Paysandú, Domingo 26 de Abril de 2015
Nacionales | 24 Abr La Justicia decidió no hacer lugar al pedido de acceso a la información del sistema que implementará el Ministerio del Interior, en una sentencia apelada en primera instancia y confirmada.
La secretaría de Estado rechazó ante la Justicia hacer públicos los detalles de El Guardián, el sistema de vigilancia electrónica que implementará la Policía y que le permitirá realizar escuchas telefónicas y seguimiento de correos electrónicos y redes sociales.
El Centro de Archivos y Acceso a la Información Pública (Cainfo), que defendió el carácter público de la información, dado que se trata de una invasión a la intimidad de las personas, había realizado el pedido directamente al Ministerio del Interior --sin obtener respuesta-- y luego concurrió a la Justicia.
Lo que se sabe de El Guardián por vías oficiales es muy poco. La mayoría surge de la experiencia brasileña y de datos que brindaron autoridades del Ministerio del Interior cuando fueron convocadas al Parlamento en 2013.
FISCAL PIDE PRISIÓN, TRAS EXPLOSIÓN
La fiscal Patricia Lanzani pidió el procesamiento con prisión del dueño de la distribuidora de gas en Durazno donde el 20 de febrero de 2014 hubo una explosión que causó la muerte de dos trabajadores y heridas graves a otros dos, informó La Diaria.
La representante del ministerio público cree que la conducta empresarial en los hechos consiste en las figuras penales de homicidio culposo y omisión impropia, al no cumplir con las medidas de seguridad para sus empleados y clientes.
La jueza del caso, María Caamaño, dio vista del planteo fiscal a la defensa del empresario, procedimiento formal previo a que se pronuncie cuando la acción solicitada implica algún tipo de consecuencia para él o los indagados, dijeron fuentes judiciales a La Diaria.
MEDICINA CONFIRMÓ QUE NO PAGARÁPOR INTERNADO
Tras la amenaza de los estudiantes de la Facultad de Medicina de ocupar la institución y faltar a uno de los últimos exámenes de la carrera, el decano Fernando Tomasina advirtió en declaraciones a El País que hagan lo que hagan no hay presupuesto para pagar a todos los que realicen el internado, sin el cual no pueden recibirse.
“El internado es un ciclo curricular, o sea que es un curso. Como autoridad universitaria, estamos desde hace dos años trabajando para que todos los alumnos puedan realizarlo. Hay lugares para todos, pero solo 350 de los 800 van a poder cobrar”, explicó Tomasina.
La raíz del problema es que en 2008 se hizo un cambio del programa en virtud del nuevo Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) y la carrera pasó a durar, en vez de ocho, siete años. Cada año hay cupo para que 350 estudiantes hagan el internado remunerado. Pero ahora, por juntarse los del plan viejo y los del plan nuevo, son 800 los estudiantes que aspiran a ocupar los lugares.
A través de una coordinación llevada a cabo entre la Facultad de Medicina y la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE) se logró que se abran los 800 cupos para que todos los alumnos puedan hacer el internado; pero el problema es que, entre otras cosas, por ser un año de negociación presupuestal, solo hay poco más de 350 cargos pagos.
“Esos cargos rentados son mayormente de ASSE y algunos del Hospital de Clínicas. Hicimos gestiones con ASSE y el Ministerio de Salud Pública con la intención de aumentar los cargos pagos, pero al estar en un año de elaboración presupuestal esto no se puede hacer”, precisó Tomasina.
Por el internado se paga unos 14.000 pesos mensuales. El curso dura un año, así que cumplir con lo que reclaman los estudiantes de que todos los cargos sean remunerados implica 134.400.000 de pesos, de los cuales faltan 75.600.000. La Facultad de Medicina, según Tomasina, no tiene dinero para pagar esto. Fuentes de ASSE se pronunciaron de la misma forma: no hay plata para pagarle a estos alumnos.
La Facultad, sin embargo, según el decano, está dispuesta a que aquellos estudiantes a los que no se les pague por el internado y que por problemas familiares o por tener un trabajo en la zona metropolitana no puedan hacer el curso en el interior, ubicarlos en centros de la capital, Canelones o San José.
La propuesta no es aceptada por los alumnos que ya advirtieron que ocuparán el centro y se negarán a hacer, el próximo 16 de mayo, el último examen antes del internado. “Vamos a tomar medidas drásticas, sin los internados hay muchas emergencias que se van a quedar sin personal”, dijo a El País desde la Asociación de Estudiantes de Medicina, el sector de la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay (FEUU), Estefanía Galli.
La agrupación de estudiantes Independientes de la Facultad, en tanto, advirtió en un comunicado que “el internado es un trabajo y debe estar presupuestado en todos los casos”.
FUNCIONARIOS DE LA CORTE FIRMARON PREACUERDO
El conflicto en la Corte Electoral que amenazaba el normal desarrollo de las próximas elecciones departamentales fue levantado en la víspera, tras firmarse un acta de preacuerdo entre la Asociación de Funcionarios Electorales del Uruguay (AFEU) y representantes de la Corte Electoral.
El conflicto se originó por la renovación del sistema de retribuciones en la Corte Electoral. Sobre este tema, la Corte Electoral anunció su coincidencia con el establecimiento de un nuevo sistema retributivo que incorpore un complemento a la compensación de permanencia a la orden, y su disposición a negociar la concreción y reglamentación del mismo con el sindicato de funcionarios.
Las partes también acordaron la creación de un ámbito tripartito de negociación en el Ministerio de Trabajo respecto a este tema, que en principio comenzaría a funcionar el 28 de abril y no podría extenderse más allá del 30 de mayo.
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