Opinion | 19 Mar A pocos días de que las gremiales rurales denunciaran la creciente incidencia del abigeato en el sector y solicitaran a los poderes Ejecutivo y Legislativo que asuman el compromiso de impulsar y sancionar los instrumentos jurídicos necesarios para respaldar el accionar tanto del Ministerio del Interior como del Poder Judicial, el tema fue planteado en el Congreso de Intendentes cuando este órgano recibió a María Fernanda Maldonado, representante de la Federación Rural, quien fue recibida en audiencia, acompañada por Daniel Cazet y Pablo Crovetto, del Instituto Nacional de Carnes.
La representante de la gremial aseguró que “los productores rurales están muy preocupados por el tema seguridad” y “la preocupación no es solamente por el abigeato, sino también por la faena clandestina, así como el daño que se produce en instalaciones agrícolas”, así como los copamientos y los hurtos que están ocurriendo en el medio rural.
Previamente, varias gremiales rurales denunciaron en forma conjunta que la producción agropecuaria asiste con marcada preocupación a la creciente incidencia por el tema. “En toda la extensión del territorio de la República, comprendiendo todos los rubros, desde la ganadería y la agricultura hasta la producción granjera, los medios de producción están permanentemente expuestos a la depredación de particulares, pero fundamentalmente la integridad física de las familias rurales está amenazada. En vastas regiones del país, particularmente en las zonas cercanas a centros poblados, rubros como la producción ovina se han visto condicionados en su viabilidad ante la imposibilidad de enfrentar el daño cometido por la delincuencia”, indicaron.
Por su parte, con la finalidad de evitar una competencia desleal en el mercado cárnico y proteger la salud del consumidor, el Instituto Nacional de Carnes publicó un informe educativo que insta a la población a comprar la carne en carnicerías que tengan habilitación de la comuna local y del INAC, puesto que ese producto proviene de establecimientos de faena avalados por el Ministerio de Ganadería.
La frustración de los productores rurales se cruza más seguido de lo que se quisiera con un marco penal que no es lo suficientemente contundente como para castigar con severidad a los delincuentes, que operan generalmente en bandas organizadas y rápidas, con gran conocimiento de los movimientos de los productores y la propia Policía. Sin duda, es un problema grave y complejo pero cuya solución no puede dilatarse. Cuando se piensan en acciones para disminuir los delitos en las ciudades, no debería descuidarse este problema de la campaña, que está produciendo no solo pérdidas económicas, sino también un factor de temor y preocupación extra para los habitantes del medio rural.