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Paysandú, Sábado 25 de Abril de 2015

INFORME DEL FRENTE AMPLIO

Investigadora no constató que algún funcionario grado Q haya cobrado dos remuneraciones

Locales | 18 Abr El edil Luis Lopardo realizó el informe en minoría de lo tratado en la comisión investigadora sobre los cargos Q 13 en el período 2006-2010, durante la administración del exintendente Julio Pintos. Afirmó que se le encargó a la comisión básicamente tres objetivos: la investigación de los vínculos contractuales, la retribución a los funcionarios jerárquicos municipales y la historia de los cargos Q 13 en el Presupuesto Quinquenal de aquel período. “No se constató ni se presentó prueba alguna que certifique que un funcionario grado Q haya recibido dos remuneraciones al mismo tiempo”, sostuvo.
Sobre la historia del cargo Q, “tenemos un informe firmado por el director de Administración, Heber Coello, que establece, entre otras cosas, la fijación de “la retribución básica nominal en un 20 por ciento superior a la establecida por el grado 12 del Escalafón Municipal, disposición que se considerará vigente a partir del 1º de enero del 2006”. El edil añadió que “esto fue al Tribunal de Cuentas y nunca fue observado, es decir, la creación del grado Q se hizo de acuerdo con la norma, nunca hubo ni ha habido hasta el presente observaciones del organismo de contralor, esa es la verdad histórica”.
Sobre la situación del encargado de Vialidad, Alejandro Zengotita, el edil manifestó que fue “un pase en comisión para que trabajara en la administración de Álvaro Lamas, así como también unos meses en la de Bertil Bentos; en las tres administraciones se le pagó con horas extras. Porque no se encontró otra forma, al tratarse de un funcionario en comisión, de hacer llegar su sueldo a lo que le correspondía de acuerdo con su grado. Información que, recordamos, envía el director general de Administración”.

VÍNCULOS CONTRACTUALES
Lopardo sostuvo que “se han mencionado los nombres de personas que trabajaron en la IdP en proyectos que estaban concertados con organismos internacionales y, en otros casos, proyectos que estaban vinculados al gobierno nacional, como fue, por ejemplo, el Proyecto 104, Uruguay Integra o Tres Árboles-Morató. En este último trabajó la señora Marisa Massalles, y fue un proyecto que se realizó en convenio con el Mides. Ella fue señalada, junto con otras personas, por ese ministerio, ya que fue el que trajo la lista de personas para trabajar en la IdP. Aceptamos que la señalada es hermana del intendente departamental en ese momento y a eso no lo vamos a negar porque no somos necios ni tontos, y aclaramos que su selección no fue hecha por ninguna oficina de la IdP”. Recordó que “el convenio citado establecía que los sueldos que cobrarían estas personas serían aportados por el Mides, mediante depósito mensual en una cuenta extrapresupuestal”.
El edil también señaló que hubo otros profesionales que trabajaron de igual forma en convenio firmado con la Unión Europea, y “acá hago una advertencia de los acuerdos internacionales y nacionales por los que se llevaron adelante estos proyectos: no se aportó copia a la comisión investigadora. Pero nosotros sabemos que los sueldos de los funcionarios que trabajaron en ellos fueron fijados por el organismo cooperante, no lo hizo el intendente departamental, y caen en el conjunto de dinero de partidas destinadas al pago de esos sueldos y cargas sociales”.

COMISIÓN NO TRABAJÓ BIEN
El edil frenteamplista se refirió al caso del matrimonio Ceriani-Guerra “que no vamos a decir que no fue cierto que durante cinco días el señor Ceriani era intendente y su esposa funcionaria municipal, lapso por el que debió suspenderse el contrato laboral; hubo un error y lo admitimos. Dentro de las tareas de la comisión, algunos nos tomamos el trabajo de mirar aproximadamente 1.200 liquidaciones de sueldos, correspondientes a una veintena de cargos Q durante aquel quinquenio, para ver dónde estaban los excesos y las salidas de norma, pero –salvo cuatro o cinco excepciones muy menores-- la mayoría de las remuneraciones fueron hechas de acuerdo con la norma presupuestal y el Estatuto del Funcionario Municipal. Y esto significa, a nuestro juicio, que hubo una línea de política salarial que nunca se apartó de la norma; acá están las planillas para cotejarlo”, afirmó Lopardo. Finalmente, afirmó que “la comisión, a mi juicio y de esto me hago cargo, no trabajó en la forma en que debía, tuvimos quince meses y en ese tiempo no superamos las cuatro o cinco sesiones por la voluntad política de la mayoría (bancada del Partido Nacional), que es la que tiene el quórum”.


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