Opinion | 20 Abr A partir de la reforma constitucional de 1996, cuando se modificó el sistema previsional vigente en el país, que tuvo como eje la creación de las administradoras de fondos de ahorro previsionales (AFAP) y la vigencia de un sistema jubilatorio mixto, los trabajadores han ido aportando a su propia cuenta bancaria para asegurar su pasividad al término de su vida activa, a través del manejo de su dinero por estas instituciones.
Tales instituciones, por su esencia, han buscado generar rentabilidad para estos fondos, utilizando los instrumentos dispuestos por la ley que las creó, que ha sido muy restrictiva en cuanto a sus posibilidades fuera del sistema.
Pese a contar con miles de millones de dólares que podían servir para financiar determinados emprendimientos de largo aliento --como la construcción de viviendas-- que requieren retorno en un plazo extendido, la normativa ha prohibido tales incursiones y en cambio se han volcado al circuito financiero y bonos del Estado.
Las modificaciones han permitido igualmente que parte de este dinero pueda tener un uso de estas características, y en este contexto se supo en las últimas horas que el gobierno creará un fondo para financiar obras por U$S 500 millones con dinero de las AFAP.
Así, el Poder Ejecutivo y el CAF-Banco de Desarrollo de América Latina impulsan la creación de un fondo de este valor para financiar obras de infraestructura uruguaya con recursos de un organismo internacional y de las AFAP, según informó el semanario Búsqueda.
La representante de la CAF en Uruguay, Gladis Genua, indicó que el proceso para conformar un fondo de infraestructura "avanzó bastante" y que la próxima semana llegará a Montevideo una misión del organismo para seleccionar a la administradora del fideicomiso y la firma de abogados, cerrando así dos licitaciones. Tras eso, se definirán los documentos de constitución y el reglamento operativo.
"Se ha trabajado rápido porque se dieron todas las condiciones: las AFAP están interesadas, el gobierno dio mucho apoyo, el mercado de valores también se incorporó. Están los astros alineados", añadió la representante.
El objetivo del fondo de infraestructura es financiar no solamente proyectos de participación público-privada (PPP) sino también a empresas concesionarias que precisen financiamiento, iniciativas totalmente privadas o, por ejemplo, emprendimientos eólicos que quieran hacer una emisión y vender la deuda. "El fondo lo que hará es comprar deuda, por lo que cualquier proyecto que esté en el mercado y tenga una deuda puede ser susceptible de que lo apoye", explico la funcionaria de la CAF.
En ese sentido, dijo que las obras licitadas bajo el régimen de PPP para mejoras en las rutas 24 y 21 son "candidatas", y de ese modo, el financiamiento del fondo --mediante una emisión-- será una "opción" que se le ofrecerá al adjudicatario, afirmó. Según la funcionaria, la CAF se comprometió a aportar U$S 50 millones y "el resto lo integrarán las AFAP y cualquier otro inversor institucional que quiera participar. Puede ser una compañía de seguros u otro inversionista que pretenda entrar". La ventaja del fondo es que la estructuración de los proyectos se hará a través de un "gestor profesional" que le simplificará el análisis a las AFAP y ello "reduce mucho los tiempos", alegó.
Según la representante, el fondo de infraestructura estará estructurado "para mediados de año", pero para generar gastos no entrará en operaciones hasta que se identifiquen los primeros proyectos de infraestructura a financiar. En ello se trabaja con el Ministerio de Economía y con la Corporación Nacional para el Desarrollo.
Durante muchos años, los fondos de las AFAP han sido una tentación para gobiernos que han necesitado recursos por diversas circunstancias, pero en la reforma constitucional se hizo hincapié en protegerlos de determinadas “incursiones” desesperadas por fondos frescos para enjugar situaciones de déficit fiscal, por ejemplo, y por lo tanto atender urgencias del momento, en desmedro de la solvencia de las instituciones y de poner en riesgo el capital generado por el trabajo de cada afiliado.
No muy lejos en el tiempo está lo ocurrido en Argentina durante el gobierno de los Kirchner, cuando el Poder Ejecutivo se apropió de los fondos previsionales privados aduciendo que se estaban manejando mal los recursos y por lo tanto este dinero fue a dar al barril sin fondo del propio Estado, con destino incierto y dejando sin ninguna seguridad a los ahorristas.
Si bien es de recibo que en nuestro país se intente preservar a toda costa estos fondos, una cosa distinta es volcarlos a financiar --con todas las seguridades de retorno del caso-- emprendimientos que sean de particular importancia para el desarrollo del país, como la generación de infraestructura y la consecuente multiplicación de puestos de trabajo. De esta forma se hace un reaseguro para el propio trabajador, acrecentando las posibilidades de seguir en el circuito de trabajo, mejorar ingresos y por lo tanto apuntalar sus perspectivas de ingresos cuando se acoja a la pasividad.
Es decir que en lugar de mantenerse en la especulación financiera, que tiene sus complejidades y puede merecer alguna reserva, el servir para ampliar el esquema productivo y de servicios, el reciclaje de riqueza, es un destino que está en sintonía con dar instrumentos de reaseguro a los afiliados --incluyendo la multiplicación de los ahorros por una mejor rentabilidad-- y, al fin de cuentas, haciendo por la viabilidad de la economía del país, que será de beneficio general y por ende de los propios ahorristas del sistema previsional.