Opinion | 20 Abr El sábado 25 de abril se realizará la “1ª Gran marcha de las comunidades en defensa del acuífero Guaraní”, con la participación de organizaciones sociales y religiosas a pie, en bicicleta o a caballo, por el centro de la ciudad de Tacuarembó para finalizar en el Anfiteatro de la plaza Rodó con una parte oratoria y recordatoria de la Reforma del Agua que, tras el plebiscito de 2004, se incorporó a la Constitución de la República.
A más de diez años de aquella singular iniciativa, que sentó un precedente histórico a través de su inclusión en la Carta Magna por medio de la democracia directa con más del 64% de adhesiones, conviene recordar que la mayoría de la población ha olvidado su existencia o simplemente desconoce sus alcances, en tanto sus mecanismos están definidos en la legislación vigente.
Uruguay se transformó, a partir de entonces, en el primer país del mundo en declarar como derecho humano fundamental el acceso al agua potable y al saneamiento, además de disponer que los servicios sean prestados exclusivamente por el Estado.
Sin embargo, la sociedad civil organizada alerta que este preciado bien se encuentra en peligro ante el avance de monocultivos diversos que amenazan la cantidad y calidad del agua en las comunidades, y recomendó al Estado que se encargue de las acciones que garanticen el derecho humano al agua.
En 2013, la Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida envió tales contribuciones al Grupo de Trabajo del Examen Periódico Universal del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, donde solicitaba “medidas tendientes a garantizar la disponibilidad de agua de calidad mediante la gestión sustentable del territorio” y reclamaba la prohibición del “uso de agrotóxicos que tengan efectos negativos sobre la calidad del agua y la salud humana en cuencas estratégicas para el abastecimiento de agua a la población”.
Solicitaba “la participación activa de los afectados por la contaminación en las decisiones relativas a la gestión y control de las cuencas hidrográficas”, la instrumentación de “canales y mecanismos claros para que la población denuncie”, además de “diseñar mecanismos de amparo, denuncia y protección de las comunidades cuyos derechos humanos se vean vulnerados por la aplicación de agrotóxicos”.
Desde hace años que las comunidades se movilizan y manifiestan su preocupación por sus entornos hidrográficos y los reconocen de alto valor. Pero en todos los casos, el actor fundamental y depositario de ese bien ha relativizado las consecuencias y a través de diversas gestiones le ha costado reconocer que sus decisiones inciden en el patrimonio natural de los pueblos.
Tampoco el sindicato del organismo OSE, que fuera impulsor de la reforma, aparece en la primera línea de defensa de un recurso sobre el que ya no se discute su privatización, sino su potabilidad y accesibilidad como derecho humano. El paso de los años ha demostrado que algunos brazos se bajan cuando se cumplen sus propios objetivos.