Opinion | 10 Abr El gobierno de Grecia logró desactivar este jueves la crisis al pagar un nuevo tramo de 460 millones de euros al Fondo Monetario Internacional (FMI), con lo que consiguió sortear la quiebra una vez más, pero la grave situación económico financiera que vive este país está lejos de disiparse.
En realidad con este pago Grecia ha logrado ganar tiempo, mientras los problemas de liquidez se agudizan, ya que debe afrontar el pago de salarios y pensiones y nuevos vencimientos de créditos en las próximas semanas, y tendrá que buscar de donde sacar recursos.
Se trata del único pago que el gobierno del izquierdista Syriza debe abonar al Fondo en abril, después de que en marzo devolviese 1.589 millones de euros en cuatro plazos, pero mal que bien Grecia se financia por sí misma desde agosto, cuando recibió el último tramo de ayuda, y hasta ahora ha cumplido todas sus obligaciones con el Fondo y el Banco Central Europeo (BCE).
Sin embargo, y pese a conseguir evitar la bancarrota a la que el país estaba abocado si, como se especulaba, decidía solicitar el aplazamiento del pago de este jueves, los problemas de financiación continúan planeando sobre la economía helena.
Ocurre que el gobierno logró un amplio respaldo en las urnas en las elecciones en que resultó electo, bajo la promesa de “no más austeridad” y el desconocimiento de la enorme deuda externa, pero la realidad suele ser terca, y en la economía internacional no da buenos dividendos quedar como un paria.
Así, el ministro de Finanzas, Yanis Varufakis, dejó claro el pasado 5 de abril en su reunión con la presidenta del FMI, Chistine Lagarde, que Grecia afrontaría “todas sus obligaciones” con los acreedores.
Cuando Alexis Tsipras asumió las riendas del gobierno a finales de enero empezó la renegociación del segundo programa de rescate con los acreedores internacionales que antes conformaban la troika, el FMI, el BCE y la Comisión Europea (CE).
Según ha trascendido, el Grupo de Trabajo del Euro --que en su reunión analiza las propuestas griegas-- ha dado un ultimátum de seis días al gobierno de Tsipras para que presente propuestas que puedan ser aceptadas por los acreedores en materia financiera, laboral, de pensiones y privatizaciones, de forma que el Eurogrupo del 24 de abril pueda alcanzar un principio de acuerdo.
La decisión que el BCE tomó en febrero de no aceptar los bonos helenos como garantía en sus operaciones de refinanciación ordinarias ha agravado la escasez de liquidez de las arcas estatales que desde entonces ha ido en aumento, y este 15 de abril Grecia debe abonar 500 millones de euros en salarios y pensiones, un gasto que al mes asciende a algo más de 1.000 millones de euros.
Por cierto que no le va a resultar fácil a Grecia salir del pozo en que se encuentra sumergida, debido a que durante muchos años, como hicieron otros países europeos, ha vivido por encima de sus posibilidades y aumentado el gasto público, como si fuera posible vivir en un déficit fiscal eternamente.