Opinion | 13 Abr Antes de cumplir dos meses en el gobierno, Tabaré Vázquez deberá asumir la primera marcha sindical en rechazo a la firma de un acuerdo de comercio y servicios (TISA, por sus siglas en inglés), que apuran Estados Unidos y la Unión Europa, y en contra de la reestructura del Fondes, ya resuelta a través de un decreto sin consultas.
La movilización, convocada por los sindicatos con mayor poder en la interna de la central de trabajadores, reafirma sus reclamos en un año de definición presupuestal, donde el Parlamento adoptará resoluciones que incidirán en puestos de trabajo, tales como las inversiones en obras públicas, donde se concentra más del 30% de la fuerza laboral de la construcción.
En las pancartas también figurará el conflicto existente en la regasificadora de Puntas de Sayago por el envío al seguro de desempleo a unos 700 operarios contratados por la constructora brasileña OAS y la participación de los gremios en la elaboración de los pliegos de licitación para la construcción de proyectos públicos, como forma de asegurar un mínimo de mano de obra local.
En relación al TISA, se recordará que el presidente Vázquez se enteró por los medios de comunicación de la existencia de un acuerdo que algunos legisladores oficialistas reconocieron que nunca pasó por el Frente Amplio, ni por el Parlamento. Incluso otros estiman que el TISA es más perjudicial que el Tratado de Libre Comercio (TLC) que ya fue rechazado. Sin embargo, tanto el canciller Rodolfo Nin Novoa, como el ministro de Economía, Danilo Astori, consideran que “es mejor estar que no estar”.
Entre el desconocimiento presidencial, la desconfianza parlamentaria y la espera por una decisión favorable de su entorno cercano, trascienden acuerdos defensivos entre países ansiosos por acordar por fuera de la Organización Mundial de Comercio (OMC).
Las relaciones estancadas entre el Mercosur y la Unión Europea incluían la liberalización de los servicios, cuyo amplio crecimiento en cualquier parte del globo demuestra el interés de países blindados, como China, que --a pesar de contener grandes monopolios estatales-- presentó su solicitud de ingreso al tratado.
Esas posiciones defensivas significan que Estados Unidos no se abrirá con respecto al transporte marítimo y aéreo o en el caso de Uruguay, en la telefonía básica, importación de petróleo y refinación de combustible o suministro de agua potable.
En realidad, no debería sorprender a nadie un acuerdo que se gesta desde setiembre de 2013, cuando Uruguay manifestó su interés en participar en las negociaciones o en mayo del año pasado, cuando la Unión Europea emitió un comunicado en el que señaló que “antes del comienzo de las negociaciones del TISA, Montevideo claramente confirmó por escrito su interés”.
Incluso se refería a las declaraciones del excanciller Luis Almagro, quien destacó que “Uruguay comparte los objetivos de las negociaciones del TISA y respetará los resultados de las negociaciones obtenidas por otros participantes si se suma”.
Otra muestra de la falta de diálogo hacia la interna.