencia definitiva, luego de lo cual será puesto a disposición de la JND. Este año también se prevé el remate de 15 inmuebles decomisados en distintos puntos del país y unos 40 vehículos de gran porte, adelantó la jerarca.

JUSTIFICAN EL GUARDIÁN
El Ministerio del Interior presentó una nota sobre el nuevo sistema de interceptación de llamadas con el título “Guardián: garantías para todos menos para la delincuencia”, donde el gobierno defiende el dispositivo e insiste en que solo será utilizado por disposición judicial. “Con este proceso digitalizado se garantiza la seguridad, confidencialidad, autenticación y no repudio (imposibilidad de negar el envío o recepción del mensaje que se firma digitalmente) de todas las etapas de la solicitud de interceptación legal”, señaló el artículo. Agregó que se trata de “un proceso 100% auditable, donde toda intervención o participación de cualquiera de sus actores queda registrada pudiendo ser verificada con certeza”. Este moderno sistema “pondrá al Estado uruguayo a la altura de los mejores de la región y el mundo en el combate a una delincuencia que evoluciona permanentemente”, informó El Observador.
Luego de ser presentarlo a la Suprema Corte de Justicia (SCJ), el ministerio capacitará a jueces y fiscales en ese nuevo sistema que unificará las interceptaciones de llamadas telefónicas y además permitirá monitorear mensajes de texto y correos electrónicos. Hay 22 dependencias del Ministerio del Interior que pueden interceptar llamadas telefónicas. El Guardián tuvo un costo de aproximadamente dos millones de dólares y un mantenimiento y servicio técnico anual de casi 200.000 dólares a cargo de la empresa proveedora.

PROPUESTA PARA RESOLVER CRÍMENES DE LA DICTADURA
El Pit Cnt y la asociación de expresos políticos Crysol, presentaron al presidente Tabaré Vázquez programas y recomendaciones para resolver los crímenes de la dictadura pese a no haber sido tomadas en cuenta por el mandatario para la integración del Grupo de Trabajo de Verdad y Justicia, creado el mes pasado. Las propuestas abarcan una ceremonia oficial y pública en la que el gobierno se responsabilice de los delitos ocurridos en la dictadura hasta la creación de un Plan Nacional de Memoria que unifique las acciones llevadas a cabo en paralelo por el gobierno y las intendencias. Además proponen el pedido de que jueces penales puedan abocar su trabajo solo a la resolución de estos delitos, “hasta que se resuelvan las causas de los derechos humanos, dada la edad avanzada de las víctimas y presuntos victimarios”, explicó a El Observador Gastón Grisoni, presidente de Crysol. Agregó que la idea es “alivianar transitoriamente” a los jueces a cargo de las causas, ya que “están haciendo un esfuerzo descomunal porque abordan temáticas muy complejas de hace 30 años y al mismo tiempo rapiñas, hurtos, homicidios, accidentes”. Dijo que la asociación se encuentra elaborando un proyecto de ley “como insumo” para el trabajo de la Comisión o de Presidencia. El mismo se enfoca en los derechos obligatorios y pensionarios de las víctimas del terrorismo de Estado.
Asimismo, el Pit Cnt elevó a Vázquez y sus secretarios un programa sobre el concepto de Verdad y Justicia que hoy será presentado a la prensa. “Tiene que ver con la visión que tenemos como movimiento sindical de por dónde tiene que caminar la concreción de este concepto retomado por Vázquez con la creación de la comisión”, dijo al matutino el secretario de Derechos Humanos del sindicato, Edgardo Oyenart. “Ni nosotros como organización de la sociedad ni tampoco esta comisión tiene que resolver los problemas de la Justicia. Los problemas de la Justicia los tiene que resolver el Poder Judicial”, manifestó. Añadió que aunque el Pit Cnt y la Comisión están “en la misma zona”, por organismos fuera del Gobierno que tratan la temática, el sindicato tiene “una trayectoria y mucho para aportar. Tal vez debieran habernos preguntado alguna cosa más”.

INDENTENTE DE CERRO LARGO DESPIDIÓ A 140 FUNCIONARIOS
El intendente de Cerro Largo Pedro Saravia despidió a 140 funcionarios del gobierno departamental, siendo la mayoría de ellos “cargos de confianza” del exintendente Sergio Botana. El despido masivo fue anunciado por Canal Doce de Melo, que dio cuenta de que una delegación de Adeom de ese departamento se encontraba en la sede municipal intentando destrabar el conflicto.
En declaraciones a Montevideo Portal, el presidente del sindicato, Oscar Coronel, dijo que solamente 25 de los 140 despedidos son funcionarios de carrera. El sindicato reclama por ellos y se encuentra en diálogo para asegurar el reintegro de al menos doce. Añadió que los demás “son cargos de confianza del intendente anterior, es mucha gente que entró en épocas de campaña”. Afirmó los trabajadores están “en medio de un lío político” entre los dos intendentes del Partido Nacional. Saravia, integrante del Herrerismo, asumió la Intendencia de Cerro Largo en febrero pasado cuando Botana, de Alianza Nacional, renunció para comenzar la campaña en busca de la reelección. Desde ese momento Saravia mostró su desacuerdo con Botana en varias acciones.

LEY DE MEDIOS EN SUSPENSO
El presidente Tabaré Vázquez había anunciado que el proyecto de reglamentación de la Ley de Medios ya estaba pronto para su consideración parlamentaria. Sin embargo ahora dijo a El Observador que esperará a los pronunciamientos de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) para avanzar y que una vez que esté el dictamen estudiará el camino a seguir.
Varios medios de comunicación, entre ellos canales de televisión abierta, presentaron el recurso de inconstitucionalidad de manera separada ya que los efectos de la inconstitucionalidad solo abarcarían a las empresas que hayan accionado el recurso. Los puntos objetados de la ley tienen que ver con funciones del Consejo de Comunicación Audiovisual que establece que si surgen problemas en el marco de las inspecciones a los medios podrá suspender las emisiones. Esto puede dar lugar a situaciones arbitrarias aseguran abogados constitucionalistas. En tanto el articulo 194 hace referencia a como los operadores deberán adecuar sus contenidos a base de las pautas que emitirá el consejo de comunicaciones. Esto podría afectar la libertad de expresión aseguran quienes recurrieron la ley.
Según informó Subrayado, la empresa Direct TV ya había presentado recursos de inconstitucionalidad el año pasado por dos artículos el que determina el total de suscriptores que puede tener las empresas de televisión por abonados, y que le permite al estado expropiar derechos exclusivos sobre ciertos eventos de interés general de tipo deportivo. Un integrante de la Suprema Corte de Justicia aseguró a El Observador que teniendo en cuenta los tiempos de la corporación y los cambios que se darán en el mes de junio, recién para fin de año podría haber un pronunciamiento de la Justicia.