Opinion | 22 Mar El 14 de marzo de 2014, el Poder Ejecutivo reglamentó la Ley 18.471 de protección animal y tenencia responsable, donde establece pautas por maltrato o abandono y realización de espectáculos públicos. La ley es clara al respecto y señala la obligación de instrumentar cuidados de los tenedores de animales, quienes deberán proporcionarles protección y bienestar.
La normativa vigente considera injustificada cualquier acción de maltrato que no esté motivada en la defensa propia, de un tercero o de otro animal, y define un caso de abandono si un animal permanece sin alimentación ni atención por más de 72 horas.
La ley faculta a la Comisión Honoraria de Bienestar Animal a adoptar las medidas que estime pertinentes para prevenir o evitar actos cuyas consecuencias provoquen un riesgo para la vida o integridad física de los animales. Esta iniciativa, que llevó más de dos años de trabajo, enumera cinco libertades básicas reconocidas por la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE): libre de hambre y sed, libre de incomodidades, inmunidad contra las enfermedades transmisibles al hombre u otros animales, asistencia sanitaria y otras exigencias para su bienestar. Además deberá registrarse ante la Comisión Honoraria de Bienestar Animal.
La ley regula al dueño de una mascota, quien deberá asumir la total responsabilidad ante cualquier tipo de daño a personas, bienes u otros animales que esta provoque, al tiempo que deberá tramitar una autorización con la comisión honoraria, que será extendida a quienes aprueben un curso que lo habilite como tenedor de razas potencialmente peligrosas.
Según la normativa, los refugios podrán ser estatales y bajo administración mixta o privada, deberán contar con la habilitación de la Comisión Honoraria, que a su vez determinará el número máximo de animales de cada refugio para asegurar la integridad de estos.
Finalmente, la ley establece que la citada comisión se encargará de inspeccionar y fiscalizar el funcionamiento de la ley, que prevé sanciones de hasta 500 Unidades Reajustables por tenencia irresponsable. A su vez, impulsará la creación de las comisiones departamentales, cuyos fondos dependerán de la recaudación a través del registro obligatorio de animales.
Sin embargo, a doce meses de la reglamentación de la ley no hay siquiera mínimos movimientos que signifiquen una esperanza para echar a andar una iniciativa legal, aprobada a raíz de los reclamos de las protectoras de animales en el ámbito nacional.
Mientras tanto, asistimos asombrados a situaciones tales como las ocurridas en costas del arroyo Malbajar, cercano a Sarandí del Yí, cuando un propietario encontró un vacuno muerto que había sido colocado en un tubo para ganado y descuartizado cuando aún vivía. O los hechos que diariamente relata la ONG Amigos de los Animales (Ongaap), que en los últimos días levantó del Vertedero Municipal un potrillo abandonado, de aproximadamente seis meses, con el casco de su pata posterior izquierda amputado a raíz de una bichera.
Las curaciones efectuadas con antibióticos que fueron adquiridos con escasos recursos de voluntarios no alcanzaron y dada la complejidad del caso, el potrillo murió a causa del tétano. Una situación similar tuvo lugar hace más de un año, con una yegua abandonada en la zona sur de la ciudad, aunque con mejor suerte, en tanto permanece alojada en un predio de Animales Sin Hogar (ASH) en Montevideo.
La gran pregunta permanece en el aire: si hacemos esto a los animales con total frialdad, ¿cuánto falta para el camino sin retorno de hacerlo a nuestros pares? De hecho, parece que el sufrimiento poco o nada importa, porque actuar bajo el anonimato sigue reportando el beneficio de la duda. Cualquiera pudo haber sido...
El intendente Mario Bandera planteó, en el último congreso de jefes comunales, la necesidad de convocar a la Comisión de Ganadería de la Cámara de Diputados para evaluar las posibilidades de endurecimiento de las penas contra la faena clandestina y el abigeato, pero es un año electoral y las fuerzas apuntan hacia otro lado.
La Federación Rural fue recibida en el último congreso y sus directivos manifestaron la preocupación de los productores por la seguridad rural. Además fueron lapidarios: el congreso “está omiso”, porque no participa en la Comisión Honoraria Asesora, a pesar de los reclamos ante la imposibilidad de discutir herramientas que lleven a la prevención del delito. No obstante, destacaron la labor de la comisión delegada de Paysandú.
Bandera resaltó el trabajo de la Brigada Especial de Prevención y Represión del Abigeato (Bepra), pero reconoció el escaso marco penal para respaldar al compromiso de la comunidad que convive con el problema. En ese encuentro, algunos jefes comunales reiteraron que “estamos en un tiempo de transición”.
El problema es que Uruguay se ha transformado en un eterno “período de transición” para resolver algunos aspectos acuciantes y si no es por una razón, entonces lo será por otra... Y el tiempo pasará ineludiblemente sin respuestas. Pero ya no estamos hablando solo de “robo de ganado”, sino de verdaderos sanguinarios que se muestran dispuestos a cualquier cosa.
La familia rural hoy está en peligro, porque quien es capaz de semejante salvajismo no se sabe hasta dónde puede llegar si fuese descubierto por alguien en plena faena. Y si por casualidad cayese en las manos de la Justicia, ¿qué pena le corresponde a un inhumano así? No es un delito menor.
Hay leyes para proteger a los animales, pero no han servido para nada hasta ahora. Las hay contra el abigeato, pero son muy contemplativas. También las hay contra la delincuencia común, en el campo no alcanzan.
En los últimos años, Uruguay se ha especializado en aprobar leyes en tiempo récord, varias de las que se tornan difíciles de aterrizar, fundamentalmente en el interior de los departamentos. Estos hechos también nos demuestran el filo de distancia entre instinto e inteligencia, y nos interpelan como sociedad al momento de definir situaciones que nos remontan a un pasado sin ley.