Paysandú, Martes 07 de Abril de 2015
Opinion | 01 Abr Aunque no se trata de una medida sorpresiva, tal como se han venido desarrollando los acontecimientos, no por ello resulta menos traumática la realidad que refleja el envío al Seguro por Desempleo de una parte de los trabajadores permanentes de la industria local Azucarlito, una empresa que contrariamente a lo que ha ocurrido con otros emprendimientos en nuestro país, se caracteriza por honrar sus compromisos y hacer frente al pago a proveedores y a organismos del Estado, como el Banco de la República.
Es cierto que en este caso del sector azucarero en particular, estamos ante una problemática muy difícil, por cuanto la industria local está lejos de ser una empresa paraestatal, como es el caso de ALUR, que se desempeña bajo el derecho privado pero se ha montado con dineros –y es parte del déficit-- de Ancap, y por lo tanto tiene una amplia espalda en el Estado para poder desenvolverse sin sobresaltos.
Pero en el caso del emprendimiento local, ha debido sortear una y mil dificultades a partir de su fundación a fines de la década de 1940, como fue también el caso de otras grandes industrias de nuestro solar, y debió reconvertirse décadas después a ser refinadora de azúcar crudo importado desde Brasil o Argentina, dependiendo ello de la coyuntura, por cuanto los costos hicieron inviable la industrialización de la remolacha azucarera, la que sin duda derramaba millones de dólares al año que dinamizaban la plaza sanducera, a través de pagos directos a productores como así también en infraestructura y servicios.
Los tiempos han cambiado, los costos también, y caída la protección sobre la remolacha, se ha montado esta refinación a través de una protección mucho menor, habida cuenta igualmente de que resulta imposible competir con materia prima local con la caña de azúcar que se cultiva y procesa en las zonas tropicales, principalmente en Brasil –en Uruguay esa producción tampoco es competitiva--.
Igualmente, a través de la logística del transporte del crudo brasileño en barcazas por la Hidrovía Paraguay-Paraná-Uruguay hasta el puerto de Paysandú, el refinado en dependencias mejoradas de la antigua planta y la cuota de venta en el mercado interno, así como en su momento la reconversión en explotación de montes de cítricos a través de Azucitrus, para más adelante participar en el mercado de generación de electricidad spot para la venta a UTE, la industria se fue amoldando a las circunstancias.
Aun así ha quedado sujeta a los avatares de todo emprendimiento productivo nacional y en el caso del azúcar, unido a los vaivenes de un mercado complicado y encima con ingreso de azúcar en forma ilegal que es vendido al consumo, pese a tener el destino de industria libre de gravámenes.
Pero sería una evaluación en exceso simplista explicar en un solo origen las dificultades de la refinadora, que se cierne además como una amenaza para la fuente de trabajo de unos 240 operarios entre permanentes y zafrales, por cuanto el primer obstáculo que tiene el emprendimiento corresponde al común denominador para toda empresa que opere en el Uruguay, sobre todo para el mercado interno: el costo país resulta agobiante para funcionar, para invertir, no ya para endeudarse.
Incluso el riesgo crece, porque lejos de promoverse un alivio fiscal, el Estado sigue pesando a través de impuestos y sobrecostos de tarifas --ni siquiera se busca un alivio por el lado de una rebaja significativa de los combustibles y de la energía eléctrica, por citar un ejemplo-- lo que limita seriamente el horizonte de todo emprendimiento.
No es culpa del gobierno naturalmente que Uruguay tenga un mercado interno pequeño y que por consiguiente las únicas inversiones para producción a escala sean las que tienen destino de exportación, y como todos sabemos, a mayor escala se abarata el producto final.
Debe hacerse la salvedad de que con un país tan caro como el nuestro, incluso los salarios en dólares, que igualmente deben lidiar con precios también caros, influyen negativamente en la ecuación de costos, y es así que cuanto mayor valor agregado tenga un producto o un servicio, más caro resultará para el cliente y perderá competitividad ante sus similares importados cuando debe salir a competir en el exterior.
Estas carencias podían haberse más o menos disimulado cuando gozamos de una década muy favorable en cuanto al contexto internacional para nuestros productos y el costo del dinero, pero ya en una coyuntura neutra los problemas reaparecen en su real proyección, y el hecho de que somos caros para producir es sin duda el factor que más impacta en la problemática de nuestros emprendimientos.
El punto es que no hay varita mágica a la que se pueda apelar en estas circunstancias, y mucho menos cuando estamos ante un proceso que no empezó ayer, sino que se ha desarrollado sistemáticamente sin que desde el gobierno se haya realmente comprendido cabalmente la situación o si efectivamente se hizo, se optó por seguir pateando la pelota para adelante por no pagar costos políticos.
Es que de una forma o de otra desde el Estado, el principal responsable de esta situación, se tendría que compensar de alguna forma los sobrecostos que aplica sin tregua, para que el país productivo, el del valor agregado, el de la innovación, cuente con alguna posibilidad de asomar con mejor perspectiva que la de una frustración inevitable, a la que solo habría que poner fecha si no se cambia la pisada.
Confiamos sí en la capacidad empresarial de emprendedores como los que fundaron y siguen adelante con Azucarlito, como otras industrias y emprendimientos locales, y es de esperar que tengan la visión --también necesitan una dosis de suerte, como en todos los órdenes de la vida-- para acometer con éxito los grandes desafíos que tienen por delante, porque a ellos va además atada la suerte de Paysandú.
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