Locales | 18 Abr Ediles nacionalistas brindaron una conferencia de prensa ampliando conceptos de lo actuado en la comisión investigadora de lo ocurrido con los cargos Q en la administración de Julio Pintos. Patricia Vásquez Varela dio lectura al informe aprobado por el cuerpo y reiteró: “No vamos a efectuar una denuncia penal porque no somos partidarios de la judicialización de la política. Lo que decimos es que no se debe tomar a la Junta Departamental --ámbito de discusión política-- como medio para llegar a la Justicia. Lo que sí vamos a hacer, como señalamos, será solicitar al intendente que inicie las acciones legales tendientes al cobro de los haberes percibidos indebidamente por los funcionarios señalados, porque es la Intendencia el órgano máximo del gobierno departamental”. Ello se originó “por pago de horas extra a cargos de confianza durante cinco años, cobro de sueldos simultáneos y sobre todo abultadísimos, numerosos y reales sobresueldos pagados por la administración del ex intendente Julio Pintos”.

HARÁN TRÁMITE ANTE INTENDENTE
Preguntada sobre si ya hubo algún contacto con el intendente Mario Bandera, la edila respondió que “todavía no lo hemos planteado porque esto es muy reciente, el plenario fue anoche y hoy recién nos encontramos (los ediles nacionalistas). Vamos a hacer una reunión de bancada posteriormente y solo a los efectos de materializar el trámite, únicamente para eso. Lo que sí debemos decir es que a la fecha más de 131.000 pesos mensualmente se habrían pagado --por horas extra y sobresueldo-- y eso es mucho dinero, por lo que sería bueno que la población sanducera se resarciera a través de un retorno a la Intendencia”.
La edila recalcó que “el artículo 37 del Estatuto del Funcionario Municipal establece que ‘los funcionarios a cualquier título no podrán percibir bajo ningún concepto una remuneración superior a la establecida como sueldo básico para un director de área o que ocupe un cargo Q’. Aclarando que aunque pueda estar trabajando para un organismo internacional, es contratado por la Intendencia. Así pasó con el doctor Guillermo Caraballo y lo vemos en la resolución en que se le contrató como director general y coordinador adjunto del Proyecto Paysandú Innova, firmado por el intendente Pintos, o sea que fue él quien contrató ese cargo”.

INJERENCIA DEL CONTADOR DELEGADO
En otro pasaje de la conferencia, ante una pregunta específica sobre si hubo dificultades para acceder a la información sobre la gestión del período anterior, se aseguró que “todo lo que se solicitó se logró, independientemente que se dijo que no se tenían los contratos --lo estableció así uno de los ediles integrantes de la investigadora-- y que no creía en las resoluciones de la Intendencia, a la que adjudicaba mala intención. Pero tenemos los contratos y se los podemos mostrar. O sea que tuvimos acceso a todo, contratos, planillados de pago, etcétera”.
Respecto de la denunciada injerencia del contador delegado del Tribunal de Cuentas, que se expresó en la sesión del jueves y que asegura que éste habría adelantado al exintendente frenteamplista Julio Pintos una copia del informe de la auditoría, enviándolo desde la propia Intendencia, fue confirmada por Vásquez Varela, quien solicitó al diputado Nicolás Olivera --presente en la conferencia de prensa-- que leyera en su celular el acta notarial escaneada que refiere a este hecho. El documento señala textualmente: “Expediente 0124/2011. Resolución 3732/2011, que dispuso oficiar al Tribunal de Cuentas (TCR): Visto que el día 9 de setiembre del corriente año el director general del Departamento de Administración, Heber Coello, tomó conocimiento que el contador delegado del TCR, Ramón Navarro, procedió a entregar al funcionario José Flores un sobre de correspondencia para ser entregado por la Oficina de Contaduría, el cual no estaba dirigido al señalado tribunal sino al señor Julio Pintos (intendente departamental en el período 2005-2010), conteniendo copia del informe de auditoría especial realizada por el mencionado organismo a solicitud del actual gobierno departamental” y “se adjuntan actas de declaración y comprobación labradas por el escribano Raúl Eduardo Beceiro”.