Nacionales | 19 Abr La Intendencia de Maldonado cerrará este año sus cuentas con un déficit acumulado de 65 millones de dólares, según anunció el subdirector general de Hacienda, Mauro Mendiburu. La cifra llegará a fines de 2015 a un 129% más que el déficit acumulado al 31 de diciembre de 2013, según un informe del Tribunal de Cuentas de la República (TCR).
“Es un tema que hay que atender profesionalmente con los técnicos que corresponda. A veces se dicen números y la gente no entiende, se dicen cosas que no son del todo correctas. Nuestra postura siempre es la de la seriedad y el profesionalismo. Entender y atender estos problemas como corresponde. Sin hacer alarde ni para un lado ni para el otro”, dijo Mendiburu durante una entrevista en la que acompañó al diputado Darío Pérez a la emisora local FM Gente, según recogió El País.
El subdirector agregó que tiene los números claros. “Si no hay ninguna situación particular en los próximos días, estimamos aproximadamente en 65 millones de dólares el déficit municipal, entendido técnicamente al cierre anual. Los déficits son anuales”, detalló Mendiburu, quien añadió que “en 2015, con la tendencia que hay, el déficit sería de esa cifra. Va a depender del precio en que esté el dólar”.
Asimismo, adelantó que la próxima administración entrará con cero peso en la caja, aunque descartó que sea necesario aplicar un “ajuste fiscal”.
Las declaraciones de Mendiburu causaron asombro en filas oficialistas como de la oposición. Hasta el momento, la Intendencia de Maldonado había informado que el déficit acumulado no pasaba de 30 millones de dólares. En tanto, la oposición aseguraba que el agujero de las cuentas municipales superaba los 100 millones de dólares.
Según el análisis efectuado por el Tribunal de Cuentas a la rendición del ejercicio 2013, remitida el 30 de junio pasado a la Junta Departamental, se establece un déficit acumulado muy inferior al anunciado por Mendiburu.
En tanto, el TCR estableció, luego de realizar algunos ajustes a la rendición de cuentas del gobierno departamental, un déficit acumulado de 605.500.902 pesos al 31 de diciembre de 2013. A la cotización de ese día, la cifra equivale a 28.343.439 dólares, o sea un 56,4% menor al monto manejado por Mendiburu. En términos globales, el déficit acumulado de la administración frenteamplista habrá crecido un 129% entre el 31 de diciembre de 2013 y el 31 de diciembre de 2015.
El entonces intendente Óscar de los Santos, hoy diputado del Frente Amplio, había informado al Tribunal de Cuentas que la comuna enfrentaba al 31 de diciembre de 2013 juicios en contra por 425.254.952 pesos, equivalentes en esa fecha a poco menos de 20 millones de dólares.
Por su parte, el TCR advirtió que el gobierno departamental cometió numerosas irregularidades por incumplimientos a la normativa vigente. Entre las irregularidades se encuentran los habituales gastos comenzados a ejecutarse sin la intervención previa del TCR o el caso de las multas por mora de la contribución inmobiliaria rural aplicadas por la Intendencia, que no se ajustan a la normativa.
Además, el TCR indicó que los alcaldes, por atribuciones delegadas por los respectivos municipios, ordenaron gastos hasta el límite de la compra directa, que no está previsto por las leyes.
Asimismo, la administración violó la Ley Orgánica Municipal al adquirir terrenos para regularizar asentamientos con la finalidad de ser vendidos en forma subsidiada a sus ocupantes y para implantación de programas habitacionales de interés social. Motivo por el que el TCR aclaró que debió requerir la aprobación de la Junta Departamental, no estando asimismo autorizada para convalidar la construcción de viviendas. Según el órgano de contralor, la Intendencia fernandina también concedió préstamos ilegales al financiar insumos “para la ejecución de proyectos productivos o de servicios mediante fondos provenientes de la Unidad de Proyectos Productivos de Desarrollo (Uniprode)”.
También recordó que dentro de las atribuciones de los gobiernos departamentales no se autoriza el otorgamiento de préstamos a particulares, en tanto la actividad de intermediación financiera está otorgada por ley a otras entidades.