Opinion | 02 Abr En su informe macroeconómico 2015 “El laberinto: Cómo América Latina y el Caribe puede navegar la economía global”, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) indica que América Latina atraviesa un “laberinto” y que requerirá ajuste fiscal, porque la región “se enfrenta a varios años de crecimiento relativamente lento con algún riesgo macroeconómico potencialmente grave”.
Por supuesto, las evaluaciones y previsiones del citado organismo no deben tomarse como un pronóstico y mucho menos para ningún país en particular, porque se parte de un todo, cuando los países presentan importantes diferencias entre sí. Pero sí corresponde contar con estas evaluaciones como un contexto general de posible desenvolvimiento, porque toma en cuenta parámetros clave de la economía. Además, los correctivos y desempeños se basan en experiencias que dependen de las leyes de la economía.
El documento --al que accedió El País-- fue presentado en la 56ª Asamblea Anual de Gobernadores del organismo, que se desarrolla en Busán (Corea del Sur), y describe la situación que enfrenta la región como “un laberinto complicado por un conjunto de obstáculos económicos globales”, que “debe superar con éxito para encontrar una salida apropiada y concretar perspectivas económicas más sólidas”.
Cuando se habla de laberinto, se desprende que quien se encuentra inmerso en él debe buscar una salida, pero con la salvedad de que no hay un solo camino de salida, sino situaciones diversas y respuestas que no pueden ser iguales para todos los involucrados.
De todas formas, hay reglas de comportamiento que tienen que ver con el grado de vulnerabilidad a los vaivenes internacionales, como es el caso de la disciplina fiscal, infraestructura, diversificación de mercados, inflación, relación cambiaria, reservas internacionales, que establecen un diagnóstico del posible desempeño.
Y en ese contexto sí corresponde tomar en serio el informe del BID, que considera que la región enfrentará una serie de obstáculos este y los próximos dos años. Precisamente, uno de los obstáculos es “la posición fiscal”, ya que “los balances fiscales estructurales y reales se han debilitado debido, en gran parte, a un gasto fiscal creciente en ámbitos inflexibles”, aseguró el BID. “En los países que han alcanzado o se encuentran cerca del PIB potencial y con déficit fiscales estructurales relativamente grandes, es evidente que ha llegado la hora de introducir ajustes”, añadió.
En Uruguay, mal que nos pese, el ajuste fiscal comenzó antes de que Tabaré Vázquez asumiera la Presidencia de la República, cuando su antecesor, José Mujica, resolvió medidas para ajustar las cuentas, frente a un déficit fiscal de casi el 3,5 por ciento sobre el Producto Bruto Interno (PBI). El mecanismo fácil (en nuestro país) fue mantener los mismos precios de los combustibles aunque los valores del crudo cayeron a la mitad, así como subir las tarifas de UTE a pesar de que el ente manejaba la posibilidad de una rebaja, por la alta disponibilidad de generación y el bajo costo de producción.
Es así que este ajuste resulta ser de rápida percepción para recomponer las cuentas públicas, en línea con las directrices del informe del BID, solo que el ajuste se paga por el consumidor y también se paga en inflación y mayores costos de producción, de gastos comunes. En suma: un encarecimiento general, para un país que ya es caro.
Posiblemente este ha sido el mal menor entre las escasas alternativas a corto plazo, debido a que los recursos escasean y se gastaron sin retorno adecuado los ingresos extra que tuvo el Estado durante los años de bonanza. El otro camino pudo haber sido buscar una mayor competitividad y combatir la inflación, con una evolución beneficiosa, pero más lenta, menos segura.
Para el BID, “la mayoría de los países de la región requiere un ajuste fiscal. La composición de dicho ajuste dependerá de un conjunto de características de cada país. En aquellos países con altos ingresos tributarios, aumentar los impuestos que tienden a distorsionar los incentivos económicos podría ser contraproducente, y solo la disminución del gasto puede tener éxito para reducir la deuda”.
El organismo ubicó a Uruguay entre los “países con una brecha del producto positiva y un déficit fiscal estructural”. Así, Uruguay y Paraguay “están creciendo por encima de su potencial y la política fiscal es expansiva, lo que implica un peligro de sobrecalentamiento”, afirmó el BID.
“Una alternativa adecuada para estos casos sería moverse hacia una política fiscal más restrictiva”, agregó. En el caso uruguayo, para mantener la sostenibilidad de la deuda, el BID sugiere un ajuste fiscal del 0,5% del PBI. Según el organismo, Uruguay es uno de los países de la región que empeoró su balance primario estructural (en 1 punto del PBI) entre 2010 y 2014. Este es, precisamente, el aspecto en el que se está en deuda: de poco y nada servirá el ajuste fiscal si mientras tanto el Estado no racionaliza y reduce su gasto, para lo que es preciso no solo hablar de austeridad, sino practicarla con decisión, con disposición para pagar los costos políticos. Y eso está todavía por verse, pero es indispensable si es que realmente se quiere enderezar el rumbo en tiempos que no serán tan favorables en el escenario internacional.