Opinion | 05 Abr La muerte de un paciente psiquiátrico en la Colonia Etchepare reveló la compleja trama que sustenta los derechos humanos en una América Latina con cabeza “progre”, pero de ejecución conservadora para determinados asuntos que no se pueden resolver dentro de la comunidad, ni siquiera mediante votación popular.
A raíz del fallo de la jueza Viviana Granese, quien ordenó la “erradicación” de más de 150 perros, los activistas salieron rápidamente a hacerse cargo de un problema provocado por la desidia e inoperancia de aquellos que deben llevar a la práctica las campañas de castración y control de una situación que --con el paso de las décadas-- se agravó.
Tras la reacción de las ONG, aparecieron los analistas con ojo crítico en la respuesta excesiva de los animalistas preocupados por el destino de los canes antes que por la vida de los internos y rechazaron las campañas desmedidas efectuadas a nivel mediático.
En realidad, es una consecuencia cantada desde el principio y en tanto no se levante la mira, la discusión seguirá centrada en la superficie. Vale decir: si una jauría no hubiese matado a un paciente, no estaríamos hablando ahora de las pésimas condiciones sanitarias en la que se encuentran al menos 800 pacientes de dos colonias pisiquiátricas.
Las reformas que se harán a partir del lunes en baños, cañerías, instalaciones eléctricas y humedad de los pabellones se llevarán adelante con los pacientes dentro de las habitaciones porque no existen lugares disponibles para su traslado. Y allí despunta el verdadero problema.
Los internos permanecieron años bajo condiciones edilicias paupérrimas que comenzarán a solucionarse a causa de una orden judicial. Sin embargo, la polémica estará centrada en otras discusiones hasta que no se resuelva el fondo de la cuestión. Etchepare y Santin Carlos Rossi “son peor que la cárcel”, dijo el doctor Ángel Valmaggia, quien renunció a la dirección de ambos centros por falta de apoyo político a los cambios que quiso realizar en su momento y reiteró que deberían cerrar por violación a los derechos humanos.
A esto se debe agregar la complicación que genera la continua derivación de pacientes judiciales (con problemas de conducta social o adicción a las drogas) que conviven con psiquiátricos (esquizofrenia o retraso mental). Esa alteración queda en manos de escasos recursos humanos con capacitación específica en edificios vetustos y olvidados concebidos para otros tratamientos, donde el asilo --como condición-- se transformó en una forma de vida.
En realidad, el Sistema Nacional Integrado de Salud y la sociedad no los integra, mientras son asistidos con lo que hay. La modalidad de colonia cerrada y alejada de los centros urbanos va camino a la extinción en otras partes del mundo. En Uruguay, por el momento, sigue siendo “progre” acotar los derechos humanos a asuntos relacionados con el pasado reciente y a los juicios políticamente correctos.