Opinion | 06 Abr El Ministerio del Interior resolvió que las jefaturas de Policía a nivel nacional lleven adelante los operativos “Impacto” para bajar el delito de rapiña, que en los últimos años no ha parado de crecer y se ha transformado en un tema de discusión política, con escasa resolución durante la última década.
Antes de asumir el presidente Tabaré Vázquez, durante un encuentro denominado “Qué hicimos y qué haremos: charla sobre seguridad” realizado en el hotel NH Columbia, anunció su compromiso de “frenar el crecimiento de las rapiñas y, en cinco años, reducir el número de hurtos y rapiñas en un mínimo de un 30%. Y vamos a cumplir”, remarcó.
Posteriormente, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, dijo que la promesa efectuada por Vázquez es “perfectamente posible”. Sin embargo, se escudó en otros aspectos para aclarar que “no era posible cuando ingresamos, porque costó una restructura a la policía y la incorporación de elementos de tecnología, armamentos, vehículos” y un largo etcétera que no mencionó, en tanto atravesaba las polémicas partidarias con miradas dispares incluso hacia su propia interna, con “sensación térmica” incluida.
Hace un mes que asumió Erode Ruiz al frente de la jefatura fernandina y ya logró que ese delito descendiera un 29%. ¿Cómo lo hizo? Sacó de circulación --tras férreos controles-- a las motos “flojas de papeles” o denunciadas como robadas porque estos vehículos se transformaron en el arma con mayor potencia para concretar una rapiña.
A pesar de que en plena campaña electoral hacia las municipales del 10 de mayo, tal “impacto” podría favorecer al gobierno frenteamplista, es relevante aclarar que Ruiz asumió su cargo en medio de un escrache por su supuesta responsabilidad en un caso de acoso sexual a una funcionaria y su identificación como jefe del operativo y “activo represor” en los sucesos del Hospital Filtro, en 1994, durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle.
Forjado bajo el perfil de un duro policía, Ruiz comandó durante varios años el servicio de Radiopatrulla capitalino que siempre se identificó como la “primera línea de fuego”. Hace un mes, fuentes frenteamplistas de Maldonado anunciaron la realización de una asamblea para elevar un petitorio formal al Ministerio del Interior y conocer las causas de esta designación, mientras las aguas se dividían entre quienes apoyaban al jefe y quienes reclamaban su remoción. Veremos si, a la luz de estos resultados, suceden tales encuentros...
Ahora resta su instrumentación en un territorio con realidades propias, donde se deberá solucionar el hacinamiento carcelario y la reincidencia delictiva a 30%, según la promesa del mandatario. Además, el presidente proclamó que durante su administración serán “muy duros con el delito y la reincidencia, pero más duros todavía con las causas sociales y culturales del delito”. Sus palabras resultaron mucho más que suficientes para comprobar que el problema existía y preocupaba a las comunidades. Solo tenía que decirlo Vázquez.