Opinion | 13 Abr La asunción de todo nuevo gobierno es una oportunidad para pasar raya, en el área que sea, evaluar realidades y establecer diagnósticos a partir de los cuales formular soluciones a problemas que en muchos casos subsisten por años y décadas. Quiere decir que por lo menos se necesitaría una visión diferente o la búsqueda de mejores instrumentos que precisamente sean funcionales al diagnóstico y las propuestas que surjan a partir de esta valoración.
Esta premisa es aplicable al ámbito de la enseñanza, que sigue presentando carencias, más allá de diagnósticos y evaluaciones autocomplacientes que son claramente desmentidos por la realidad que los ciudadanos apreciamos a diario.
Además, a medida que se avanza en los niveles educativos, se van captando situaciones que provienen de escenarios que se generan en la infancia, el núcleo familiar y la sociedad, por lo que las alternativas sobre posibles correcciones no solo son acotadas sino que muy difíciles de implementar porque deben referir a hechos consumados y en la vida no es posible volver atrás, suponiendo además que se de en el clavo sobre los orígenes y se contara con instrumentos viables para hacerlo.
Por lo tanto, en realidad se van tomando situaciones que se han ido acumulando en los sucesivos ámbitos y que decantan en la educación terciaria, cuando el estudiante llega a este nivel, y por supuesto la evaluación objetiva no puede solo circunscribirse a lo que ocurre en el período en el que el estudiante concurre a las aulas universitarias ni su desempeño posterior profesional tras egresar, sino que tiene un contexto mucho más amplio.
Así, es incorrecto analizar el panorama en la rama terciaria si se la toma aislada de un contexto general de la educación en Uruguay, por cuanto no es una sorpresa para nadie que la Universidad es receptora de problemas que decantan desde las etapas anteriores y que se profundizan en Secundaria, donde aparece potenciado el déficit, aunque también en este caso arrastrando carencias que ya se gestan en Primaria y la infancia preescolar.
Y más allá del respeto a la autonomía universitaria, hay una serie de aspectos concatenados en la problemática educativa que no pueden disociarse de la realidad socioeconómica del país, y que sin dudas forma parte de las situaciones negativas planteadas en toda su gravedad en la educación terciaria, que no pueden resolverse ya apretando las clavijas en esta etapa de la educación.
Estos y otros elementos significativos deben tenerse en cuenta en las políticas educativas del gobierno que asumió 1º de marzo, con ingredientes como la experiencia negativa que por ejemplo ha resultado la aplicación de la Ley de Educación que precisamente fuera aprobada durante la primera presidencia de Vázquez, que no atacó ni siquiera superficialmente los graves problemas de la enseñanza y en cambio consolidó vicios y el accionar del poder sindical ensoberbecido en el ámbito de la educación.
Uno de los principios cuestionados es priorizar la “inclusión” de los jóvenes más allá de la calidad o reorientación de los programas hacia la realidad de la demanda laboral o formación profesional, porque en realidad solo se trata de ganar tiempo o disimular la gravedad de los problemas, que igualmente van a aparecer por las deficiencias en formación que se arrastran desde Primaria y Secundaria, y que conspiran contra la calidad de la capacitación y el posterior desempeño profesional.
Igualmente, en el haber tenemos un aspecto en el que se ha trabajado y mejorado respecto al escenario de años anteriores, que es la descentralización de la Udelar, aunque todavía con logros muy parciales. Los datos del censo universitario indican que el 58,5% de los estudiantes de grado de la Udelar provienen de Montevideo, mientras que el 38,6% es del Interior y un 2,9% son extranjeros. Sin embargo, todavía el 90% de los alumnos cursan sus carreras en la capital.
La Udelar ha llevado a cabo una serie de acciones para llevar sus servicios al Interior, que son por lo menos un paso en la buena dirección pero sin que por ello pueda soslayarse que el 90 % de los estudiantes sigue cursando sus estudios en Montevideo, sobre todo en las carreras tradicionales, y no es un dato positivo que el crecimiento de la matrícula estudiantil siga registrándose en sectores donde no existe la mayor demanda laboral ni requerimiento de profesionales.
Por lo demás, pese a la gratuidad, en los hechos la Educación Terciaria en Uruguay es todavía un ámbito con una exacerbada representación de las clases más favorecidas económicamente, como surgen de los datos de la matrícula --más allá de que la intención no sea esa-- y por lo tanto la falla radica en los instrumentos que se utilizan, que no han podido con una realidad que es muy compleja.
Así, teniendo en cuenta diagnósticos, las nuevas autoridades de gobierno --como también de la Educación Terciaria-- deben hilar muy fino y actuar en forma coordinada para detectar el origen e identificar posibles respuestas en esta problemática, sin ceder a las presiones de corporaciones y gremios que, como regla general, formulan planteos en defensa de sus intereses.
En tanto, el gobierno y las autoridades de la enseñanza, que tienen sobre sus espaldas la representación de la ciudadanía, deben tener como premisa atender el interés general por encima de estas presiones distorsionantes.