Locales | 25 Abr El fiscal de Corte Jorge Díaz visitó la nueva sede de la Fiscalía Departamental en Paysandú, un local que -destacó- se adapta a los nuevos requerimientos que tendrá la función en el marco el nuevo Código del Proceso Penal que entrará en vigencia en 2017. Además del local, “hemos hecho una inversión importante en mobiliario, equipo informático y demás, y queríamos ver cómo había quedado instalada la fiscalía; dimos un salto cualitativo importante”, señaló.
En la ocasión, destacó que la fiscalía de Paysandú ha tenido un crecimiento “sustantivo” en los últimos tres años en la cantidad de fiscales. “Pasamos de tener tres fiscales titulares y dos adscriptos a tres fiscales titulares y seis adscriptos en Paysandú, o sea que triplicamos el número de adscriptos. A partir de este año y de la implementación del nuevo Código Aduanero, habrá siete adscriptos. O sea que el departamento de Paysandú va a tener diez fiscales trabajando”, una cantidad que el jerarca consideró suficiente por ahora para atender las necesidades de la dependencia, gracias a la puesta en funcionamiento del nuevo sistema informático.
Díaz se manifestó además satisfecho con respecto al trabajo que están haciendo los nuevos fiscales que ingresaron en el último año mediante la mecánica del concurso. “Es un mecanismo de transparencia, cristalino y que además permite colectar los mejores recursos humanos. Tuvimos dos concursos de ingreso, en el primero se presentaron 726 abogados y lo salvaron 81 personas; las 81 hoy están trabajando en el Ministerio Público, y realmente estamos gratamente satisfechos en cuando al rendimiento de estos funcionarios, al compromiso y a la capacidad”, señaló.
Por otra parte, el fiscal de corte adelantó que de la nueva tanda de ingresos la gran mayoría se va a destinar a los departamentos del Interior.
“Se hizo un segundo concurso, porque el orden de prelación se agotó. Se presentaron casi 400 personas y en realidad lo salvaron 60; de los primeros nueve ya estamos pidiendo al Senado de la República la venia para su designación. En este caso, además, es importante que hemos priorizado el Interior del país, porque más del 85% de estos recursos humanos han sido destinados al interior. Hemos reforzado, así como en Paysandú, en otros departamentos el plantel de fiscales para poder estar en una mejor condición”, indicó el doctor Díaz.

INFORMES
El fiscal de Corte hizo referencia en Paysandú a los informes técnicos, no vinculantes, que realizó para la Suprema Corte de Justicia respecto a dos leyes sobre las cuales se han planteado numerosos recursos de inconstitucionalidad.
Con respecto a la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, popularmente denominada como “ley de medios”, Díaz se excusó de hacer comentarios debido a que ya había rechazado entrevistas sobre el tema a los medios de la capital del país y entendió que no correspondía hacer una excepción.
Sí, en cambio, se permitió aludir al informe acerca de la ley de Responsabilidad Penal Empresarial, cuya constitucionalidad respaldó en el informe correspondiente.
“Hace pocos días hemos emitido un dictamen, el primer dictamen en el cual nosotros nos pronunciamos sobre el fondo de la ley, sobre el delito creado por el artículo primero de la ley de responsabilidad penal empresarial, y hemos entendido que no vulnera la Constitución de la República, como planteaban los impungnantes”, indicó.
El fiscal de Corte recordó que “había una discusión sobre si se trataba de una norma penal en blanco o no, esa era la discusión sustantiva, nosotros hacemos ahí la distinción de qué es una norma penal y qué es una norma abierta y llegamos a la conclusión que es una norma penal en blanco. Pero la propia Suprema Corte de Justicia (SCJ) uruguaya, el Tribunal Constitucional español y otros tribunales constitucionales del mundo han entendido que si las normas penales en blanco cumplen con determinados requisitos que den la certeza necesaria, superan el escrutinio de constitucionalidad, y ese ha sido el criterio que nosotros hemos sostenido en esta oportunidad”.
De todos modos, Díaz insistió en que se trata “de un dictamen técnico, no vinculante, de asesoramiento a la SCJ, que decidirá en definitiva. Nosotros pensamos que en nuestro dictamen hemos seguido la jurisprudencia anterior de la corte; uno pensaría que ella no va a cambiar, pero obviamente eso es resorte de la corporación y a lo que decida la corte estaremos todos los ciudadanos del país, en definitiva”.

CONFLICTO
Díaz señaló que dentro de los conflictos que están afrontando los servicios de justicia de nuestro país, el Ministerio Público está en una situación de funcionamiento pleno.
“En lo que concierne al Ministerio Público (MP), nosotros tenemos una situación de absoluta normalidad. Somos conscientes de que existen problemas, algunas situaciones de conflicto. Hay un conflicto, no vamos a negarlo, pero en el funcionamiento del MP hubo distorsiones el año pasado, distorsiones menores y en un plazo de dos meses más o menos, luego se regularizó y hasta ahora está funcionando normalmente. Si repercute en el sistema de administración de justicia el conflicto que están llevando adelante los señores actuarios del Poder Judicial, sobre eso no me corresponde a mí pronunciarme, sino a la SCJ. En el caso de las fiscalías, estamos trabajando normalmente”.

CONTACTOS
Díaz aprovecha sus visitas a las diferentes sedes para entrevistarse también “con el Colegio de Abogados, con la Jefatura de Policía, con los fiscales, con los funcionarios y con algún ciudadano si tiene alguna inquietud que plantearnos también, con mucho gusto. Así, como jerarca del servicio, puedo estar informado de cuál es el estado de situación de primera mano, que siempre es mejor.
Tener la oportunidad de tener un momento de intercambio con los distintos operadores del sistema y con la sociedad civil, permite que a la hora de tomar decisiones no sea un número frío en el papel, sino que uno tenga conocimiento además de la situación, sobre todo de los fiscales y los funcionarios, porque son quienes en definitiva día a día llevan adelante la tarea”.
De estos contactos mantenidos con los operadores sanduceros el fiscal destacó el “muy buen relacionamiento” que mantiene.