Opinion | 07 Abr Buscando “avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres” y “subsanar las desigualdades existentes”, el Instituto Nacional de Colonización implementó la titularidad conjunta para matrimonios y uniones de hecho en la adjudicación de fracciones en arrendamiento, cuando no se trate de una concesión grupal.
El INC sostuvo que se trata de una estrategia para afrontar la inequidad con respecto al acceso a la tierra, considerando a los integrantes de la pareja como la unidad de sujeto de derechos y obligaciones debiendo suscribir los cónyuges los contratos de arrendamiento correspondientes.
“El objetivo es avanzar en la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, subsanando las desigualdades, ya que Colonización tiene solo un 12 % de mujeres como titulares de la tierra”, explicó la presidenta de INC, Jacqueline Gómez.
Lo cierto es que aunque se trate de un avance en el reconocimiento de la mujer al poder figurar jurídicamente como co arrendataria, es una medida que aumentará el porcentaje de arrendatarias pero que por sí misma difícilmente introduzca cambios en la realidad cotidiana y ayude a disminuir la desigualdad que enfrenta la mujer rural en diferentes aspectos.
Si de dificultades y desigualdad en el medio rural hablamos, sería también interesante fijarnos en la situación de mujeres que trabajan en lo que se denomina Empleos Rurales No Agrícolas, es decir, en diferentes actividades menos en el sector agrícola primario (ganadería, agricultura, silvicultura o pesca).
Se trata de mujeres que generan ingresos que son clave para su autonomía económica y para la seguridad alimentaria de las familias y, en general no son reconocidas ya que faltan políticas específicas para mejorar sus condiciones de trabajo.
En Uruguay, según un estudio de la FAO, más del 40% de las mujeres con residencia rural tienen Empleos Rurales No Agrícolas y existen diferencias entre sus salarios e ingresos y el de los hombres para un mismo trabajo y calificaciones parecidas.
Por otra parte, las políticas y programas públicos de toda Latinoamérica carecen casi totalmente de menciones a la importancia del Empleos Rurales No Agrícolas entre las ocupaciones principales de las mujeres rurales. Lo mismo ocurre en las organizaciones de mujeres rurales, cuyas acciones y demandas generalmente se enfocan a la mujer campesina y al tema de su acceso atierras. Uruguay no está ajeno a esa realidad. Muy por el contrario, los pocos datos que existen al respecto dan cuenta de la necesidad de incorporar esta categoría a los análisis para así elaborar políticas que reconozcan y evalúen la importancia numérica del Empleos Rurales No Agrícolas, su aporte a los ingresos del hogar, las diversas actividades que abarca y el peso del empleo asalariado, generando así posibles acciones para mejorar la inserción de la mujer.