Opinion | 30 Mar No es una novedad el deterioro en la atención a la salud mental en Uruguay, donde se profundizan las carencias y se observa la imposibilidad de ingresar este asunto en la agenda de discusión política de los derechos humanos.
Durante años, los funcionarios y familiares de pacientes que residen en la Colonia Etchepare han denunciado que la jauría creciente en el entorno hospitalario mantiene en vilo, ataca y provoca lesiones a quienes atraviesan ese territorio que se mantiene alejado de las acciones sanitarias efectivas.
El hecho nuevamente colmó los titulares, a raíz de la muerte de un interno a causa de las heridas provocadas por un ataque de perros que prácticamente “lo comieron vivo” a escasos metros de la cocina de la colonia. Pero no se trata de un hecho aislado, sino que se han registrado otros ataques en estos días.
La jauría se compone actualmente de unos 150 perros y las autoridades se excusan en la ley de protección animal que no permite eliminarlos. Sin embargo, la manada salvaje no se formó de un día para el otro ni tampoco ocurrió por generación espontánea.
Desde hace años los vecinos de la zona comenzaron a tirar canes hacia el predio de la colonia, pero las autoridades no actuaron en su momento, cuando el problema era controlable. Ahora argumentan la imposibilidad que genera una ley que fue reglamentada en 2014. No obstante, el problema tiene larga data. Ya existía cuando los activistas por los derechos de los animales aún no tenían tanto protagonismo ni había una norma legal que prohibiera su exterminio.
Incluso demuestra la escasa colaboración de los organismos competentes en la materia, que pretextan la escasez de soluciones ante un asunto de gran magnitud. Hace más de cinco años se había planteado un proyecto de castración masiva que incluía la instalación de caniles y el desarrollo de una terapia ocupacional basada en el vínculo entre pacientes y animales, en el marco de un proyecto interinstitucional. Claro que, en ese entonces, había menos de 40 perros en la colonia y es obvio que la iniciativa se diluyó.
El agravamiento de este problema recurrente delata la incompetencia y desinterés de las autoridades que atravesaron las diversas administraciones para resolverlo. Además, queda demostrada la inconsistencia de sus argumentaciones, basadas en excusas interminables para evadir responsabilidades, ante una rama de la salud que hace años permanece en el abandono.
El sistema de salud mental en Uruguay es el gran “agujero negro” que ha sido altamente criticado por expertos internacionales en la materia por obsoleto, deshumanizado, aislado y estigmatizado, sin posibilidades de interacción entre pacientes y sociedad. Es el resultado de no haberlo incluido dentro de los discursos “políticamente correctos” y demuestra, nuevamente, que no rinde resultados tribuneros.