POR REMUNERACIONES Y LA 48ª SEMANA DE LA CERVEZA

Locales | 14 Abr Pasadas las 16 de ayer, los 15 ediles integrantes de las bancadas del Frente Amplio y del Partido Colorado presentaron en el Juzgado Letrado de 2º Turno un escrito sobre el supuesto pago indebido de haberes a funcionarios de confianza política de la administración departamental y las irregularidades constatadas en la administración de la 48ª Semana de la Cerveza.
El material legal fue presentado ante la Justicia con el abogado Gonzalo Graña como patrocinante, pero trabajaron también otros abogados y contadores de los dos partidos de oposición. En la carpeta presentada se adjuntaron los informes del Tribunal de Cuentas sobre el pago de haberes a los funcionarios políticos y la auditoría sobre la 48ª Semana de la Cerveza, además de los informes sobre los tres llamados a sala al Intendente (dos a Bertil Bentos y uno a Mario Bandera), a lo que se suma la información obtenida por los ediles del propio Presupuesto Quinquenal, el Estatuto del funcionario de la Intendencia Departamental de Paysandú y mediante varios pedidos de informes y la documentación solicitada a través de la Ley de acceso a la información pública, por lo que el expediente presentado junto a la denuncia fue voluminoso.
En conferencia de prensa, los ediles de los dos partidos de oposición afirmaron en una declaración que “habiendo agotado --en forma infructuosa-- las instancias legislativas previas, tendientes a esclarecer las irregularidades constatadas por el Tribunal de Cuentas de la República (…) consideramos que es en el ámbito del Poder Judicial donde se debe continuar con la investigación que determine, en su caso, los alcances de las irregularidades denunciadas”.
“Queremos manifestar a la ciudadanía que, como ediles de la Junta Departamental, en estricto cumplimiento del rol de contralor de los dineros públicos departamentales, hemos tomado esta decisión a los solos efectos de que se determinen las eventuales responsabilidades en cada caso y así transparentar el uso de los dineros públicos”, aclararon.
El edil colorado Mauricio de Benedetti dijo que “como lo anunciamos después del último llamado a sala, y al no quedar conformes con las declaraciones, y ante la persistencia de dudas, preparamos el ingreso del tema en la Justicia”, y aclaró que “el tema quedaría políticamente terminado, y quedará en manos de la Justicia”.

DENUNCIA AMPLIA
En cuanto a la reciente devolución de las horas extra generadas en la 48ª Semana de la Cerveza y cobrada en aquel momento por parte de dos directores, De Benedetti dijo que “fue una resolución del intendente Mario Bandera, sobre que si hay algo incorrecto hay que devolverla (la plata). Pero eso es una parte, la denuncia es mucho más amplia, y abarca también pagos a cargos que no fueron votados en el Presupuesto Quinquenal. Creemos que la devolución de las horas extra y la iniciación de una investigación administrativa surge de la coherencia de un intendente que piensa hacer las cosas bien, nada más. Esto debería haberse corregido hace mucho tiempo, pero a Mario Bandera le toca bailar con esto en este momento”.
Liliana Geninazza, del Frente Amplio, afirmó que “esto es una demostración clara para toda la ciudadanía que no era un circo político, que las denuncias estaban fundadas y por lo tanto en estos dos casos específicos, se devuelve el dinero, pero lo que nosotros denunciamos, si hay hecho que lo constata, es la noticia de que lo van a devolver”.

“DISTINTOS ARTILUGIOS”
Dijo luego que “el cargo que ocupa hoy el señor Sconamiglio de Descentralización, ese cargo fue expresamente no votado, requería una mayoría especial y no la obtuvo, no se votó. Sin embargo, por distintos artilugios se le está pagando por un cargo que no existe, y es un claro ejemplo de una política sistemática desde el comienzo de esta administración de pagar creo que de forma indebida --la Justicia lo dirá-- determinados haberes a determinado funcionario. Pero desde las 16.20 horas de hoy el tema está en la Justicia y será el juez, asesorándose con la Junta creada por la Ley de transparencia, que determine si las irregularidades implican o no algún tipo de delito. Eso está en manos de la Justicia”.
“No es un día en que estemos contentos, jamás hubiéramos querido llegar a esto, pero somos representantes de la ciudadanía y nos debemos a ella, y puede estar tranquila que hemos enviado toda la documentación necesaria para que el Poder Judicial actúe”, añadió.
Tomando la palabra, De Benedetti aclaró: “No es culpa nuestra que no se hayan manejado bien las cosas. Si hubo irregularidades no es culpa nuestra, como tampoco lo es haber llegado a esta instancia a pocos días de una elección. Para mandarle la información al Tribunal de Cuentas la Intendencia demoró ocho meses, y por eso el informe se demoró, si no lo hubiéramos tratado en agosto o setiembre del año pasado. Y es nuestra obligación como ediles frente a la duda, presentarlo a la Justicia. Porque en caso que la Justicia detecte una irregularidad y no lo hubiéramos denunciado, pasábamos a ser cómplices. Y se puede perdonar una mala gestión, pero no una mala administración”.

ESTATUTO DEL FUNCIONARIO
Luego recordaron que el escalafón para los funcionarios municipales se creó en 1991 y tenía como máximo de carrera el grado 12, y que en 2004, al final del gobierno de Alvaro Lamas, se generó el Estatuto del Funcionario que culminó en el siguiente período con Julio Pintos, cuando se crearon los cargos de particular confianza política, denominados grados Q: el Q13 que incluye a los 15 directores de área que prevé el Estatuto, los Q14 que son cuatro directores generales y el Q15 que es el Secretario General de la Intendencia. “Hoy la Intendencia está pagando cinco grados Q14 en vez de cuatro, y está pagando 22 grados Q13 en vez de 15”, dijo De Benedetti.