AUNQUE SE DECLARÓ “SATISFACCIÓN”

Locales | 29 Mar La maratón del viernes en la Junta Departamental, con un total de cinco horas de sesión entre la Extraordinaria y el régimen de comisión general que escuchó a los enviados por el intendente, estuvo plagada de alusiones y acusaciones políticas, tanto desde la oposición como desde el oficialismo. Apenas iniciada la sesión extraordinaria --ya que la Junta no sesiona más de forma ordinaria hasta el 8 de mayo-- el presidente Francis Soca propuso pasar a comisión general para tratar dos puntos: las retribuciones recibidas por los cuatro directores generales y el encargado de descentralización con gastos de representación, las horas extra cobradas por dos directores y el informe de la auditoría realizada por el Tribunal de Cuentas de la República (TCR) sobre la administración de la 48ª Semana de la Cerveza, realizada en 2013 pero cuyo informe recién se conoció en diciembre de 2014.
Un hecho que no había trascendido pero se mencionó en sala fue que esa auditoría, que había sido solicitada formalmente por la Junta Departamental a moción de los ediles colorados y frenteamplistas, tuvo un costo para la Junta debido a que el TCR brinda ese servicio a solicitud y lo cobra, ya que trabajan técnicos especializados, y no se trata de un informe general, sino específico y hasta con varias reuniones de acopio de material y consultas, lo que motivó viajes de los técnicos expresamente desde Montevideo. Estaba citado el intendente Mario Bandera (que subrogó a Bertil Bentos cuando éste renunció para postularse a la reelección), como establece la norma, pero ingresaron a la sala tres representantes --los funcionarios de confianza política y abogados Martín Etchebarne, Roque Jesús y Mauro Soto-- quienes dieron la argumentación oficial sobre los dos temas. Si bien Bandera no concurrió oficialmente al llamado a sala, sí lo hizo como espectador.

GASTOS DE REPRESENTACIÓN
El edil colorado Mauricio De Benedetti comenzó con las preguntas sobre el pago de los gastos de representación, que según argumentó corresponden solamente al intendente y la secretaria general, y en el presupuesto quinquenal departamental se prevé el pago de unos 2.500.000 pesos por ese concepto, lo que no alcanzaría para pagarle los gastos de representación que cobran mensualmente las siete personas que lo perciben.
Los representantes oficialistas defendieron ese pago, argumentando que está previsto en el planillado del presupuesto quinquenal, pero ninguna de las partes quedó conforme y ambas siguieron manteniendo sus posiciones, una que era “ilegal” (la oposición) y la otra sosteniendo que estaba previsto en el presupuesto. Las disputas políticas se sucedieron en cuanto a las diferentes posiciones, incluyendo menciones desde ediles colorados y frenteamplistas de pasar el tema a la Justicia mediante una denuncia penal por una supuesta apropiación indebida.

LAS HORAS EXTRA
Se debatió luego sobre las horas extra cobradas por el director de Turismo, Andrés Manisse, (53 horas) y la directora de Desarrollo, María Dolores Alvarez, (50 horas) por haber trabajado en la 48ª Semana de la Cerveza. Luego de la exposición de los ediles interpelantes, que afirmaron que no era legal que cobraran por ese concepto cuando son funcionarios de confianza política grado Q 13, el abogado Martín Etchebarne admitió que se había cometido un error cuando se autorizó el pago de extras a esos funcionarios y afirmó que ya se había solucionado con la devolución de los montos mal pagados en 2013. Preguntado por los ediles porqué se demoraron dos años en darse cuenta que estaban mal pagados, dijo que se esperó el plazo necesario para tener la certeza que era un error de la administración.

LA AUDITORÍA A LA SEMANA
En este tema hubo dos posiciones muy claras, antagónicas e inamovibles. La oposición argumentó que el informe del TCR establecía claramente que hubo irregularidades que no fueron aclaradas en tiempo y forma por la Intendencia, mientras que el oficialismo, si bien reconoció que hubo “inconsistencias” y hasta “irregularidades”, se mantuvo en su posición en cuanto el balance de la 48ª Semana de la Cerveza “fue aprobado por el Tribunal de Cuentas”, según dijo Mauro Soto. Cuestionados sobre la falta de documentación, como recibos de pago a artistas y sus contratos, hubo diferencias, ya que por una parte se continuó con la argumentación del robo de documentos a la contadora contratada en 2013, pero paralelamente Roque Jesús mencionó --dando los números de recibos-- que el Comité de la Semana de la Cerveza tenía la documentación de los pagos hechos con recibos propios a varios artistas que reclama el propio informe del TCR, que dice que esos recibos no están en la documentación entregada.
Mientras Martín Etchebarne y en buena medida Roque Jesús se refirieron particularmente a cuestiones jurídicas en las preguntas realizadas por los ediles oficialistas, Mauro Soto fue quien se manifestó con cierta línea política en el debate, haciendo mención a temas que no estaban directamente vinculados al llamado a sala y haciendo referencia a otros casos donde actuó el TCR. También se explayó durante bastante tiempo leyendo pasajes de la Constitución de la República y hasta tratados de constitucionalistas y expertos en legislación administrativa.

DECLARACIONES Y RESULTADOS
Los ediles continuaron sesionando cuando ya eran pasadas las 0.30, y comenzó una ronda de opiniones y diferencias sobre lo aportado en sala por los abogados. Luego la oposición pidió un cuarto intermedio, retomando la sesión poco antes de la 1.
En ese ínterin, las dos posiciones elaboraron sendas declaraciones formales, las que fueron leídas en sala y votadas algunas en forma nominal y otras en forma general.
El resultado, como consignamos ayer y sale en página 5 de esta edición, fue una declaración en mayoría votada por los 16 ediles nacionalistas dando por “satisfactorias y completas las explicaciones dadas por los representantes del intendente”.
La moción de la oposición, que obtuvo 13 votos, acusó a la Intendencia de “falta de transparencia, violaciones a la normativa contable, administrativa y el Tocaf”, estableciendo también que “nos reservamos el derecho de remitir este tema a la Justicia”.