Opinion | 27 Mar A través de un comunicado que dio a conocer el martes, la Federación Rural ha transmitido al Poder Ejecutivo un planteo cuyo eje central apunta a que se generen condiciones para mejorar su competitividad, comprometida en el agro, como en otros sectores del quehacer nacional, por altos costos internos y a la vez una caída en los precios internacionales de las materias primas.
En este caso, fundamentalmente la Federación Rural exhortó a las autoridades de Ancap y UTE a que revean el precio de las tarifas que han sido fijadas en los últimos meses, porque deterioran la competitividad del sector.
Según el comunicado el sector rural advierte que “ante la persistente baja del petróleo, y en plena época de cosecha y siembra, se exhorta a quienes tienen la responsabilidad de fijar los precios del gasoil, a rebajar nuevamente el precio del mismo, pero en cifras que reflejen la realidad del mercado internacional”.
Agrega que “en un año en que los precios de los productos agropecuarios han sufrido un fuerte deterioro, una rebaja en el precio del gasoil significativa, ayudaría mucho a recuperar algo de competitividad y mantener la actividad del sector”.
“Asimismo, se exhorta a que se rebajen las tarifas de UTE, transfiriendo a la población aunque sea parte del ahorro que ha habido en la generación de energía en el último ejercicio”, finaliza el comunicado.
Por supuesto, la inquietud de los productores rurales no es nueva, sino que data desde hace ya bastante tiempo, porque los altos costos de la energía, entre otros insumos, agregado a la carga tributaria y el encarecimiento del país en dólares, lentamente han ido erosionando la competitividad, que más o menos se disimulaba por los elevados precios de los commodities.
Y los combustibles son clave en el esquema de costos. La semana pasada Ancap observaba el comportamiento de los precios del crudo Brent en los últimos tres meses y también las oscilaciones del tipo de cambio, aspectos fundamentales que componen la paramétrica con la cual el ente fija el precio de los combustibles.
En enero de este año, Ancap definió una rebaja en el precio de los combustibles de poco más de un peso en las naftas y algo más para el gasoil, pero prácticamente en forma unánime los operadores consideran que la rebaja es ridícula y que sin mayores sobresaltos el ente podría haber por lo menos duplicado el porcentaje de rebaja.
El punto es que Ancap tiene sus números en rojo, y el mantener los precios significa recomponer sus finanzas y llegar a un ajuste que mucho necesita, aprovechando la coyuntura de baja en los precios del crudo. En cuanto a la energía eléctrica, según las propias autoridades de UTE, la generación a partir de fuentes renovables permitió a UTE abastecer el 95% de la demanda en 2014, “gracias a los extraordinarios aportes hídricos en las cuencas, y a la instalación de los primeros parques eólicos de gran porte en el país”, según se establece en la memoria anual de la Administración del Mercado Eléctrico (ADME). Ello determinó que UTE terminará el año con un ahorro de unos 280 millones de dólares respecto al costo proyectado para abastecer la demanda, y el informe de ADME destaca que el año pasado fue aún mejor que el 2013 en cuanto a los aportes a las represas hidroeléctricas.
Pero haya sequía o haya inundaciones, suba o baje el petróleo, la constante es que siempre hay argumentos para que la energía siga siendo costosa en el Uruguay, constituyéndose en la más cara la región, en cualquier circunstancia; y este es el punto, porque los productores y la población, los clientes cautivos de los entes monopólicos, siempre están en las verdes y nunca les tocan las maduras.
Ocurre que las empresas estatales son fuentes de recaudación para sostener el funcionamiento del Estado, el que impone costos fijos en burocracia y otras demandas de funcionamiento de las dependencias estatales que no pueden disimularse con el argumento manido de la austeridad, que se menciona recurrentemente –lo usó incluso la Administración Mujica-- pero que nunca se da en los hechos, porque sigue aumentando el gasto estatal y quien lo sostiene es el sector productivo, el capital y el trabajo asociados, que son los que crean riqueza, mientras el Estado es el (mal) administrador de estos recursos, de los que devuelve solo una pequeña parte a la sociedad y retiene la mayor parte en su propio beneficio, a despecho del interés general.
Y una cosa son las coyunturas en que con ingresos extraordinarios todo este mal funcionamiento, ineficiencia e ineficacia del Estado se disimula, y otra muy distinta cuando a las épocas de vacas gordas suceden coyunturas con un escenario internacional no tan favorable, como el actual, y se notan los grandes costos que el Estado nos impone compulsivamente por la vía de impuestos directos o indirectos.
Tan es así, que a través de un informe EL TELEGRAFO demostraba hace pocos días que aunque nos regalaran el petróleo, tendríamos igualmente los combustibles más altos de la región, por los costos de funcionamiento de Ancap, pero más que nada por los impuestos que se aplican a los combustibles por el Estado para obtener recursos de rápido cobro.
No puede extrañar que por lo tanto, cuando ya los precios de nuestros productos exportables no son tan favorables en los mercados internacionales, los ruralistas tengan serios problemas de competitividad, porque a la hora de sacar las cuentas, constatan con lógica preocupación que los ingresos se han reducido y que los costos internos se han incrementado.
Ello lisa y llanamente les significa haber perdido gran parte de la rentabilidad o en algunos casos han pasado a números en rojo, empatando la ecuación si tienen suerte, pero sin perspectivas de invertir para potenciar sus emprendimientos si a la vez no perciben que desde el Estado hay por lo menos disposición para racionalizar el gasto y aliviar la presión sobre los sectores reales de la economía.